“Regularización de bases imponibles pendientes de compensación” o “autoliquidación complementaria” son frases habituales, extraídas de notificaciones típicas de la Agencia Tributaria, que confunden a los contribuyentes y muchas veces les llevan al error y a una sanción. Incluso resultan de comprensión discutible para los propios expertos gestores consultados por este diario. La complejidad del lenguaje utilizado por Hacienda y otras administraciones, es objeto de críticas por parte de juristas y autónomos desde hace tiempo.
Como muestra una reciente encuesta llevada a cabo por Declarando, una plataforma de asesoría fiscal online para autónomos, el 66% de los trabajadores por cuenta propia considera que el lenguaje utilizado por Hacienda en sus comunicaciones es complejo; el 68% asegura que este problema les genera ansiedad y estrés; y un preocupante 10% admite haber recibido una sanción por no comprender correctamente las notificaciones.
Lo cual parece confirmar que el lenguaje enrevesado de las normativas y notificaciones de la Administración sigue siendo un obstáculo substancial para el preceptivo cumplimiento tributario.
Las medidas que ha ido tomando Hacienda para mejorar sus notificaciones son insuficientes
Aunque la Agencia Tributaria ha abordado esta cuestión, por ejemplo, con la simplificación del lenguaje en ocho modelos tributarios a finales de 2023, como ya contó este diario, los resultados no parecen ser suficientes. Según Enrique Guinot, Chief Revenue Officer (CRO) de Declarando, la medida “es un paso en la dirección correcta, pero no solventa la barrera principal: los textos siguen siendo excesivamente técnicos y poco claros”.
Entre los cambios implementados en dichos modelos destacan:
- La incorporación de resúmenes al inicio de los documentos para explicar qué recibe el contribuyente, por qué lo recibe y qué debe hacer.
- Un rediseño gráfico, que incluye tamaños de letra más legibles y elementos que resaltan información clave.
- La reducción de la extensión de ciertos documentos; por ejemplo, una diligencia de embargo de créditos pasó de 11 a 6 páginas efectivas.
Sin embargo, como indicó Juan Ramón Camacho Vázquez, socio de BGI Law Galicia, “a pesar de estos esfuerzos, las comunicaciones de Hacienda siguen estando llenas de terminología jurídica y estructuras complejas, que no están diseñadas pensando en el ciudadano medio”. Además, la mayoría de las declaraciones que los autónomos presentan de manera periódica, como las de IVA, no han sido objeto de esta simplificación.
La complejidad del lenguaje, además de generar confusión, tiene consecuencias legales y económicas. José María Salcedo Benavente, socio director de Salcedo Tax Litigation, destacó que los errores en la interpretación de las normativas fiscales “suelen terminar en regularizaciones por parte de Hacienda, con la correspondiente deuda tributaria, intereses de demora e incluso sanciones”. Y si bien es cierto que la Ley General Tributaria contempla que no se sancione al contribuyente si su interpretación es razonable, Salcedo recalcó que “la Administración tiene una tendencia a iniciar procedimientos sancionadores de forma automática, lo que incrementa la presión sobre los autónomos”.
Las multas pueden llegar hasta los 300 euros por requerimientos mal interpretados
Por su parte, Guinot subrayó que ese 10% de autónomos sancionados por errores de comprensión “es un porcentaje alarmante, y refleja la necesidad de adoptar medidas más radicales para facilitar el cumplimiento fiscal”. En este sentido, las sanciones más comunes, según Camacho, “incluyen errores en la interpretación de impuestos indirectos y directos, como la imputación incorrecta de gastos no deducibles”. Y advirtió de que las multas pueden llegar hasta los 300 euros por requerimientos mal interpretados.
José María Salcedo también mencionó que la redacción deficiente de algunos actos administrativos “permite, en ocasiones, que los contribuyentes puedan recurrir alegando la falta de motivación de dichos actos”. Esto, subrayó, no perjudica solamente a los autónomos, “sino que genera inseguridad jurídica generalizada”.
Además, Salcedo resaltó que, aunque los errores pueden beneficiar al contribuyente en algunos casos, la mayor parte de los problemas terminan afectando a los pequeños negocios. Esto se debe a la incapacidad de muchos autónomos de recurrir eficazmente actos administrativos debido al coste y la complejidad de los procedimientos judiciales.
Las fuentes consultadas coinciden en que la labor de los asesores fiscales y jurídicos es imprescindible para evitar problemas mayores. Sin embargo, invitan también a la Administración a desarrollar cambios estructurales en sus comunicaciones. La propia Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) sugirió a este diario las siguientes mejoras:
- Uso de un lenguaje claro y directo, evitando tecnicismos innecesarios.
- Inclusión de instrucciones prácticas, que guíen paso a paso.
- Creación de servicios de atención personalizada, para aclarar dudas sobre las notificaciones.
- Mejora en la comunicación proactiva, para reducir los errores frecuentes que afectan a autónomos y pequeños negocios.
“La claridad en las comunicaciones, además de facilitar su cumplimiento, generaría una mayor confianza en la relación entre el contribuyente y la Administración”, afirmaron las fuentes de la AEDAF.
José María Salcedo, por su parte, destacó que una redacción más clara podría evitar años de litigios por discrepancias interpretativas, señalando incluso que “un acto administrativo confuso puede ser anulado, si se demuestra que no permite una defensa adecuada”.
Otra área con margen de mejora es la digitalización. Enrique Guinot indicó que, aunque Hacienda ha avanzado en este campo, “la sede electrónica sigue siendo poco intuitiva y difícil de usar según relatan muchos autónomos”. Además, señaló que personalizar las comunicaciones según el perfil del contribuyente podría hacerlas más relevantes y menos genéricas.
Camacho coincide en este punto, sugiriendo que “además de mejorar el diseño gráfico, sería útil proporcionar asistentes virtuales más efectivos y accesibles, especialmente para los nuevos autónomos”.
Los expertos aconsejan mejorar tanto el lenguaje como el acceso a recursos de asistencia para los autónomos
La AEDAF añade que es esencial que la Administración “considere los diferentes niveles de formación de los contribuyentes al diseñar sus herramientas digitales. Esto ayudaría a cerrar la brecha entre quienes están acostumbrados a tratar con normativas complejas y quienes se enfrentan barreras técnicas adicionales”.
Aunque se han dado pasos en la dirección correcta, los resultados aún están lejos de ser suficientes. Enrique Guinot señaló que “los problemas de ansiedad y estrés que enfrentan los autónomos por estas notificaciones no han disminuido, lo que evidencia que las medidas adoptadas son insuficientes para generar un cambio real en la experiencia del contribuyente”.
Juan Ramón Camacho argumentó que el coste del desconocimiento normativo puede ser muy elevado, “no sólo por las multas y recargos, sino también por la pérdida de oportunidades para optimizar la gestión fiscal”. Lo que refuerza la necesidad de mejorar “tanto el lenguaje como el acceso a recursos que ayuden a los autónomos en su relación con Hacienda”.
A modo de ejemplo, este experto cita el caso de algunos términos de liquidación que generan confusión entre los autónomos, “como las referencias a ‘diferencias en bases imponibles’, sin aclarar qué errores específicos se deben corregir. Este tipo de ambigüedad perpetúa una sensación de indefensión”.
