- Las ventajas prometidas por la CE, en entredicho según los agricultores
- La respuesta de los autónomos del campo español
- Sectores en riesgo: vacuno, aceite, cítricos y más
- La apuesta comercial de Bruselas
- Tensión en los frentes europeos
La entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se aceleró esta pasada semana, después de que la Comisión Europea (CE) iniciara la tramitación prioritaria de la parte comercial.
Y las primeras reacciones no se han hecho esperar, anticipando un choque entre Bruselas y los representantes del campo español, quienes se muestran preocupados por las consecuencias inmediatas para las explotaciones de los autónomos y las pymes del sector agroalimentario.
Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), denuncia que esta aplicación provisional del tratado supone sacrificar el campo europeo por un interés político, ya que, según comentó a este diario, “intenta desviar la atención del fracaso del marco transatlántico con Estados Unidos”.
En este sentido, la CE presentó formalmente los textos legales que deben recibir el visto bueno de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para la ratificación del tratado. De este modo, Bruselas propone activar de forma interina la parte comercial, sin esperar a que cada parlamento nacional complete la ratificación del acuerdo global.
Las ventajas prometidas por la CE, en entredicho según los agricultores
De esta forma, según el Ejecutivo comunitario, se aceleraría la creación de lo que ha sido descrito como “la mayor zona de libre comercio del mundo”, con alrededor de 700 millones de consumidores entre la UE y los cuatro países que conforman Mercosur.
La propuesta incluye medidas técnicas para intentar reducir el impacto sobre las producciones sensibles para el mercado europeo. Estas incluyen contingentes con arancel reducido (por ejemplo, una cuota del 7,5% en vacuno), un acto jurídico que clarifique el funcionamiento de las salvaguardas y un umbral operativo para activar respuestas (en concreto, ante incrementos del 10% en importaciones o caídas del 10% en los precios).
Además, la CE anuncia una nueva “red de seguridad”, dotada con 6.300 millones de euros, y destinada a reforzar la reserva agrícola comunitaria ante crisis o incertidumbres geopolíticas.
La respuesta de los autónomos del campo español
Pese a esos anuncios, las organizaciones agrarias de nuestro país responden con escepticismo. Así, Asaja denuncia que separar la parte comercial y la política desactiva las cláusulas de condicionalidad relativas a los compromisos climáticos, la lucha contra la deforestación y las normas sobre carbono en frontera.
“De esta manera nos quedamos con un acuerdo puramente comercial que hace imposible competir con los modelos productivos de Mercosur”, señaló a AyE José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas, quien añadió que la maniobra busca un rédito político rápido que “vacía de contenido el control democrático” y deja desprotegidos tanto a agricultores como a ganaderos.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también comparte la desaprobación respecto a las salvaguardas que entrarían en vigor. Andoni García, coordinador europeo de la asociación, afirma que “las medidas propuestas por Bruselas ante el Acuerdo de Mercosur son insuficientes y no sirven para contrarrestar los impactos”.
A este respecto, García explicó que la entrada de productos con aranceles nulos o muy reducidos “tiende a provocar una bajada de precios, así como la sustitución de producciones locales por importaciones, con el consiguiente riesgo de pérdida de ingresos y de agricultores”.
Sectores en riesgo: vacuno, aceite, cítricos y más
Los sectores mencionados con mayor frecuencia en los análisis sobre el impacto que causará el tratado son el vacuno, el aceite de oliva y los cítricos. Aunque las organizaciones amplían la lista a la avicultura, el porcino, la miel, el maíz y el azúcar.
Y es que, para muchos productores el principal problema no es solo económico, es también territorial y social. La posible deslocalización de empresas que hoy procesan o importan productos (lo que implica el traslado de la producción al Mercosur para aprovechar menores costes y regulaciones) amenazaría el empleo rural y la supervivencia de pequeños negocios y cooperativas, afectando especialmente a las comarcas desfavorecidas.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) exige también unas condiciones estrictas. Cristóbal Cano, su secretario general, subrayó que “el acuerdo debe ser una oportunidad y no un perjuicio para los productores españoles” y reclamó “un trato equilibrado que beneficie a ambas partes”.
Cano apunta además a las preocupaciones en materia medioambiental, sanitaria y laboral, recordando que algunos sectores (como el aceite de oliva o el vino) “sí podrían ganar nuevos mercados, pero esto no debe ocurrir no a costa de sacrificar otros modelos productivos”.
La apuesta comercial de Bruselas
En Bruselas se defiende que las salvaguardas, la aclaración jurídica y los fondos previstos en los mencionados textos legales bastarán para contener distorsiones y responder con rapidez a situaciones de crisis.
De hecho, la CE insiste en que la aplicación provisional de la parte comercial no impide que la parte política (que incluye compromisos sobre clima, deforestación y ajuste por carbono) pueda ratificarse y concretarse posteriormente.
No obstante, para las principales organizaciones agrarias españolas esos instrumentos resultan cosméticos si no se acompañan de mecanismos efectivos de control de origen, trazabilidad y límites de entrada por producto en función del impacto social y territorial.
Así, Asaja reclama al Gobierno español y a las instituciones comunitarias que detengan el procedimiento y devuelvan el papel de ratificación al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales, introduciendo medidas que protejan realmente al campo, a los consumidores y a un modelo productivo que, sostienen, garantiza la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
Tensión en los frentes europeos
Este choque entre prioridades tiene además una dimensión política y de calendario. Y es que, Bruselas ya intentó cerrar los textos antes del parón veraniego para facilitar una ratificación en 2025, pero las reticencias de países como Francia (secundada por Polonia e Italia) y la crisis arancelaria con Estados Unidos obligaron a aplazar el trámite.
Ahora los gobiernos favorables, entre ellos España y Alemania, apuestan de nuevo por la aprobación aludiendo a beneficios comerciales y geoestratégicos. Esta pugna de ambos frentes se traducirá en votaciones en la Eurocámara y en las decisiones conjuntas que finalmente tomen los Veintisiete.
Frente a esto, las organizaciones agrarias han anunciado movilizaciones para presionar en Bruselas. COAG ya ha realizado acciones colectivas, a través de Vía Campesina, y UPA y Asaja han insistido en que no aceptarán un tratado que no incluya cláusulas vinculantes que eviten la competencia desleal por diferencias regulatorias.
No en vano, el acuerdo supone una cuestión de supervivencia para las pymes y explotaciones familiares. Y aunque algunos exportadores de mayor tamaño pueden beneficiarse de la apertura con la producción de América, la balanza entre ganadores y perdedores preocupa a quienes sostienen que las reglas actuales no permiten una competencia leal.
“Si ya era difícil competir con unas reglas parecidas, ahora será literalmente imposible acercarse a los modelos productivos de Mercosur”, concluyó Barato, para quien el acuerdo, tal como está planteado, “desprecia los esfuerzos de sostenibilidad, bienestar animal y calidad alimentaria que exigimos en la UE”.
