El reloj corre para miles de autónomos y pequeños negocios que adquirieron turismos y vehículos comerciales de hasta seis toneladas (furgonetas, camionetas, camiones ligeros…) entre 2006 y 2013. El conocido como cártel de coches –los 21 fabricantes más conocidos–, sancionado en 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), infló los precios de venta durante esos años. Ahora, el plazo para reclamar una indemnización termina, para la mayoría de las marcas, en primavera de 2026.
Los tribunales ya reconocen compensaciones de entre un 6% y un 12% del valor del vehículo, con una media de 1.200 euros por caso. Pero lo cierto es que, hasta ahora, solo una pequeña parte de los autónomos afectados ha dado el paso de recuperar lo que es suyo, porque pagaron de más por la furgoneta o el turismo con el que trabajan
En España hubo alrededor de 9,7 millones de afectados, de los que más de un millón corresponden a autónomos y pequeñas empresas, según cálculos de la legaltech Cartel.es. La magnitud del fraude es notable, ya que se estima que fueron cobrados indebidamente más de 27.000 millones de euros.
- El sobrecoste pagado por los autónomos al adquirir su vehículo impactó directamente en la cuenta de resultados
- El plazo para reclamar vence en 2026 y cada marca tiene su fecha límite
- El porcentaje de autónomos que ha reclamado es muy reducido
- La acción colectiva aumenta la eficacia y refuerza a los reclamantes frente a los fabricantes
El sobrecoste pagado por los autónomos al adquirir su vehículo impactó directamente en la cuenta de resultados
En muchos casos se trata de furgonetas y vehículos que resultaron esenciales para el desempeño de actividades de reparto, logística, servicios comerciales o de reparaciones. De modo que el sobrecoste impactó directamente en la rentabilidad de los negocios.
A diferencia del cártel de camiones, cuyo plazo de reclamación ya se cerró, el de coches y vehículos comerciales aún permite a los afectados iniciar procesos. En el caso de los grandes camiones, sancionados en 2016 y 2017 por la Comisión Europea, se calcula que en España hubo más de 200.000 vehículos matriculados en los años afectados, con indemnizaciones medias de entre 20.000 y 30.000 euros por vehículo.
Esa experiencia, que ya ha dejado un rastro de miles de sentencias favorables, sirve de precedente para los autónomos que hoy dudan si reclamar por sus coches o furgonetas de trabajo.
El plazo para reclamar vence en 2026 y cada marca tiene su fecha límite
La jurisprudencia consolidada tras el cártel de camiones es uno de los motivos por los que las asociaciones y plataformas animan a actuar con rapidez. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fijó en cinco años el plazo de prescripción desde la firmeza de las sanciones, lo que en la práctica establece distintas fechas límite por marca entre abril y diciembre de 2026. Esperar más allá de esos plazos puede suponer la pérdida definitiva del derecho a indemnización.
Existen diferentes fechas límite, según cada marca:
- Volkswagen, SEAT, Audi, Skoda, Porsche, Peugeot, Citroën y Chevrolet: 20 de abril de 2026.
- Renault-Dacia y Volvo: 6 de mayo de 2026.
- Ford, Chrysler, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Lancia: 13 de mayo de 2026.
- Hyundai: 17 de mayo de 2026.
- Mazda: 19 de mayo de 2026.
- BMW y MINI: 31 de mayo de 2026.
- Kia y Mitsubishi: 2 de junio de 2026.
- Nissan: 7 de junio de 2026.
- Honda: 17 de septiembre de 2026.
- Mercedes-Benz y Smart: 27 a 29 de septiembre de 2026.
- Opel: 5 de octubre de 2026.
- Toyota y Lexus: 1 de diciembre de 2026.
El porcentaje de autónomos que ha reclamado es muy reducido
Pese a que los jueces están dando la razón a los afectados, el porcentaje de autónomos que ha reclamado es muy reducido. John Coxhead, cofundador y director de Estrategia de Cartel.es, lo atribuye, en declaraciones a este diario, a una combinación de factores culturales y prácticos. “En España hay menos tradición de presentar reclamaciones contra grandes empresas, incluso cuando han abusado de su posición. Muchos autónomos simplemente no tienen ni el tiempo ni los recursos: su prioridad es sacar adelante su negocio y dan por hecho que el proceso será largo o complicado”.
Esa falta de acción tiene consecuencias directas. Las marcas implicadas han evitado hasta ahora un impacto proporcional al fraude cometido gracias a la inacción de millones de compradores. A ojos de expertos en derecho de la competencia, este es uno de los casos más significativos de lo que se ha denominado “justicia dormida” en Europa: los tribunales fallan a favor de los consumidores, pero el volumen de afectados que no reclama hace que los beneficios obtenidos por las prácticas ilícitas no se reviertan de forma efectiva.
La complejidad y la lentitud del sistema judicial español también contribuyen a esa falta de participación. La percepción de procesos largos y la burocracia asociada hacen que muchos autónomos se resignen. Aun así, los precedentes demuestran que la acción colectiva ha resultado clave para agilizar miles de procedimientos y aumentar la presión sobre los fabricantes.
Coxhead sostiene que agrupar las demandas por fabricante aporta una ventaja clara para los reclamantes. “Al moverse miles de casos al mismo tiempo, se genera mayor presión institucional y mediática, lo que contribuye a acelerar resoluciones favorables”, afirma. Aunque cada reclamación se presenta de manera individual, la coordinación en masa evita la saturación de los juzgados y refuerza la posición de los afectados frente a compañías con grandes equipos legales.
La acción colectiva aumenta la eficacia y refuerza a los reclamantes frente a los fabricantes
El contexto europeo ha favorecido la proliferación de este tipo de demandas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó en 2015 a 21 fabricantes por coordinar sus estrategias comerciales e intercambiar información sensible, lo que supuso un sobreprecio en la venta de turismos y furgonetas durante siete años. Aunque las sanciones administrativas marcaron un precedente, fueron los tribunales los que empezaron a reconocer las indemnizaciones a partir de 2021, en línea con la doctrina fijada por el TJUE.
La indemnización media reconocida por los jueces es de unos 1.200 euros, pero en función del valor del vehículo puede oscilar entre el 5% y el 13% del precio de compra. Para un autónomo que adquirió varias furgonetas en los años afectados, la compensación puede alcanzar varios miles de euros. “Para un autónomo que adquirió varias furgonetas en los años afectados, la compensación puede alcanzar varios miles de euros”, señaló John Coxhead. Quien concluyó que se trata “de devoluciones que representan una oportunidad directa para mejorar la liquidez de muchos pequeños negocios”.
El contraste con el cártel de camiones refuerza el argumento. En aquel caso, el impacto económico por vehículo fue mucho mayor debido al valor de los camiones, con medias de 20.000 a 30.000 euros por unidad. En el sector del transporte por carretera, miles de autónomos aprovecharon el plazo para reclamar y hoy ya han obtenido sentencias favorables en todas las instancias, incluido el Tribunal Supremo. Esa experiencia debería servir de guía a quienes todavía dudan en el caso de coches y furgonetas.
