- Las empresas de 50 o más trabajadores seguirán obligadas a reservar el 2% de su plantilla
- El Congreso busca reforzar el cumplimiento de la cuota mediante un régimen sancionador más severo
Las empresas de 50 o más trabajadores podrían enfrentarse próximamente a un régimen sancionador mucho más severo si no cumplen con la obligación legal de reservar un 2% de su plantilla a personas con discapacidad. La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados votará este jueves una proposición de ley que eleva la gravedad de este incumplimiento para ciertas pymes dentro de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
La iniciativa, impulsada para reforzar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, no crea una nueva obligación para las empresas, ya que la cuota de reserva existe desde hace años en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Lo que pretende ahora el legislador es endurecer las consecuencias para aquellas compañías que continúen incumpliéndola.
El texto llega a la Comisión con competencia legislativa plena tras superar la fase de enmiendas en el Congreso. Si obtiene el respaldo suficiente, continuará su tramitación parlamentaria antes de convertirse definitivamente en ley.
Las empresas de 50 o más trabajadores seguirán obligadas a reservar el 2% de su plantilla
Uno de los aspectos más importantes de la reforma es que no modifica la cuota de reserva de empleo, una obligación que ya está recogida en la legislación española. Desde hace años, las empresas públicas y privadas con una plantilla de al menos 50 trabajadores deben destinar un mínimo del 2% de sus puestos a personas con discapacidad o, cuando concurran las circunstancias previstas por la normativa, acogerse a las medidas alternativas autorizadas.
Sin embargo, el Gobierno y los grupos que respaldan la iniciativa consideran que el régimen sancionador vigente no ha sido suficientemente eficaz para garantizar el cumplimiento de esta obligación.
La reforma no crea una nueva obligación, sino que endurece las consecuencias de incumplirla
La exposición de motivos de la proposición de ley sostiene que todavía existe un importante número de empresas que incumplen la cuota legal, lo que dificulta el acceso al empleo de las personas con discapacidad.
Por este motivo, la reforma modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para que el incumplimiento de la cuota deje de considerarse una infracción grave y pase a calificarse como una infracción muy grave, con el consiguiente endurecimiento de las sanciones económicas que puede imponer la Inspección de Trabajo.
La medida afectará principalmente a medianas y grandes empresas, ya que las microempresas y la inmensa mayoría de pequeñas pymes españolas quedan fuera de esta obligación al no alcanzar el umbral de los 50 trabajadores.
El Congreso busca reforzar el cumplimiento de la cuota mediante un régimen sancionador más severo
Durante la tramitación parlamentaria, los distintos grupos políticos han presentado diversas enmiendas para modular la futura aplicación de la norma. Algunas de ellas plantean complementar el endurecimiento de las sanciones con medidas que favorezcan el cumplimiento voluntario por parte de las empresas.
Entre las propuestas figura la posibilidad de que el Gobierno evalúe el impacto de la reforma una vez entre en vigor, así como el establecimiento de incentivos para aquellas compañías que superen el porcentaje mínimo de contratación de personas con discapacidad.
Otros grupos también han defendido que, durante un periodo inicial, la Administración priorice los requerimientos para corregir los incumplimientos antes de imponer sanciones, mientras que varias enmiendas reclaman que la aplicación de la norma tenga en cuenta la capacidad real de las empresas para incorporar trabajadores con discapacidad y las dificultades existentes en determinados sectores productivos.
Con esta reforma, el Congreso pretende reforzar el cumplimiento efectivo de una obligación que ya forma parte del ordenamiento jurídico español desde hace años y que busca favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Si la iniciativa supera los últimos trámites parlamentarios, las empresas obligadas deberán extremar el cumplimiento de la cuota de reserva, ya que las consecuencias de incumplirla pasarán a ser notablemente más severas que hasta ahora.
