El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de este martes la Ley con la que quiere obligar a todos los autónomos y empresas a reducir la jornada de sus trabajadores a 37,5 horas. Ahora, el proyecto de ley que regulará esta nueva obligación para los negocios-y otras como el registro de jornada digital- ya se ha enviado al Congreso, donde tendrá que ser convalidado de manera definitiva.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, lleva más de un año insistiendo -con la reticencia de algún miembro del Gobierno- en esta nueva obligación, que se firmó a finales del año pasado con los sindicatos CCOO y UGT pero sin acuerdo con los empresarios. De hecho, tanto la patronal CEOE como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), han recordado en numerosas ocasiones que esta reducción de la jornada a 37,5 horas tendría que aprobarse teniendo en cuenta las características de cada sector y el tamaño de los negocios, no a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).
Precisamente la federación avisó el mes pasado con la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) y este mismo martes cuando se han dado a conocer los datos de empleo de abril, que estas nuevas obligaciones que está aprobando el Gobierno no hacen si no lastrar la creación de empleo entre las empresas más pequeñas. «Basta ver lo que viene ocurriendo mes a mes en los datos de afiliación. Muestran que se sigue destruyendo empleo en esas pequeñas empresas de 1 a 3 trabajadores», apuntó el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Tras haber hecho caso omiso a la patronal y a las organizaciones de autónomos, ahora el Ministerio de Trabajo va a tener que lograr que el Congreso convalide esta ley. Un trámite que, según fuentes expertas, se aventura largo y con dificultades
La reducción de jornada aún tendrá que superar una «negociación difícil» en el Congreso
Tras la aprobación del proyecto de ley para la reducción de jornada en el Consejo de Ministro, el texto ya ha sido remitido al Parlamento y por vía urgente. Sin embargo, esto no asegura que el Congreso vaya a dar luz verde al texto, y mucho menos que lo vaya a hacer a tiempo para que la norma entre en vigor antes de diciembre de 2025, como quiere la ministra Yolanda Díaz.
Ahora mismo, el Ejecutivo tendrá que afrontar una compleja negociación con Junts para sacar adelante el texto. Además, para reunir el apoyo del resto de grupos de la cámara podría ser necesario introducir cambios en el proyecto, que ahora mismo ni si quiera contempla las ayudas y el plan de apoyo a pequeñas empresas para implementar la reducción de jornada.
Consciente de las dificultades que va a haber para que el texto supere la vía parlamentaria, la ministra de Trabajo ya se dirigió este mismo martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros a varios grupos parlamentarios.
Por un lado, Díaz se centró en el PP y le pidió que permita la aprobación de la reducción de la jornada y que no actúe como con la reforma laboral de 2021, cuando se opuso pero su exdiputado Alberto Casero apoyó la norma por error y permitió su aprobación in extremis.
Por otro lado, se dirigió a Junts diciendo que «hay margen para la negociación”, pese a que este grupo adelantó hace escasos días que iba a presentar una enmienda a la totalidad porque la norma perjudica a las empresas catalanas.
Díaz querría que la reducción se aplicase entre diciembre de 2025 y enero de 2026
Según establece el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, la idea del Ejecutivo es que entre diciembre de este año y enero de 2026 tenga efectos la reducción de la jornada.
De ser así, como ya avanzó este diario y han venido denunciando distintas organizaciones de autónomos y empresarios, los costes laborales de los negocios se dispararán a partir del año que viene, puesto que se verán obligados o bien a contratar a otro trabajador para cubrir las horas que dejarán de trabajar la plantilla o bien cerrar la actividad durante ese tiempo, lo que supondría perder ingresos.
De llevarse a cabo finalmente esta rebaja, un negocio cualquiera, sin importar el sector, que quiera mantener la misma productividad cada semana tendría que asumir un coste de dos horas y media extra semanales –diez horas mensuales– para obtener la misma productividad que antes de la reducción de jornada.
Según el Estatuto de los Trabajadores, la cuantía a percibir por cada hora extra “no podrá ser en ningún caso inferior al valor de la hora ordinaria”, aunque numerosos convenios colectivos establecen un recargo sobre esta cantidad. Por ejemplo, un 50% más del valor de la hora ordinaria.
Siguiendo este ejemplo, un asalariado que cobre el salario medio en 2025, que ronda los 2.100 euros, percibiría una media de 20 euros por cada hora extra. En el supuesto de que el negocio quisiera cubrir exactamente las dos horas y media que se rebajaría la jornada de cada trabajador semanalmente, debería pagar 10 horas extra mensuales. O, lo que es lo mismo, una media de 200 euros más por empleado para cubrir ese tiempo.
ATA avisa que la reducción de jornada seguirá destruyendo empleo entre las pequeñas empresas
Tanto ATA como la patronal CEOE enviaron la semana pasada un comunicado oponiéndose a las nuevas medidas aprobadas este martes en Consejo de Ministros y que se acaban de remitir al Parlamento.
Las organizaciones ya recordaron que la reducción de jornada a 37,5 horas no debería aprobarse por Ley sino que tendría que negociarse teniendo en cuenta las características de cada sector y el tamaño de los negocios. De lo contrario, afectará especialmente a las empresas de menor tamaño.
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) mostraron que en el último año se han perdido más de 47.000 puestos de empleo, la mayoría de ellos en empresas con menos de tres empleados. Y desde 2019, se han perdido más de 63.000 empleadores.
Según advirtió ATA, «los autónomos con trabajadores volverán a ser los grandes perjudicados de esta nueva ley, con más costes, más trabas y un riesgo de seguir con la destrucción de empleo en las pequeñas empresas, como reflejan las estadísticas».
Además, «tendrán que asumir ellos mismos las horas no trabajadas por sus empleados, lo que llevará a trabajar más horas y supondrá menos conciliación para los trabajadores por cuenta propia», añadieron desde ATA.
