El anuncio del Gobierno de estudiar una armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), estableciendo un tipo mínimo común para todas las comunidades autónomas, ha desatado un debate especialmente sensible en aquellos territorios, como la Región de Murcia, donde actualmente se aplica una bonificación del 99% para familiares directos.
Este impuesto es esencial para garantizar el relevo generacional tan deteriorado en España, sobre todo en zonas rurales. Si el impuesto de sucesiones sube, muchos familiares de autónomos no podrán hacerse cargo de los negocios heredados al serles imposible abonar el tributo. Este problema ya está sucediendo en CCAA que tienen impuestos de sucesiones alto.
Sin ir más lejos, su Consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, fue tajante a este medio: “Establecer un tipo mínimo en este impuesto supone eliminar la capacidad normativa que tienen las comunidades autónomas, algo que desde la Región de Murcia no podemos aceptar”.
La medida, aún en fase de estudio, pretende reducir las grandes disparidades entre territorios. En algunas comunidades los herederos pagan prácticamente cero por recibir un patrimonio, mientras que en otras deben afrontar facturas fiscales que en muchos casos obligan a renunciar a la herencia. Desde el Gobierno regional murciano lo ven con preocupación. “Gracias a esa autonomía fiscal, hemos podido aplicar una bonificación del 99% que ha aliviado mucho la carga tributaria para las familias”, recordó Marín. “La continuidad de los negocios familiares es vital para la economía regional”.
Así tributan los autónomos en 2025 por las herencias familiares en los 19 territorios autónomos
- Andalucía. Bonificación del 100% para cónyuge, padres e hijos. Prácticamente exento.
- Aragón. Exentos hasta 500.000 € por heredero directo. Lo que excede tributa con tarifa general.
- Asturias. Exentos 300.000 € por heredero directo. El exceso paga a tipos elevados (desde 21,25%).
- Baleares. Bonificación del 99% para familiares directos. Herencias casi simbólicas.
- Canarias. Bonificación del 99,9% para cónyuge, padres e hijos. Prácticamente sin tributación.
- Cantabria. 500.000 € exentos por heredero; además, bonificación del 99% para menores de 21 años.
- Castilla-La Mancha. Exentos hasta 300.000 €; el exceso bonificado entre el 80% y el 100%.
- Castilla y León: Bonificación del 99% para familiares directos. Solo se paga un 1% simbólico.
- Cataluña. Reducción de 100.000 € y bonificación decreciente según el importe heredado.
- Comunidad Valenciana. Exentos hasta 1.000.000 € por heredero directo. El exceso tributa al 5%-18%.
- Extremadura. Bonificación del 99% para familiares directos, con ciertos requisitos de patrimonio.
- Galicia. Exentos hasta 1.000.000 € por heredero directo. Tipos bajos (5%-18%) sobre el resto.
- La Rioja. Bonificación del 99% para familiares directos. Impuesto simbólico.
- Madrid. Bonificación del 100% para cónyuge, padres e hijos. No se paga nada.
- Murcia. Bonificación del 99% sobre la cuota. También se aplica al valor de empresa familiar.
- Navarra. Exentos 250.000 € para cónyuge. Tipos bajos entre el 0,8% y el 16%.
- País Vasco:
– Álava y Bizkaia (País Vasco) . Bonificación del 100% para familiares directos. Impuesto suprimido.
– Gipuzkoa (País Vasco): Exentos 400.000 €; el resto tributa al 1,5%-5%.
- Ceuta. Bonificación del 99% si el causante o heredero reside allí. Tributación mínima.
- Melilla. Bonificación del 99% si el causante o heredero reside allí. Tributación mínima.
Al margen de la posición política, también desde el ámbito jurídico hay voces que advierten de los problemas del sistema actual. Abel Marín, letrado especializado en Derecho Sucesorio y socio del despacho Marín & Mateo Abogados, consideró, a preguntas de este medio, que el desequilibrio entre comunidades “es excesivo” y que no puede justificarse desde el principio de equidad.
El que “una misma herencia tribute cero en una comunidad y decenas de miles de euros en otra no puede justificarse desde el principio de equidad”, sostuvo. Su propuesta no pasa por una recentralización total, pero sí por ordenar el sistema: “La descentralización no debería ser sinónimo de arbitrariedad, ni de privilegios territoriales injustificados”.
La disparidad normativa ha alcanzado tales niveles que hoy coexisten 19 regímenes diferentes
Los 17 territorios autonómicos, más Ceuta y Melilla, mantienen regímenes fiscales distintos. Lo que complica la comprensión del tributo incluso para asesores y profesionales del Derecho. “La existencia de 19 regímenes distintos genera confusión y desconfianza. La seguridad jurídica se ve claramente afectada”, advirtió Marín. Desde su punto de vista, una armonización parcial, centrada en mínimos comunes, tramos y límites a las bonificaciones, “mejoraría la comprensión del impuesto y lo haría más aceptable socialmente”.
La Región de Murcia, sin embargo, considera que la verdadera solución no pasa por limitar sus competencias fiscales, sino por reformar el sistema de financiación autonómica. “La Región de Murcia es la peor financiada de España, y esto no sólo es una injusticia, sino que supone un lastre para nuestro desarrollo económico”, señaló el consejero Luis Alberto Marín. En su opinión, la autonomía fiscal ha sido clave para atraer residentes e inversión. “La posibilidad que tiene nuestra comunidad para adaptar, en parte, los impuestos a sus necesidades, como permite la ley actual, es clave para atraer nuevos residentes e inversiones”.
La propuesta de armonización no es la primera medida que despierta recelos en las comunidades con bonificaciones elevadas. “Nuevos tipos mínimos, como ya ocurrió con el Impuesto a las Grandes Fortunas, sólo ha traído más presión fiscal y menos margen de maniobra para las regiones”, afirmó el consejero murciano. “El modelo de competencias actual funciona bien. Lo que hay que reformar es el sistema de financiación, que es el verdadero problema”.
Desde la perspectiva jurídica, Abel Marín alerta de un problema de fondo que va más allá de esta medida concreta: “El turismo fiscal existe, y está provocando una carrera a la baja que desnaturaliza el impuesto”. A su juicio, lo que podría haber sido una herramienta para incentivar eficiencia regional se ha convertido en un instrumento político “sin análisis técnico ni sostenibilidad financiera”. La consecuencia es que “muchas comunidades sienten la presión de bonificar al máximo para no quedar en desventaja comparativa”.
Preocupan los efectos que una armonización tendría sobre las herencias de empresas familiares
“Heredar una empresa conlleva una factura fiscal demasiado alta. Muchas personas se verán obligadas a no poder continuar con la tradición y negocio familiar”, aseguró Luis Alberto Marín. El consejero murciano destaca que se región ha ido más allá de lo que marca la norma estatal: “A nivel estatal existe una bonificación del 95% sobre el valor de la empresa familiar, pero en la Región de Murcia hemos ido más allá: aquí se aplica una bonificación del 99% sobre ese valor, y además otro 99% sobre la cuota total del impuesto”.
Abel Marín defiende que es posible encontrar un punto intermedio. “Se podrían corregir las diferencias mediante la creación de un marco estatal mínimo, que evite los extremos más notables y garantice una base común”, apunta. También sugiere fórmulas de convergencia fiscal progresiva o compensaciones interterritoriales que suavicen el impacto, sin necesidad de imponer una homogeneización total. En su opinión, la clave está en encontrar equilibrio entre autonomía, justicia tributaria y simplicidad normativa.
Más allá del plano técnico, Marín introdujo una reflexión de fondo sobre cómo se está gestionando el debate fiscal en España. “La política tributaria se plantea como un ejercicio contable de recaudación ciega, sin pedagogía y sin honestidad intelectual”, lamentó. A su juicio, el sistema fiscal se ha convertido en un arma de confrontación, donde se promete sin explicar cómo se va a financiar lo prometido. “Si no explicamos qué se gasta, por qué y cómo, hablar sólo de lo que se recauda es manipulación pura”.
En el centro del conflicto está la posibilidad de que una reforma estatal altere un modelo que, con sus diferencias, ha permitido a algunas comunidades usar la fiscalidad como herramienta de política económica. “Nuestra política es clara: usar nuestra capacidad normativa, nuestra autonomía fiscal, para reducir impuestos, atraer inversión y generar riqueza aquí”, afirmó el consejero Luis Alberto Marín. Para él, limitar esa capacidad supondría un retroceso que Murcia no está dispuesta a aceptar.
Abel Marín no se opone a que las comunidades conserven márgenes de maniobra, pero insiste en que, sin una base común, el sistema se degrada. “El mayor problema no es armonizar, sino seguir con el actual caos normativo”, concluyó.
