La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha pedido públicamente al Parlamento Europeo que rechace la renovación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos. La organización agraria denuncia que el pacto se ha cerrado por vía exprés, sin transparencia ni garantías para los productores europeos. Advierte de que la competencia desleal que sufren ya los autónomos del campo español puede agravarse si el acuerdo entra en vigor sin controles efectivos.
Según Asaja, la situación afecta especialmente a los agricultores del arco mediterráneo europeo, entre ellos los españoles que trabajan como autónomos y pequeños productores. El acuerdo regula volúmenes de importación de productos agrícolas que compiten directamente con frutas y hortalizas nacionales. La asociación sostiene que este nuevo pacto no corrige desequilibrios del anterior y mantiene presión sobre explotaciones familiares y micropymes agrarias.
La organización agraria asegura que la falta de garantías y controles permitiría seguir entrando en la UE productos agrícolas con menores estándares sociales, laborales y medioambientales. Esto dificultaría aún más la viabilidad económica de explotaciones con márgenes mínimos. Países como España, Portugal, Italia, Grecia y Francia comparten esta preocupación debido a su estructura productiva basada en pequeñas explotaciones.
- El acuerdo no garantiza equidad en el mercado agrario europeo
- Críticas por la falta de garantías medioambientales y sociales
- Los jóvenes agricultores denuncian el uso político de fondos europeos
- Asaja asegura que el campo europeo no puede asumir más presión importadora
El acuerdo no garantiza equidad en el mercado agrario europeo
Asaja denuncia además que la Comisión Europea ha negociado el acuerdo con Marruecos sin tener en cuenta sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recuerda que el TJUE anuló el anterior pacto comercial por incluir productos procedentes del Sáhara Occidental sin consentimiento de su población. Señala que el nuevo texto vuelve a ignorar los principios básicos del derecho internacional.
Y sostiene que la CE ha desplegado un ejercicio de presión política para aprobar el acuerdo sin debate. Considera grave que se haya impulsado sin información suficiente sobre sus consecuencias para el sector primario europeo. La organización cree que se ha ignorado deliberadamente el malestar del campo europeo.
El comunicado explica que Marruecos ha triangulado productos procedentes del Sáhara Occidental para introducirlos como propios dentro de sus contingentes comerciales. Con ello habría evitado aranceles y normas de origen. Asaja subraya que la propia Comisión Europea reconoció en el pasado esta práctica comercial irregular.
La organización alerta de que el nuevo acuerdo no ofrece mecanismos suficientes para verificar el origen real de los productos. Tampoco refuerza los controles en frontera ni obliga a cumplir las mismas normas que se imponen a los agricultores europeos. La organización considera que esto consolidará un marco de competencia desigual en perjuicio del campo español.
Críticas por la falta de garantías medioambientales y sociales
Según datos citados en el comunicado, apenas el 0,0082% de las importaciones agrícolas son inspeccionadas en aduanas europeas. Este nivel tan bajo de controles dificulta detectar productos tratados con fitosanitarios prohibidos. Asaja asegura que es un riesgo para la seguridad alimentaria y para la igualdad de condiciones en el mercado interior.
El comunicado señala que el nuevo pacto no exige compromisos ambientales a Marruecos ni menciona el Acuerdo de París. Tampoco incluye la Ley de Desforestación ni las directrices de sostenibilidad que sí se exigen a los productores europeos. Asaja afirma que existe un doble rasero regulatorio.
La organización critica que a los agricultores españoles se les imponen exigencias ambientales crecientes mientras que a Marruecos no se le pide reciprocidad. Explica que esto aumenta los costes de producción en España. Añade que supone una ventaja competitiva injustificada para los productores de terceros países.
El comunicado lamenta que tampoco se hayan incorporado garantías laborales en el acuerdo. No existe obligación para Marruecos de cumplir estándares equiparables a los europeos en materia de derechos laborales o protección social. Asaja advierte de que esto es una de las principales causas de competencia desleal.
La organización denuncia que la Comisión Europea hable de cooperación agrícola con Marruecos sin asegurar equilibrio comercial. Señala que el nuevo acuerdo mantiene ventajas arancelarias para el país magrebí. Considera que se está incentivando la deslocalización agrícola fuera de la Unión Europea.
Los jóvenes agricultores denuncian el uso político de fondos europeos
Asaja acusa a la Comisión Europea de financiar regadíos e infraestructuras en territorios ocupados del Sáhara Occidental con fondos europeos. Considera que esto supone favorecer indirectamente la expansión agrícola marroquí en territorios en disputa. Afirma que esta política impulsa productos que compiten con los europeos.
La organización sostiene que esta estrategia favorece la exportación de productos beneficiados por ventajas arancelarias sin cumplir el derecho internacional. Afirma que la Comisión Europea evita este debate para no generar conflicto diplomático con Marruecos. Señala que esta actuación compromete la neutralidad institucional.
El comunicado alerta también de que el acuerdo ignora resoluciones vinculantes sobre el estatus del Sáhara Occidental. Advierte de que varios Estados miembros han recibido quejas diplomáticas. Asaja sostiene que la Unión Europea está actuando al margen del criterio del Tribunal de Justicia comunitario.
Asaja asegura que el campo europeo no puede asumir más presión importadora
La organización reitera su rechazo total al acuerdo entre la UE y Marruecos. Pide a los eurodiputados votar en contra en la próxima ratificación parlamentaria. Asegura que el campo europeo no puede asumir más presión importadora.
Asaja reclama una nueva negociación con garantías que incluya controles reales en frontera, trazabilidad y reciprocidad normativa. Asegura que defenderá la igualdad de condiciones en el mercado europeo y la seguridad alimentaria. Añade que ya ha trasladado estas exigencias en los grupos de diálogo civil de la CE.
