Miguel Ángel Marchena, reconocido experto en Derecho Concursal, nos acompaña en este episodio para profundizar en las últimas novedades legislativas y cómo estas afectan al tejido empresarial español. «La ley concursal sigue siendo una herramienta crucial para gestionar la insolvencia», explica Marchena, quien destaca la importancia de comprender los mecanismos de reestructuración disponibles, especialmente para microempresas y pymes.
Uno de los temas más destacados del episodio es cómo estas reformas legales se relacionan con los autónomos afectados por la DANA en Valencia. Según Marchena, «las medidas urgentes han ayudado a postergar la presentación de concursos, lo que otorga tiempo a los negocios para buscar soluciones viables».
Alternativas a los concursos de acreedores
El experto detalla la importancia de explorar planes de reestructuración antes de recurrir a los concursos de acreedores. Estos planes permiten a las empresas negociar con sus acreedores para reducir deudas y evitar procesos más complejos. «El diálogo y la presentación de un proyecto firme de negocio son esenciales para obtener el respaldo necesario», señala Marchena.
Para los autónomos, estas herramientas son especialmente relevantes en un contexto económico incierto. Marchena enfatiza que «la falta de asesoramiento especializado puede llevar a muchas microempresas a situaciones críticas». Por ello, destaca la necesidad de promover formaciones específicas y una mayor concienciación en torno a estas opciones legales.
Innovación en la mediación empresarial
Durante la entrevista, Marchena presenta en exclusiva la nueva plataforma de mediación que Adara Legal lanzará próximamente. Esta herramienta busca facilitar la resolución de conflictos mediante métodos alternativos como la mediación y la conciliación. «La ley orgánica 1/2025 introduce el requisito de procedibilidad, lo que significa que las partes deben intentar un acuerdo antes de acudir a juicio», explica.
La plataforma permitirá a profesionales y empresas conectarse para buscar soluciones consensuadas, aportando mayor transparencia y eficiencia a los procesos legales. «Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y proporcionar herramientas prácticas para que las empresas puedan superar sus conflictos de forma efectiva», concluye.
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