Las instituciones catalanas han trabajado en los últimos años para poner en marcha el “Pacte Nacional per la Llengua”. Presentado el pasado 13 de mayo en Barcelona, esta estrategia aspira a extender aún más el catalán en todos los ámbitos de la vida de los catalanes, incluidas las empresas privadas.
Si bien el texto reconoce que el multilingüismo es positivo desde un punto de vista individual, también lamenta que, a pesar de los avances en el conocimiento social de la lengua catalana, esta no haya conseguido convertirse en la preferida por los catalanes en su día a día. Bajo esta premisa, las instituciones catalanas han desarrollado un programa de incentivos y controles que abarca desde la educación hasta el mundo laboral y estará dotado de un presupuesto anual que “no podrá ser inferior” a los 200 millones de euros.
Para las pymes y autónomos, esta perspectiva implicará adaptarse a nuevas normativas, que pueden ir desde la rotulación y comunicación en sus negocios hasta la contratación de sus empleados. Para lograrlo, además de los incentivos y la formación, el acuerdo contempla el endurecimiento y cumplimiento efectivo del Código de Consumo y de la Ley de Política Lingüística.
El objetivo del Govern es integrar más el catalán en las relaciones laborales
Este pacto por la lengua ocupa 138 páginas y, por el momento, obviamente solo puede leerse en catalán, pese a que el castellano también es idioma oficial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Toda una declaración de intenciones.
Con nueve “horizontes de trabajo” o metas y 21 ámbitos de actuación, destaca el sexto, dedicado al mundo del trabajo. Este punto detalla medidas específicas para integrar el catalán en las dinámicas laborales de los autónomos y las pymes. Entre ellas, destacan iniciativas como la oferta de cursos de catalán bonificados, la creación de herramientas para evaluar las necesidades lingüísticas en los centros de trabajo y una línea de subvenciones para que las empresas adopten el catalán. Además, fomenta la traducción de documentación laboral al catalán y la colaboración con sindicatos y patronales para incluir cláusulas lingüísticas en sus acuerdos.
Estas medidas, aunque presentadas como incentivos, sugieren que el catalán ganará peso en la comunicación interna y externa de las empresas. Incluso deja la puerta abierta para que su conocimiento pueda exigirse en la contratación privada, como ya ocurre en las oposiciones del sector público, que establecen requisitos de titulaciones específicas de catalán.
Los convenios se traducirán al catalán y, de ahora en adelante, deberán firmarse preferentemente en este idioma. Para los autónomos, especialmente en sectores como el comercio o la restauración, esto implicará una presión adicional para garantizar que puedan atender a sus clientes en catalán, un requisito que podría convertirse en norma implícita en un entorno cada vez más regulado.
Sanciones y más controles para las pymes
Otro aspecto polémico es el tercer horizonte, que pretende lograr “una lengua plenamente oficial de iure y de facto en las instituciones públicas, las empresas y los servicios”. Así, la oficialidad del catalán se ampliaría desde el sector público a las relaciones empresariales y laborales. Además, no sería suficiente que quedara establecido sobre el papel, sino que prevé mecanismos para que sea “de facto”, lo que, según la Real Academia Española, significa “sin reconocimiento jurídico, por la sola fuerza de los hechos”.
El objetivo general es “garantizar que se puedan llevar a cabo en catalán todas las actividades de consumo, en todas sus modalidades”, entre las que se incluyen “la rotulación, el etiquetado y la información oral, escrita y virtual al consumidor, y también la disponibilidad lingüística activa”.
El texto también desarrolla el concepto de “disponibilidad activa” como “la posibilidad de exigir que las empresas del sector privado correspondan a los usuarios en la lengua que estos prefieran”, preferencia que, según el horizonte contemplado, deberá ser el catalán.
Por otro lado, el plan recuerda que existen “obligaciones lingüísticas en el sector comercial” que, según la normativa vigente, obligan a “redactar, al menos en catalán, la señalización y los carteles de características fijas, los documentos de oferta de bienes o servicios, y realizar los anuncios por megafonía, al menos, en catalán”. En concreto, el Código de Consumo y la Ley de Política Lingüística catalana no solo regulan estos aspectos, sino que incluyen desde advertencias hasta un régimen sancionador que puede implicar multas de hasta un millón de euros para las infracciones consideradas “muy graves”, en las que se demuestre un perjuicio significativo o una actitud de desafío deliberado.
