- La nueva accesibilidad digital afecta al comercio electrónico y otros servicios
- Las multas pueden llegar al millón de euros y las inspecciones iniciarse de oficio
- La exención de las microempresas la fija la propia Unión Europa
- El ‘efecto dominó’ para los autónomos proveedores
- Cómo hacer una primera revisión de accesibilidad sin coste
Transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley 11/2023 de Accesibilidad Digital, la proliferación de mensajes de agencias y consultorías advirtiendo de inspecciones inminentes de las tiendas online ha generado mucha confusión entre los autónomos y los pequeños negocios.
Buscando aprovecharse de la urgencia, estas campañas alertan a los autónomos de multas de hasta 30.000 euros. Sin embargo, la ley exime a la mayoría de los emprendedores de estas obligaciones; y la propia UE y organismos como la Asociación Internacional de Profesionales de la Accesibilidad (IAAP) han advertido contra la contratación de “soluciones milagro”, sobre todo en forma de plugins.
La paradoja es que, aunque la norma deja fuera a buena parte de estos pequeños negocios, muchos autónomos pueden acabar teniendo que cumplirla igualmente para seguir vendiendo. Las grandes empresas y plataformas de comercio electrónico (como Amazon, eBay o Zalando), que sí están obligadas y se exponen a sanciones, están trasladando estas exigencias a sus proveedores; incluso cuando son autónomos o microempresas legalmente exentos.
La nueva accesibilidad digital afecta al comercio electrónico y otros servicios
En concreto, en julio ha concluido el primer año de implantación de esta norma, que transpone la llamada Acta Europea de Accesibilidad (Directiva Europea 2019/882); una ley que obliga por primera vez al sector privado a garantizar que sus productos y servicios digitales sean accesibles para personas con discapacidad.
La norma entró en vigor el 28 de junio de 2025 y abarca a aquellas empresas que ofrecen determinados productos o servicios digitales al consumidor final, incluyendo el comercio electrónico, la banca digital, el transporte de viajeros, las telecomunicaciones y las plataformas audiovisuales.
De tal forma que las páginas web y aplicaciones afectadas deben adaptarse a los estándares WCAG 2.1 nivel AA, nombre que corresponde a los criterios establecidos para garantizar la usabilidad en el caso de personas con discapacidad visual, auditiva, motora o cognitiva.
Las multas pueden llegar al millón de euros y las inspecciones iniciarse de oficio
Es cierto que el régimen sancionador contempla multas de hasta 30.000 euros para las infracciones clasificadas como leves, que incluyen los defectos administrativos menores, como errores en la declaración de accesibilidad o problemas de etiquetado.
A las que se suman las sanciones graves, de hasta 90.000 euros, y las muy graves, reservadas para “incumplimientos sistemáticos con impacto demostrable”, que alcanzan el millón de euros. Pero, a pesar de la advertencia de esos correos comerciales, no afectan a todos los negocios por igual.
Por otro lado, la Ley de Accesibilidad Digital establece que las comunidades autónomas son las encargadas de designar sus propias autoridades de vigilancia del mercado en materia de accesibilidad. A nivel estatal, la coordinación recae sobre la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación (UTAC), adscrita a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este organismo está en funcionamiento desde el pasado febrero y coordina a las autoridades de vigilancia autonómicas bajo un modelo proactivo; es decir, no es necesaria una denuncia previa para que se inicien esas inspecciones de oficio.
La exención de las microempresas la fija la propia Unión Europa
La Ley de Accesibilidad Digital establece expresamente que las microempresas prestadoras de servicios quedan exentas de cumplir estos requisitos. Esto es, todos los negocios con menos de 10 empleados y una facturación anual inferior a 2 millones de euros.
Por tanto, la tienda online de un autónomo, una pequeña empresa familiar o un comercio con presencia digital quedan, en principio, fuera de las obligaciones de la norma.
Y es que conviene matizar que, en el caso de los negocios que hayan recibido financiación pública destinada a su digitalización, como es el Kit Digital, su web debe cumplir los criterios básicos de accesibilidad que ya estaban contemplados en las bases reguladoras de la subvención.
Es decir, aunque el autónomo beneficiario mantenga su exención legal como microempresa, sigue vigente la responsabilidad de tener una página accesible, aunque en un primer momento esta recae sobre el agente digitalizador que la creó. Pues es quien tuvo que garantizar la conformidad técnica.
El ‘efecto dominó’ para los autónomos proveedores
Si bien la ley de accesibilidad no obliga directamente a la mayoría de autónomos, esto no significa que el asunto resulte ajeno a su operativa. No en vano, la propia norma establece que la responsabilidad de su cumplimiento recae sobre todos los agentes de la cadena de suministro, lo que incluye tanto fabricantes como representantes, importadores o distribuidores.
De hecho, y ante el riesgo de recibir sanciones propias, las grandes empresas y plataformas de comercio electrónico están trasladando las exigencias de accesibilidad a sus proveedores, aunque estos sean microempresas que estén exentas.
Así, en el ámbito B2B, las grandes corporaciones pueden incluir cláusulas de conformidad en sus condiciones de proveedor que exijan a los subcontratistas acreditar el cumplimiento de los estándares de accesibilidad para seguir operando dentro de sus plataformas.
Esto no hace sino generar una presión contractual que desciende por la cadena hacia los eslabones más pequeños, algo que precisamente buscaba evitar la UE con esta legislación.
Por ejemplo, un autónomo que venda a través de un marketplace con su propia página o preste servicios de desarrollo web para una empresa que sí esté obligada puede encontrarse con que la accesibilidad es un requisito, aunque la ley no le obligue directamente.
Cómo hacer una primera revisión de accesibilidad sin coste
Para los profesionales que quieran conocer el estado real de su web existen algunas aplicaciones gratuitas que permiten realizar un diagnóstico inicial por su cuenta, como las extensiones para navegador WAVE (ofrecida por WebAIM) o Axe DevTools, que detectan errores de accesibilidad señalándolos sobre la página y ofrecen explicaciones para perfiles no técnicos. O las herramientas de desarrollador integradas directamente en Chrome y Firefox.
Si bien ninguna opción automática es capaz de detectar la totalidad de los problemas –los expertos estiman que identifican entre el 30% y el 50% del total de barreras–, sí permiten localizar los fallos más habituales.
Algunos de los cuales son la ausencia de texto alternativo en imágenes, un contraste insuficiente entre el texto y color del fondo, no emplear formularios con etiquetas correctas o usar una jerarquía de encabezados deficiente.
