Al confirmar que analizará la legalidad del uso del valor de referencia catastral como base imponible, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad que puede tener un impacto directo en los bolsillos de miles de autónomos que hayan adquirido inmuebles en los últimos años.
El pasado 8 de julio, el pleno del Constitucional aceptó entrar al fondo del asunto planteado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sobre varios artículos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD) y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
- ¿Qué está cuestionando el Constitucional sobre estos impuestos?
- Afecta a los autónomos que compran locales, oficinas o naves para su negocio
- ¿Por qué se plantea ahora la inconstitucionalidad?
- ¿Qué pasará si el Constitucional declara la norma inconstitucional?
- ¿Qué pueden hacer los autónomos afectados?
¿Qué está cuestionando el Constitucional sobre estos impuestos?
La clave está en el valor de referencia del catastro. Una estimación objetiva que puede ser muy superior al precio real de compraventa, explicó a este medio José María Salcedo, abogado especialista en Derecho Tributario y socio-director del despacho Salcedo Tax Litigation.
Esta cifra, establecida anualmente por la Dirección General del Catastro a partir de estadísticas de notarías y registros, se impone como base de cálculo para impuestos como el ITP o el de Sucesiones, sin que nadie valore físicamente el inmueble.
El fiscalista ejemplificó lo que supone la norma actual para un autónomo: “aunque escriture un local por 200.000 euros, si el valor de referencia es de 400.000, paga impuestos por esa cantidad”.
Y es que, como recordó Salcedo, no se trata del valor catastral clásico (usado para el IBI o la plusvalía municipal), sino de un nuevo sistema de valoración impuesto en 2022 que no tiene en cuenta el estado del inmueble, ni su conservación, ni reformas, ni si ha estado vacío o en ruina. “Es un sistema automático y objetivo, que puede llevar a diferencias del 50% o más sobre el valor real”, advirtió.
Afecta a los autónomos que compran locales, oficinas o naves para su negocio
Este sistema afecta especialmente a los autónomos que compran locales, oficinas o naves, ya sea para iniciar su actividad o ampliar su negocio. Como aclaró Salcedo, el ITP lo paga el comprador cuando el vendedor es un particular y no se aplica IVA.
Además, al tratarse de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas el tipo puede moverse en una horquilla entre el 6% y el 11%. En regiones como Cataluña o Valencia, donde el tipo impositivo del ITP puede alcanzar el 10% o incluso el 11%, una sobrevaloración puede suponer decenas de miles de euros extra en impuestos.
“El impacto es aún mayor en esas comunidades con tipos altos. Si el valor de referencia duplica el de compraventa, el golpe fiscal es tremendo”, señaló el abogado. Y no solo afecta al ITP. También puede aplicarse en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, por ejemplo, en una disolución de una sociedad.
¿Por qué se plantea ahora la inconstitucionalidad?
La cuestión de inconstitucionalidad ha sido promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el marco de un litigio concreto. Según Salcedo, este procedimiento se activa cuando un tribunal considera que, para resolver un caso, debe determinarse primero si la norma aplicada es constitucional.
El punto débil de la norma para este fiscalista radica en que “el sistema de valoración se diseñó para esquivar al Tribunal Supremo, que exigía que Hacienda mandara a un perito a valorar el inmueble personalmente. Como eso era costoso, la administración creó este valor de referencia automático, sin visitas ni inspección real. Y eso es lo que ahora se cuestiona”.
La pregunta que debe responder ahora el Constitucional, según Salcedo, es si es legítimo que el Estado imponga un sistema objetivo de valoración sin permitir métodos alternativos más ajustados a la realidad, como el uso del valor escriturado o una tasación real.
El principio que se invoca es el de capacidad económica, lo que supone “una cuestión similar a la que motivó la inconstitucionalidad del sistema objetivo de cálculo de la plusvalía municipal”.
¿Qué pasará si el Constitucional declara la norma inconstitucional?
La posible inconstitucionalidad de esta norma ahora cuestionada afectaría de lleno a todos los que hayan tributado por el valor de referencia y hayan pagado de más, relató Salcedo, quien también aviso de que el Constitucional suele limitar los efectos de sus sentencias.
“Como ocurrió con la plusvalía municipal, el tribunal podría restringir las devoluciones sólo a quienes tengan reclamaciones vivas cuando se dicte la sentencia”, subrayó.
Por eso, el abogado recomendó que ahora es el momento de reclamar «y mantener viva la vía administrativa o judicial. Quien no lo haga ahora, puede que cuando llegue la sentencia se quede fuera y no pueda recuperar el dinero”.
Salcedó recordó el precedente la revisión constitucional en 2021 del sistema de la plusvalía municipal. Tras la sentencia del Alto Tribunal, el Gobierno respondió creando otro método, más flexible y adaptado a la realidad. Salcedo no descarta una solución parecida con un nuevo “sistema objetivo pero con opción realista alternativa”.
¿Qué pueden hacer los autónomos afectados?
Todo autónomo que haya comprado un inmueble y haya tributado por un valor de referencia superior al escriturado debería consultar con un asesor fiscal. Si no presentó reclamación en su momento, aún puede iniciar el proceso y mantenerlo activo para salvaguardar su derecho a una posible devolución, según explicó Salcedo.
Aunque este fiscalista insistió en que “reclamar no garantiza que vaya a recuperar el dinero, pero no hacerlo sí garantiza que lo perderá si la norma cae”. Además, según los cálculos de este abogado, el Constitucional puede tardar un año o más en resolver, por lo que todavía hay margen para llevar a cabo estas acciones antes de que se conozca la sentencia.
En resumen, la admisión a trámite de esta cuestión de inconstitucionalidad abre una puerta importante para corregir una situación que ha penalizado a muchos autónomos.
