Que a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas españolas les preocupe el exceso de regulación y de normativa europeas no es ninguna rareza. En realidad, lo que en España denuncian, por activa y por pasiva, organizaciones que representan a los negocios, como la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), CEPYME o la CEOE, también lo expresan sus equivalentes danesas, francesas o austriacas.
Es, de hecho, una preocupación compartida por toda la Unión Europea: las pymes de todo el continente se quejan de que la sobrerregulación se ha convertido en un freno para su crecimiento y en una pesada carga para su actividad diaria.
La patronal europea BusinessEurope, que agrupa a las principales organizaciones empresariales del continente (como la CEOE), ha hecho un llamamiento urgente a la Comisión Europea para que reduzca la carga normativa: pide que disminuya la presión regulatoria que pesa sobre las pequeñas y medianas empresas europeas, y en especial sobre las micropymes.
Porque, como ya ocurre en España, el exceso de regulación está afectando a la competitividad, a la inversión y a la innovación. Y en ese escenario, los más perjudicados son siempre los autónomos y los pequeños negocios.
Muchas pymes están frenando inversiones y renunciando a crecer en ciertos mercados
No son sólo percepciones. El informe de BusinessEurope, “Reform Barometer 2025”, basado en miles de encuestas reales, señala que el 60% de las empresas europeas considera la regulación como uno de los dos principales frenos a la inversión. No sólo eso: el 55% de las pymes de la UE señala la carga administrativa y los obstáculos normativos como su mayor problema operativo. Que lo apunten las microempresas coruñesas o sevillanas no es, por tanto, una excentricidad nacional: es exactamente lo mismo que se quejan sus colegas de Viena, de Lisboa o de Tallin.
Y es que cuando un Lorenzo Amor denuncia que el pequeño negocio de un autónomo necesita hasta tres asesores sólo para cumplir la ley, no está exagerando. Describe un problema compartido con las micropymes eslovacas o finlandesas. Y cuando una tienda de barrio se queja de que ya no puede pedir una ayuda porque los requisitos documentales son inabarcables, está diciendo lo mismo que un pequeño comercio belga o estonio.
El informe recoge una preocupación generalizada en el tejido empresarial europeo: las normativas europeas son cada vez más numerosas, más complejas y más difíciles de cumplir para quienes no tienen un equipo jurídico propio o una consultoría de cabecera. Por eso, mientras una multinacional alemana puede encajar esos requisitos, muchos autónomos con pequeños negocios están comenzando a frenar inversiones o a renunciar a ciertos mercados.
Las quejas no se limitan a un solo sector. El texto de BusinessEurope enumera más de una decena de ámbitos en los que la normativa comunitaria ha alcanzado un nivel de complejidad preocupante. Energía y clima, fiscalidad, finanzas sostenibles, digitalización, seguridad alimentaria, empleo, política social o comercio son sólo algunos de los campos donde la superposición de directivas ha convertido el cumplimiento legal en una especie de decatlón burocrático.
Algo similar a lo que muchos pequeños negocios en España han vivido al intentar acceder a fondos europeos, presentar informes de sostenibilidad o adaptarse a nuevas exigencias medioambientales. La diferencia está en que lo que en España se identifica con normas nacionales, tiene también un origen comunitario. Muchas veces, con directivas que los Estados deben aplicar en plazos más bien cortos y con medios escasos. Y las pymes acaban pagando el precio de esa transición normativa sin apenas margen de adaptación.
Cumplir tanta normativa genera costes acumulativos que las micropymes no pueden asumir, sin sacrificar otras áreas
Uno de los aspectos más mencionados en el informe es el llamado “triángulo regulatorio”, formado por la Directiva sobre Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida (CS3D) y la Taxonomía de la UE. Todas ellas exigen informes, datos y verificaciones que, según BusinessEurope, generan costes acumulativos que las pymes no pueden asumir, sin sacrificar otras áreas de su actividad. Es una queja que también han expresado asociaciones empresariales españolas al abordar la dificultad de presentar planes de sostenibilidad o de reportar indicadores de impacto. Porque lo cierto es que, cuando hay inseguridad jurídica, la inversión se congela.
No se trata sólo del coste económico. El exceso de normas también produce otro efecto: la incertidumbre y la desconfianza. Muchos autónomos y pequeños empresarios no saben si lo que están haciendo cumple o no cumple con la normativa, y eso los lleva a evitar cualquier declaración pública sobre sostenibilidad por temor a cometer un error. Este fenómeno, denominado green hushing, se está extendiendo por Europa.
Así, en sectores como el alimentario o el industrial, hay pymes europeas que ya han empezado a abandonar determinados mercados por no poder asumir los costes de trazabilidad y las auditorías o informes que exigen regulaciones como la Ley de Deforestación de la UE o el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM). Para muchas pequeñas empresas, rastrear la procedencia exacta de sus materias primas es directamente inasumible.
También existen quejas generalizadas sobre la falta de armonización entre países. Por ejemplo, las recientes normativas sobre envases, residuos o desperdicio alimentario no es igual en Polonia, que en Hungría o en España. Eso significa que una pyme que quiere exportar a otros Estados miembros debe adaptar sus productos o embalajes a cada legislación nacional. Algo que encarece la operación y desincentiva la propia idea de mercado único.
Este es otro de los aspectos que menciona BusinessEurope: la fragmentación normativa. Lejos de avanzar hacia un espacio común de negocios, muchas decisiones europeas están generando barreras invisibles entre países. Barreras que castigan especialmente a los pequeños negocios, que no disponen de estructura suficiente para afrontar esa diversificación regulatoria.
El entramado legal, pensado para garantizar la transparencia, termina penalizando a los pequeños negocios
En paralelo, se mencionan también procesos concretos cuya carga administrativa supera con creces los recursos de muchas pymes. Uno de los ejemplos más citados son las declaraciones Intrastat, que las empresas deben presentar por sus operaciones intracomunitarias. Estas declaraciones son redundantes, fáciles de errar y costosas de gestionar sin ayuda externa.
Otros procedimientos que se han convertido en un obstáculo incluyen los informes financieros ESEF, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) o los requisitos fiscales de las directivas DAC. Todo ello compone un entramado legal que, aunque pensado para garantizar la transparencia, termina penalizando a las micropymes, por no poder permitirse los mismos medios que una gran empresa.
BusinessEurope ha pedido a la CE una acción rápida y decidida para aligerar estas cargas, en especial en tres ámbitos: la reducción de los requisitos administrativos, la simplificación de los procesos de transición y la eliminación de barreras transfronterizas. Tres demandas que coinciden plenamente con lo que, desde hace tiempo, vienen reclamando las organizaciones de autónomos y pymes en España.
