Comienza en pocos días un nuevo curso que vendrá previsiblemente marcado por varias novedades para los autónomos y pequeñas empresas, especialmente aquellos que tienen empleados a su cargo. Como ya avanzó antes del verano la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno tiene pendientes varias medidas laborales que se retomarán al comienzo de septiembre.
Tras el verano, según Díaz, el Gobierno volverá a reunir a los agentes sociales para negociar un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aunque no parece que la patronal vaya a mostrar su apoyo a una nueva subida de este umbral en un contexto inflacionario y de aumento de costes como el actual, no sería la primera vez que Trabajo saca adelante un incremento sin contar con los empresarios.
Sin embargo, ésta no es la única novedad que podría traer el nuevo curso para los autónomos y pequeños negocios empleadores. Al arrancar septiembre, Díaz también avisó que retomará la aprobación del Estatuto del Becario, que lleva meses «en el carril de entrada» al Consejo de Ministros. Y también volverá a abordar la polémica reducción de la jornada a 37,5 horas, que incluiría además un nuevo registro horario digital y obligatorio para todos los negocios.
- Posible reducción de la jornada y nuevo registro horario digital
- Nueva subida del SMI y posible reforma para que las próximas sean automáticas
- Una subida de, como mínimo, 500 euros más al año
- Nuevas obligaciones para los autónomos que contraten a becarios
- Las empresas sufragarán ciertos gastos de los becarios y la Inspección reforzaría su control sobre estos contratos
Posible reducción de la jornada y nuevo registro horario digital
Una de las leyes más polémicas que tiene intención de aprobar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la reducción de la jornada para que todos los empleados trabajen un máximo de 37,5 horas, en vez de 40 como hasta ahora. Esta medida ha sido una de las más criticadas por organizaciones, expertos y patronal, puesto que consideran que este tipo de reformas deberían llevarse a cabo a través de modificaciones en los convenios, estudiando cada sector y teniendo en cuenta el tamaño de los negocios.
Como ya avanzó este diario, la ministra de trabajo decidió antes del verano aplazar la aprobación de este decreto que rebajaría la jornada de los trabajadores a 37,5 horas entre otras obligaciones –como el registro de jornada digital– para los autónomos, al constatar que no tendría el apoyo suficiente para sacarlo adelante.
Sin embargo, y como ya advirtió la propia ministra, la intención de Díaz continúa siendo someter esta medida a la votación del Congreso tras el verano. Para ello, el Ejecutivo necesitaría el apoyo de Junts per Catalunya, grupo parlamentario con el que se reunió hace unos meses y que de momento no ha mostrado su disposición a votar a favor.
Según valoró en su momento el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que no exista mayoría en el Congreso para aprobar la reducción de jornada es un “respiro momentáneo para más de 900.000 autónomos empleadores”. Entre otras cosas porque «supone un incremento de más de 12.000 millones al año de coste para los autónomos con trabajadores”. Sobre todo por las horas que quedarán ‘descubiertas’ y que se tendrán que cubrir con nuevas contrataciones o extras.
Este respiro podría terminar pronto. Desde el Ministerio de Trabajo mantienen su intención de sacar adelante la reforma esta legislatura, pero por ahora no cuentan con el respaldo necesario en el Parlamento. ERC, PNV y Junts han expresado dudas sobre los efectos de la medida en las pymes y el empleo, y exigen ajustes y más diálogo antes de darle luz verde.
También se incluiría un nuevo registro horario digital e interconectado a la Inspección
El Gobierno había planteado aplicar la primera fase de la reducción en 2025, bajando de 40 a 38,5 horas semanales, y una segunda fase en 2026, hasta las 37,5. La norma afectaría a cualquier relación laboral, sin diferenciar por tamaño de empresa, lo que generó una fuerte oposición entre los pequeños empleadores.
Además, en el anteproyecto para la reducción de la jornada no sólo está incluida esta medida. También se prevé la puesta en marcha de un nuevo registro horario digital e interconectado con la Inspección. La implantación de esta obligación supondría que todos los negocios con empleados tuvieran que invertir en uno de estos sistemas de fichaje y además estuvieran controlados a cada momento por los funcionarios.
Nueva subida del SMI y posible reforma para que las próximas sean automáticas
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también anunció que tras el verano volvería a negociar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que supondría el octavo incremento consecutivo y un nuevo aumento de costes para los autónomos con empleados.
Desde 2018, el SMI ha crecido más de un 60% hasta situarse en 16.576 euros anuales, lo que ya supone un coste total de más de 23.000 euros por trabajador al año para los negocios.
A esta cantidad habría que sumar el sueldo, cotizaciones y pagas extra, reflejando unos costes totales para los empleadores de más de 23.000 euros al año por empleado.
Una subida de, como mínimo, 500 euros más al año
A este ritmo de crecimiento, de como mínimo un 3% y hasta casi un 10% por año, una nueva subida en el salario mínimo podría elevar el sueldo mínimo a, por lo menos 17.100 euros anuales. Es decir, unos 500 euros al año más de SMI, sin contar otros costes como las cotizaciones que también tendrían que asumir los negocios.
Además, de aquí a final de año, es posible que los negocios también se enfrenten a una posible reforma del mecanismo de subidas del SMI. Díaz ya ha advertido en varias ocasiones en 2025 que su intención es modificar la Ley para introducir por norma que el sueldo mínimo suba cada año y se revalorice al mismo ritmo que la inflación. De ser así, los empleadores ya se enfrentarían en cada ejercicio a aumentos automáticos, sin necesidad de negociarse ni aprobarse nada previamente.
Nuevas obligaciones para los autónomos que contraten a becarios
A todas estas obligaciones se suma otra reforma que tiene el Gobierno en el cajón desde hace más de dos años y que dispararía los costes de los autónomos y pequeñas empresas que decidan contratar a un becario.
Según Díaz, el Estatuto del Becario está “en el carril de entrada” al Consejo de Ministros. Tras su aprobación inicial, se remitiría al Congreso para el visto bueno definitivo, igual que ocurrió con la reducción de jornada.
El texto, pactado hace más de dos años con los sindicatos y sometido a consulta pública a finales de 2024, se había frenado por “pequeñas discusiones internas”, reconoció la ministra. De salir adelante en los próximos consejos, los negocios tendrían que asumir nuevos costes que se sumarían a los 200 euros anuales de cotización por cada estudiante en prácticas.
Las empresas sufragarán ciertos gastos de los becarios y la Inspección reforzaría su control sobre estos contratos
Algunos de los nuevos costes para las pymes serían la obligación de cubrir gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención de los estudiantes, además de prohibir que las empresas cobren por las prácticas. Éstos se sumarán a las cotizaciones que los negocios ya pagan a la Seguridad Social desde enero de 2024: unos 200 euros anuales por alumno, o 130 en el caso de prácticas no remuneradas.
Además, la norma también endurecería la vigilancia de la Inspección para detectar “falsos becarios”, limita el número de estudiantes por empresa según su tamaño, prohíbe turnos nocturnos y obliga a dar a los becarios acceso a los mismos servicios que el resto de la plantilla.
