Recientemente, la Comisión Europea (CE) aprobó recientemente la ampliación del plazo para la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital para registrar los fitosanitarios y otros datos de la producción de las explotaciones agrarias. Esta medida debía entrar en vigor para los agricultores y autónomos del campo el próximo 1 de enero de 2026, pero la CE ha retrasado su entrada en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2027, tras las protestas de los agricultores.
Ahora que la UE ha autorizado a los Estados miembros para que dilaten la puesta en marcha de la medida, y en España ya se había implementado un primer período de voluntariedad en su uso en determinados supuestos con el Real Decreto 34/2025, el Gobierno deberá tramitar los cambios normativos necesarios si decide retrasar su implementación, de la que podrían beneficiarse cerca de 600.000 expedientes de la Política Agraria Común, según datos aportados por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).
Según explicó a este medio José María Castilla, director de la oficina de Asaja ante la UE, “la aprobación es para la posibilidad de que cada Estado miembro lo retrase. Ahora es voluntad de cada uno de ellos si quiere o no retrasarlo”.
- El Gobierno deberá decidir si retrasa la implementación del cuaderno digital de fitosanitarios
- Implementar el cuaderno digital en un sector envejecido y sin conexión a Internet
El Gobierno deberá decidir si retrasa la implementación del cuaderno digital de fitosanitarios
El cambio de la CE se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 y permitirá a los Estados miembros posponer la obligación del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027.
Un avance que, según explicó Castilla, se debe al intenso trabajo de “representación y presión” que el sector ha llevado a cabo dentro de Copa-Cocega a través de asociaciones como Asaja. “Somos optimistas con respecto a que el Gobierno de España modifique el Real Decreto para retrasar su implantación. También esperamos una transición lo suficientemente longeva como para que se den las condiciones necesarias para su puesta en marcha”.
El cambio, que hace unos meses fue rechazado por la comisión por ser “poco factible”, se ha producido finalmente con la introducción de una cláusula de flexibilidad para proporcionar seguridad jurídica al sector del campo.
Esta dota de margen de adaptación a los agricultores profesionales dentro de todo el territorio de la Unión Europea para poder transitar la implementación del cuaderno, que llegará finalmente aunque más tarde, dentro de un sector que en España se encuentra ampliamente envejecido.
Ahora, el Gobierno de España tendrá que decidir si realiza las modificaciones normativas necesarias para establecer la prórroga de su implementación obligatoria.
Implementar el cuaderno digital en un sector envejecido y sin conexión a Internet
La obligación de controlar y notificar el uso de fitosanitarios en la explotación agraria ya forma parte del día a día de los agricultores. Como aclaró Castilla, el registro ya se realiza porque es obligatorio, pero la medida busca su volcado digital a través del cuaderno.
“Ya tenemos un control muy grande por parte de la Administración para cumplir con los fitosanitarios. [El cuaderno] es una obligación administrativa más añadida. Tal y como está planteado es un exceso de burocracia y de fiscalización. Con una transición, con ayudas para su implantación y generando valor añadido, puede ser algo bueno para el sector. Pero no de esta manera”.
Asimismo, la información que deberán trasladar al cuaderno incluye datos generales del cultivo en cada parcela agrícola, como el nivel de producción, los fertilizantes y su fecha de aplicación, las fechas de riego, o la cosecha comercializada, también con la fecha en que se produjo.
Las dificultades en la implementación de esta obligación se encuentran en la edad media avanzada que presentan las explotaciones y las complicaciones para su utilización en entornos rurales, donde no suele contarse con conexión a Internet o ésta no resulta óptima. Según la asociación SOS Rural, que defiende la necesidad de relevo generacional en el sector, la edad media de los agricultores españoles es de 62 años y el 70% del sector es mayor de 56.
El representante de Asaja señaló que, en el primer caso, van a ser necesarias acciones de formación y asesoramiento, para poder ayudar a la transición hacia su uso en el caso de los agricultores de más avanzada edad. Quienes no cuentan con las competencias digitales necesarias.
“No todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad”.
Además, el sector considera que implantar esta nueva obligación podría conllevar nuevas cargas administrativas para agricultores y productores, y costes añadidos derivados de acceder a los recursos necesarios para poder instaurar la medida.
“No estamos en contra de la digitalización. Lo que queremos es que haya una transición. Que haya Internet en todas partes y que haya un servicio de asesoramiento, de formación y para implementar los equipos o tecnología necesarios. Y cuando las condiciones sean las adecuadas, que entonces se haga. No penalizando, sino incentivando. De hecho, pedimos que se retrase cinco años”.
Para Asaja, este paso “tan importante” que ha dado la CE reduce la incertidumbre en el sector, pero debe ir seguida del desarrollo reglamentario que también permita eliminar las cargas administrativas que resulten “demasiado complejas e inasumibles” para las explotaciones.
El sector tiene claro que no está a punto para hacer frente a esta obligación, y reclaman que si no es posible una transición a largo plazo que permita equipar a agricultores y explotaciones con los recursos necesarios, que no se ponga en práctica la nueva obligación.
