- Un coste desorbitado para los pequeños negocios del textil, sin beneficios ambientales claros
- La visión de Humana y los gestores sociales
- El impacto en el día a día de los autónomos
- Un marco más duro que en otros países europeos
La nueva regulación sobre gestión de residuos textiles del Gobierno amenaza la supervivencia de miles de micropymes en España. Según un informe de CEPYME, más de 11.000 pequeñas empresas del sector podrían desaparecer si se aprueba el proyecto de Real Decreto en su redacción actual, con la pérdida de hasta 21.000 empleos directos y 17.000 indirectos. Un golpe que se sentiría sobre todo en el comercio minorista, donde predominan los autónomos y los negocios familiares.
El documento alerta de que los fabricantes e importadores de ropa tendrán que pagar un sistema común para recoger y reciclar las prendas usadas, conocido como SCRAP (por sus siglas Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor). Ese sistema costará mucho más dinero en pocos años: de 48,5 millones hoy a más de 134 millones en 2030. Para un pequeño negocio, eso significa más costes, difíciles de asumir.
La regulación forma parte de la estrategia europea de economía circular, pero CEPYME advierte de que España plantea requisitos más estrictos que otros Estados miembros. Entre ellos, la obligación de reservar espacio para la venta de segunda mano en tiendas de más de 400 metros cuadrados y unas metas de recogida separada de residuos textiles que fijan un 50% en 2030 y un 70% en 2035. El problema, subraya la patronal, es que no se ofrecen mecanismos de apoyo para cumplir esos objetivos.
La consecuencia sería una pérdida de competitividad frente a otros países europeos y frente a las grandes plataformas internacionales de moda ultrarrápida. El informe advierte del riesgo de desindustrialización en un sector que en 2023 representó el 2,9% del PIB y aportó 23.400 millones de euros en valor añadido bruto, con cerca de 55.000 empresas activas en toda la cadena de valor.
Un coste desorbitado para los pequeños negocios del textil, sin beneficios ambientales claros
Además de los efectos económicos, la patronal de la pequeña y mediana empresa critica la falta de avances ambientales en el texto normativo. El informe destaca que buena parte del esfuerzo financiero se destinaría a la llamada fracción gris del residuo textil, que representa el 88% del total con 792.000 toneladas anuales. Actualmente no existen soluciones técnicas viables para reciclar esa fracción, por lo que la inversión no se traduciría en mejoras reales de circularidad.
El coste por tonelada gestionada superaría los 400 euros, frente a los 250 euros que se consideran referencia hoy. La patronal denuncia que este encarecimiento no se acompaña de un impulso suficiente a las infraestructuras de reutilización ni a los centros de reciclaje avanzado. En la práctica, el gasto se desviaría a sostener procesos sin resultados tangibles, mientras se frena la innovación.
La carga administrativa también preocupa a las micropymes del sector. El proyecto introduce nuevas obligaciones de registro, reportes anuales, trazabilidad y requisitos de espacio en tienda que multiplicarían por 10 los costes burocráticos previstos por el propio Gobierno. Se trata de exigencias que afectan especialmente a los autónomos y pequeños negocios, que no cuentan con departamentos jurídicos ni técnicos para asumir esas tareas adicionales.
Según Cepyme, el riesgo es que los recursos que deberían destinarse a proyectos sostenibles acaben absorbidos por papeleo. Esto dejaría a las pymes con menos capacidad para invertir en soluciones de futuro, justo cuando Europa impulsa la transición hacia una economía circular.
La visión de Humana y los gestores sociales
No solo CEPYME ha mostrado su preocupación. Humana Fundación Pueblo para Pueblo, entidad con casi 40 años de experiencia en reutilización textil, también alerta de que el borrador del decreto pone en riesgo la sostenibilidad del sector. La organización denuncia que se introduce la figura del “operador de reutilización” sin definición clara, sin control público ni trazabilidad, lo que podría abrir la puerta a prácticas opacas y desplazar a gestores autorizados.
Humana también subraya que el texto otorga excesiva discrecionalidad a fabricantes e importadores. Serían ellos quienes decidan qué residuos se recogen y cómo se destinan, debilitando el papel de los actores que llevan décadas gestionando el textil usado con fines sociales y ambientales. A juicio de la entidad, se trata de un enfoque incoherente que penaliza a quienes han construido un sistema de economía circular desde el terreno.
Otra crítica es la omisión de la reutilización internacional. Buena parte de las prendas recogidas en España tienen como destino mercados en otros países, lo que prolonga su vida útil y cumple con la jerarquía europea de gestión de residuos. Sin embargo, el decreto no contempla esta opción, contradiciendo el marco comunitario y restando competitividad a las organizaciones españolas.
Para Humana, la norma no solo genera inseguridad jurídica, sino que ignora la contribución del sector a la cohesión social. Los recursos obtenidos de la ropa usada financian programas de cooperación y empleo inclusivo. Si el modelo actual se quiebra, se perderá un tejido de valor social difícil de reemplazar.
El impacto en el día a día de los autónomos
Más allá de los informes y análisis, la normativa tiene un rostro concreto: el de los autónomos que sostienen tiendas de segunda mano y moda sostenible. María Gómez, propietaria de Círculo Textil, una pequeña tienda de moda sostenible en Valladolid, lo resumió con claridad a este diario: “Nos piden hacer frente a unos costes desorbitados sin ofrecernos herramientas reales para adaptarnos. Mi tienda apenas sobrevive después de la pandemia, y tener que destinar más recursos a trámites que a clientes pone en riesgo nuestra continuidad”.
Su caso no es aislado. En toda España, pequeñas tiendas y talleres dependen del flujo de ropa usada para mantener abiertas sus persianas. “No estamos en contra de cuidar el medioambiente, al contrario: llevamos años reutilizando y reparando prendas para alargar su vida útil. Pero con este modelo, en lugar de impulsar la sostenibilidad, lo que harán es que cierren cientos de negocios como el mío”, criticó esta autónoma.
Estos testimonios reflejan lo que CEPYME recoge en cifras: el 15% del sector textil, compuesto mayoritariamente por microempresas, podría desaparecer bajo el nuevo marco regulatorio. La sobrerregulación, unida al aumento de costes, amenaza a un ecosistema de emprendedores que ha hecho de la economía circular su forma de subsistencia y diferenciación frente a las grandes cadenas.
La preocupación se extiende también a los autónomos del transporte y la logística vinculados a la recogida de residuos textiles. Muchos de ellos operan con contratos locales y recursos propios. El incremento de costes y la falta de definición sobre el papel de los operadores autorizados les deja en una situación de incertidumbre que compromete su continuidad.
Un marco más duro que en otros países europeos
Otro de los puntos subrayados por el informe es la falta de alineación con la normativa europea. Mientras otros Estados miembros han fijado objetivos de recogida textil más graduales y con apoyo a la industria, España plantea un calendario poco realista. CEPYME considera que esto no solo pondrá en apuros a miles de negocios locales, sino que proyectará la imagen de un país incapaz de cumplir su propia normativa.
El informe advierte que las metas planteadas no tienen en cuenta la capacidad real de la industria para adaptarse ni la falta de infraestructuras de reciclaje textil. De mantenerse tal como está redactado, el decreto no se convertiría en una herramienta eficaz de economía circular, sino en un marco que transfiere costes económicos y administrativos al tejido productivo.
Reconoce que la Responsabilidad Ampliada del Productor es una obligación europea y que el sector ya ha dado pasos para crear sistemas colectivos. Sin embargo, insiste en que su eficacia dependerá de cómo se orienten los fondos y de que el marco normativo incentive la inversión en tecnologías de reciclaje químico y mecánico, proyectos de I+D+i y generación de empleo verde.
