Miles de autónomos y pequeñas empresas que trabajan con el sector público continuarán un año más trabajando a pérdidas por culpa de la negativa de Hacienda a actualizar de una vez por todas el precio de los contratos que tienen suscritos con la Administración y que llevan congelado décadas. La Ley de desindexación les hace vivir en una paradoja: tienen que subir las nóminas a sus trabajadores por el SMI y pagar más por sus productos a causa del IPC, pero lo que cobran de sus contratos públicos no ha mejorado desde hace años.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró este viernes su negativa ante el Congreso de los Diputados de actualizar los precios que se pagan a las microempresas y autónomos que trabajan con la Administración y que pueden permanecer varios años cobrando un mismo precio por proyecto, siendo que sus costes no hacen más que subir cada ejercicio.
Estos negocios, fundamentalmente autónomos y pequeñas empresas, se dedican a distintas actividades como la vigilancia en edificios municipales o de mantenimiento de infraestructuras públicas, limpieza y cuidados en espacios urbanos, jardinería, reparaciones y obras públicas o gestión de comedores escolares en centros escolares, entre otras. El problema es que cuando suscriben un precio por proyecto con la Administración, ese precio se mantiene estático durante varios años.
Como ya avanzó este diario y lleva denunciando la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) desde hace más de una década, los ingresos de los autónomos que trabajan con la Administración llevan congelados desde hace mucho tiempo. “Mientras el Gobierno se ha propuesto que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suba ejercicio tras ejercicio, los contratos públicos con los autónomos llevan congelados desde hace años, lo que supone una carga insostenible para miles de pequeños negocios”, denunció Lorenzo Amor, presidente de ATA, en su última intervención en el Senado.
Hacienda se niega a indexar los contratos públicos de los autónomos a las subidas del SMI o el IPC
A pesar de las reclamaciones de ATA y otras organizaciones, y de que hay en marcha ahora mismo un proyecto de Ley impulsado por Sumar que busca indexar los precios de los contratos a los aumentos del IPC o el SMI, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó este miércoles permitir esta actualización, aunque su propio Gobierno haya decidido subir el salario mínimo todos los años desde 2018.
En la sesión de control al Gobierno la portavoz económica del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, preguntó a la ministra si tiene intención de permitir esa actualización. La diputada explicó que en los últimos años se está produciendo un aumento de costes por distintos motivos como la subida del SMI -50 euros más en 2025- o del IPC -un incremento de casi el 3% en el último año-.
A pesar de que son costes sobrevenidos que las empresas no pudieron prever en el momento de presentarse a las ofertas y que están lastrando sus márgenes, la ministra de Hacienda se negó ante el Congreso a permitir esta actualización. Según María Jesús Montero, las empresas acuden a esos concursos «sabiendo de antemano» que los contratos se van a desarrollar durante un tiempo y que puede haber cambios en relación con el coste que pueden tener esos servicios.
Por lo tanto, a juicio de la ministra, los autónomos tendrían que adelantarse y prever los incrementos de costes que aprobaría el Ejecutivo en los siguientes años. Y no sólo eso: también los aumentos del coste de vida. Además, Montero se excusó y explicó que esta indexación no se debería llevar a cabo porque podría provocar una «espiral inflacionista» y generar también «efectos de segunda vuelta».
Un argumento que resulta paradójico, dado que al Ejecutivo no le ha temblado la mano en los últimos años para intervenir los salarios que deben pagar los empresarios a sus trabajadores y aumentar hasta ocho veces -y casi un 60%- desde que comenzó su legislatura el SMI.
Desde 2015 no es posible vincular los contratos públicos a ningún índice de referencia
La Ley de Desindexación de 2015 desvinculó la evolución de precios de los contratos públicos de cualquier índice de referencia -como el SMI o el Índice de Precios de Consumo-. Un cambio que se ha mantenido desde entonces.
Debido a ello, el precio que una empresa pacta al inicio de la relación contractual con una Administración local, autonómica o estatal, no puede ajustarse automáticamente a los incrementos que se producen en esos índices, lo que conlleva que los autónomos y negocios con licitaciones públicas deban asumir, sin incrementar sus ingresos, los sucesivos aumentos del salario mínimo y otros costes laborales.
La normativa ha tenido graves consecuencias para las pymes que prestan servicios a la administración pública, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, como dependencia, cuidados, limpieza y servicios deportivos, entre otros.
Debido a la misma, las pequeñas y medianas empresas que operan bajo contratas públicas no pueden renegociar precios para reflejar incrementos en los gastos, como los provocados por las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la inflación.
