La presión fiscal en España no sólo se mide en impuestos y cotizaciones. Para muchas pequeñas y medianas empresas –y en especial para los autónomos– la inseguridad jurídica en sus relaciones con Hacienda se ha convertido en una pesada losa que condiciona sus decisiones.
Así lo denuncia el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), presentado el pasado 9 de junio bajo el título “El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas«.
La litigiosidad tributaria, entendida como el elevado número de conflictos entre contribuyentes y la Administración Tributaria, es un problema estructural en España. El documento reúne análisis y propuestas de 17 expertos, entre los cuales hay catedráticos de Derecho Financiero y Tributario y profesionales de prestigio en el sector.
- El alto coste de recurrir para autónomos y pymes
- Propuestas para un sistema fiscal más eficiente
- La litigiosidad tiene solución
Este informe destaca que, en 2022, la Agencia Tributaria gestionó una deuda pendiente de 40.421,2 millones de euros y tramitó 230.043 reclamaciones tributarias.
Uno de los datos más llamativos que aporta el IEE es que el 60% de las liquidaciones recurridas terminan fallando a favor del contribuyente, miles de ellos autónomos y empresas, evidenciando fallos en los procedimientos administrativos que afectan directamente a la competitividad del tejido productivo y la economía.
El alto coste de recurrir para autónomos y pymes
Según los datos recogidos por el IEE, más de 6 de cada 10 recursos planteados por los contribuyentes –desde el recurso de reposición hasta el contencioso-administrativo– terminan dando la razón total o parcialmente a las empresas. Esto implica que el Fisco se equivoca, o actúa de forma improcedente, en un número muy elevado de ocasiones.
Pero ese “éxito” en los tribunales tiene un coste elevado. Según el informe, hay litigios que se alargan más de diez años, y el volumen de deuda pendiente de resolución en 2022 ascendía a más de 40.000 millones de euros.
Una de las críticas más impactantes reflejadas en el estudio apunta directamente al modelo sancionador. Según el Tribunal Supremo (sentencia 520/2025), no es posible imponer sanciones fiscales de forma automática, sin demostrar culpabilidad, como ya recogió este medio. Sin embargo, esta sigue siendo una práctica habitual en muchos procedimientos, lo que empuja a las empresas a litigar como única defensa ante actuaciones desproporcionadas.
Además, el sistema prima la imposición frente a la colaboración. “El funcionario tiene incentivos por la deuda descubierta, pero no por llegar a acuerdos. Así es difícil fomentar una cultura de cumplimiento cooperativo”, señaló el abogado Ramón Calduch.
La situación es especialmente grave para pequeños negocios y autónomos, que no siempre pueden permitirse largos procesos judiciales. A pesar de ello, muchas veces se ven obligados a llegar hasta el final por las consecuencias económicas y reputacionales que implicaría aceptar una liquidación indebida. En 2022, un total de 230.043 reclamaciones tributarias fueron presentadas, una cifra récord que evidencia la magnitud del problema.
En las páginas del informe se recuerda que el Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) son los responsables de la mayor parte del importe económico en litigio. Así, en 2022, el IVA representó, aproximadamente, el 45% del total de bienes de la deuda impugnada, con 7.200 millones de euros, mientras que el Impuesto sobre Sociedades representó un 30%, con más de 5.800 millones de euros.
El sistema actual, además, obliga a las empresas a pagar o garantizar el importe reclamado antes de poder recurrir, lo que bloquea liquidez y penaliza injustamente al contribuyente.
Esta inseguridad jurídica complica la planificación de inversiones y el cumplimiento normativo, mientras que los costes asociados a recursos legales y garantías bloquean recursos que podrían destinarse al crecimiento del negocio. Según el informe, los gastos derivados de sentencias contrarias a la Hacienda Pública alcanzaron los 12.145 millones de euros entre 2014 y 2022, un coste que, en última instancia, recae también en el contribuyente.
Como explicó Ramón Calduch, presidente de la Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas (AESAE): “La litigiosidad tributaria no es sólo un problema técnico o jurídico; es un factor que incide en la confianza de los inversores, en la seguridad de las empresas y en la eficiencia de la Administración pública”.
Propuestas para un sistema fiscal más eficiente
El documento, fruto de la colaboración de expertos como Manuel Lamela (abogado del Estado en excedencia y presidente de la Fundación Lafer), Luis Manuel Rubí (inspector de Hacienda en excedencia y abogado) y catedráticos de Derecho Financiero, propone un conjunto de medidas para atajar el problema, entre las que se encuentran:
Simplificación normativa
Reducir la complejidad de las leyes tributarias, clarificar conceptos y evitar cambios legislativos constantes.
Fortalecer la seguridad jurídica
A través del refuerzo de las respuestas vinculantes de la Dirección General de Tributos y desvincular los incentivos de los inspectores de las cantidades liquidadas para evitar el «conflicto de intereses».
Mecanismos alternativos de resolución
Introducir mediación, conciliación y arbitraje, inspirándose en países como el Reino Unido o Italia, donde la mediazione tributaria ha demostrado ser efectiva.
Fomento de la cooperación
Promover una relación de confianza mediante foros de diálogo, códigos de buenas prácticas y mayor transparencia en los criterios de la Administración.
Tribunales especializados
Crear órganos judiciales específicos dotados de medios suficientes para agilizar los procesos y garantizar resoluciones más consistentes.
Reforma del sistema sancionador
Evitar sanciones automáticas y premiar la colaboración de los contribuyentes.
Digitalización
Usar inteligencia artificial y herramientas tecnológicas para facilitar la gestión tributaria y prevenir conflictos derivados de errores involuntarios.
La litigiosidad tiene solución
La inseguridad jurídica complica la planificación de inversiones y el cumplimiento normativo. Los costes de los recursos legales y garantías bloquean recursos que podrían reinvertirse. Entre 2014 y 2022, los gastos por sentencias contrarias a Hacienda alcanzaron 12.145 millones de euros, un coste que recae en los ciudadanos y empresas
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El informe, subraya la necesidad de un sistema fiscal que podría mejorarse con las propuestas de los expertos. “Reiteramos nuestro compromiso con la mejora del sistema fiscal”, destacó Calduch.
El mensaje en el que coinciden todos los especialistas que han colaborado en la elaboración de estos análisis es claro: un sistema tributario más simple, ágil y cooperativo beneficiará a los contribuyentes y fortalecerá la economía española en su conjunto.
