Después de meses de retrasos, discrepancias dentro del propio Gobierno y un duro dictamen del Consejo de Estado, el Ejecutivo ha decidido finalmente posponer hasta septiembre la aprobación del nuevo reglamento que regulará el registro horario digital para todas las empresas y autónomos con trabajadores.
La decisión supone un cambio de rumbo respecto al calendario que había defendido públicamente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien esta misma semana aseguraba que la norma estaba «prácticamente lista» y que vería la luz antes del 31 de julio. Sin embargo, los ministerios de Trabajo y de Economía han alcanzado finalmente un acuerdo para dejar la reforma después del verano.
El aplazamiento también supone un revés para los sindicatos CCOO y UGT, que habían advertido al Gobierno de que dejarían de participar en futuros acuerdos si el nuevo registro horario no era aprobado antes del parón estival. Por el contrario, organizaciones empresariales y representantes de los autónomos consideran que este margen adicional permitirá revisar una norma que, tal y como está planteada, sigue generando importantes cargas administrativas para los pequeños negocios.
De hecho, José Luis Perea, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) reconoció a este diario que el aplazamiento supone un pequeño respiro para los autónomos, pero sólo pospone unos pocos meses una norma que, de por sí, «está mal diseñada» y supondrá otra carga más para el colectivo.
- El nuevo control horario para los autónomos se retrasa finalmente a septiembre, a pesar de la presión sindical
- ATA valora el respiro que supone aplazar el control horario pero critica la sobrecarga para los autónomos
El nuevo control horario para los autónomos se retrasa finalmente a septiembre, a pesar de la presión sindical
El acuerdo alcanzado entre los ministerios de Trabajo y Economía pone fin, al menos de momento, a la incertidumbre que existía sobre la aprobación del nuevo reglamento durante el mes de julio.
Ambos departamentos han decidido aprovechar el verano para seguir revisando el texto y resolver las observaciones planteadas durante los últimos meses, especialmente las derivadas del dictamen emitido por el Consejo de Estado, que cuestionó algunos de los aspectos esenciales de la reforma.
La decisión llega pese a que Yolanda Díaz había reiterado en varias ocasiones su intención de aprobar el reglamento antes de las vacaciones y cumplir así el compromiso adquirido con los sindicatos.
La aprobación se retrasa, pero todavía quedan dudas sobre los plazos de adaptación
Por el momento, el Gobierno únicamente ha confirmado que la aprobación del Real Decreto se traslada a septiembre. Sin embargo, siguen sin despejarse algunas de las incógnitas que más preocupan a los pequeños negocios.
Una de ellas es el plazo del que dispondrán autónomos y empresas para adaptar sus sistemas de control horario una vez que el reglamento sea aprobado definitivamente.
Las primeras versiones de la reforma, cuando el nuevo registro formaba parte del proyecto de reducción de jornada, contemplaban un periodo transitorio de seis meses. Posteriormente, el Ministerio de Economía defendió ampliar ese margen hasta un año para las pequeñas empresas, al entender que muchas de ellas todavía utilizan sistemas manuales o aplicaciones que deberán sustituirse completamente.
Sin embargo, el último borrador oficial conocido eliminó cualquier referencia expresa a ese régimen transitorio y se limitó a establecer que el reglamento entraría en vigor veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, esta cuestión todavía no está cerrada. Precisamente el retraso acordado ahora entre ambos ministerios abre la puerta a que el texto definitivo incorpore cambios de última hora antes de su aprobación definitiva.
Distintas posiciones sobre plazos y sectores afectados
El retraso de la aprobación refleja las diferencias que el nuevo control horario sigue generando tanto dentro como fuera del Gobierno.
Por un lado, el Ministerio de Trabajo considera que el nuevo sistema resulta imprescindible para dificultar la manipulación de los registros de jornada y facilitar las actuaciones de la Inspección de Trabajo frente a las horas extraordinarias no declaradas.
En cambio, el Ministerio de Economía ha venido reclamando una implantación más gradual para reducir el impacto económico y organizativo sobre las pequeñas empresas.
A estas discrepancias se suman las observaciones formuladas por el Consejo de Estado, que cuestionó la adecuación de la reforma a determinados sectores, alertó de la carga administrativa que puede generar para las pymes y también puso en duda que una modificación de este alcance deba aprobarse mediante un Real Decreto en lugar de una norma con rango de ley.
Mientras tanto, CCOO y UGT habían intensificado la presión sobre el Ejecutivo durante las últimas semanas para que la norma fuera aprobada antes del 31 de julio, llegando incluso a advertir de que no participarían en nuevas negociaciones si el compromiso volvía a incumplirse.
ATA valora el respiro que supone aplazar el control horario pero critica la sobrecarga para los autónomos
Entre las organizaciones empresariales, el nuevo calendario ha sido recibido con prudencia.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) consideran que el aplazamiento supone un alivio para miles de pequeños negocios que todavía desconocen cuáles serán las obligaciones definitivas que deberán cumplir.
La federación recuerda que la norma sigue «mal diseñada»
El secretario general de ATA, José Luis Perea, aseguró a este diario que la decisión del Gobierno confirma los problemas que viene arrastrando esta reforma desde su inicio.
Perea recordó que «llevamos tiempo pidiendo que se deje de cargar con más burocracia y trabas a los autónomos. Es un ejemplo más de que hacen invertir a los autónomos en cosas que cambian una y mil veces».
A su juicio, el retraso ofrece algo de margen a los pequeños negocios, aunque evidencia que el proyecto continúa presentando importantes deficiencias. «Este aplazamiento es un respiro, pero una muestra más de que hay cosas que no están bien diseñadas y cargan más peso y trastorno en los pequeños negocios«, añadió.
ATA insiste en que muchas pequeñas empresas todavía desconocen qué sistema deberán implantar finalmente, qué requisitos técnicos serán obligatorios o cuánto tendrán que invertir para adaptarse a la futura normativa.
Las futuras obligaciones seguirán obligando a muchas pymes a cambiar sus sistemas actuales
Aunque el texto definitivo todavía puede sufrir modificaciones durante el verano, el último borrador permite anticipar buena parte de las nuevas obligaciones que deberán asumir los negocios con trabajadores.
Entre ellas figura la obligación de utilizar un sistema de registro íntegramente digital, que permita reflejar de forma objetiva el inicio y el final de la jornada, garantice la trazabilidad de cualquier modificación realizada y conserve toda la información durante cuatro años.
Además, las empresas deberán establecer protocolos internos sobre el funcionamiento del sistema, informar a toda la plantilla de su utilización y facilitar el acceso inmediato a los registros tanto a los trabajadores como, en su caso, a sus representantes legales.
