El 28 de abril, poco antes del mediodía, una anomalía eléctrica en cascada provocó un corte masivo en el suministro de energía en la España peninsular y parte de Portugal.
Comercios, talleres, restaurantes, clínicas y cientos de negocios interrumpieron de forma abrupta su actividad durante varias horas al quedarse sin luz. Las pérdidas, estimadas por la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), fueron de 1.300 millones de euros.
Ahora, casi dos meses después, los informes oficiales que debían arrojar luz sobre lo ocurrido no ha resuelto la cuestión fundamental: ¿quién fue el culpable?
- El informe del Gran Apagón no aclara las responsabilidades
- Las aseguradoras no pueden actuar sin un culpable
- El informe complica que los negocios puedan reclamar los daños
- Los autónomos afectados continúan indefensos sin poder reclamar
El informe del Gran Apagón no aclara las responsabilidades
Tanto el documento presentado por el Comité Técnico de Análisis del Ministerio para la Transición Ecológica como el de Red Eléctrica, coinciden en referirse a un “origen multifactorial” del fallo. En otras palabras, fue culpa de todos y de nadie a la vez: un fallo coordinado entre productores, distribuidores y operadores, sin que se identifique un autor principal.
“Es una muestra clara de lo que sucede cuando nadie quiere asumir consecuencias”, afirmó Claudio Aros, consultor de aseguradoras y profesor de la OBS Business School. “Se sabe que el tema es complejo, pero nadie quiere hacerse cargo. Y el Gobierno, que ha tardado mucho en publicar el informe, lo ha hecho para no decir nada”.
Las aseguradoras no pueden actuar sin un culpable
Este limbo jurídico y técnico tiene una consecuencia inmediata para los negocios afectados que siguen saber a quién dirigir sus reclamaciones. El experto en seguros consultado recordó que sólo “cuando se tenga claro de quién es la culpa las aseguradoras podrían intentar exigir que se les pague el daño. Lo que se llama repetir, ya que si han pagado a sus clientes, ahora intentan recuperar su dinero por quien causó el daño” y aseguró que debido a la ambigüedad, de momento, “no pueden hacer nada”.
En el departamento técnico de una de las aseguradoras consultadas se limitaron a confirmar que “aún se están recogiendo reclamaciones” y que no tienen un criterio claro de a quién repercutir los costes. A día de hoy, ninguna compañía ha anunciado acciones legales contra ninguno de los agentes que podrían estar implicados.
Lo que sí pueden y deben hacer los negocios es revisar su póliza. Aros insistió en que “seguimos exactamente en el mismo punto” que el día después del apagón y recomendó “comprobar si la cobertura incluye daños eléctricos, verificar si esta situación está excluida y documentar muy bien los daños sufridos”. Pero incluso en esos casos, la indemnización puede tardar, ya que algunas aseguradoras condicionan el pago a que se aclare la causa.
A largo plazo, si el sector asegurador detecta negligencia en la gestión del sistema eléctrico, podría iniciar demandas. Pero, como aclaró Claudio Aros, esto se hará con base en el Principio de Subrogación (artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro): “Una vez indemnizado el asegurado, la aseguradora se subroga en sus derechos y puede actuar contra el tercero responsable. Pero si no hay responsable, no hay a quién reclamar”.
El informe complica que los negocios puedan reclamar los daños
Desde el plano jurídico, la situación tampoco es halagüeña. Antonio Valmaña Cabanes, abogado y director del área de Litigación y Arbitraje en Ceca Magán Abogados, subrayó que “el informe complica mucho las reclamaciones por daños. Difumina la causa y, con ello, la identificación de un responsable claro”.
Aun así, Valmaña reconoció que el texto “hace múltiples referencias a la actuación del operador del sistema, en este caso Red Eléctrica”. Aunque esas actuaciones –como el intento de amortiguar las fluctuaciones de tensión– terminaron por aumentar la tensión en algunos tramos, “difícilmente se podría apreciar responsabilidad si las medidas adoptadas resultaban razonables dentro de un marco básico de diligencia”, añadió.
Otras fuentes conocedoras de estos procesos litigantes coincidieron, al explicar a este medio que “hasta que no quede claro quién es el culpable, cualquier abogado que aconseje iniciar ya una demanda no está siendo transparente con sus clientes”. Puesto que “no va a prosperar” y debería explicar que si se interpone ahora una denuncia «el proceso irá para largo y sólo más adelante se podrá ver contra quién se interpone”.
En otras palabras, iniciar ahora una demanda puede suponer una pérdida de tiempo y dinero para los afectados.
Los autónomos afectados continúan indefensos sin poder reclamar
Tras casi dos meses de espera, la sensación de abandono crece entre los autónomos y pequeños negocios que sufrieron pérdidas cuantiosas como consecuencia del Gran Apagón. A los daños generados por un fallo que no causaron se añade ahora la incertidumbre jurídica que impide a su aseguradora resarcirles o, a ellos mismos, demandar.
Mientras tanto, los actores implicados (productores, distribuidores, operadores y gobierno) siguen escudándose en la complejidad del sistema eléctrico español, sin que nadie asuma plenamente la responsabilidad.
La pelota está ahora en el tejado de las aseguradoras, que analizan si hubo negligencia, y en el de los abogados, que sopesan si iniciar acciones pese a la falta de claridad.
