- El Tribunal de Cuentas propone una modificación normativa para mejorar la concesión de prestaciones
- La Seguridad Social estaría analizado esta alternativa
- El Tribunal de Cuentas señala que es necesario optimizar la gestión de citas
- El Tribunal también observa desigualdad entre ciudadanos en función de la provincia
El Tribunal de Cuentas (TC) ha sugerido en un reciente informe al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que reconozca de oficio las prestaciones de los autónomos y demás contribuyentes.
Según señala el Informe de fiscalización de la atención al ciudadano en las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social (ejercicio 2023), “el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Seguridad Social se efectúa previa solicitud del interesado. Y no contempla la normativa la posibilidad de que un procedimiento pueda ser iniciado de oficio”. Lo que, según los expertos, genera muchas veces demoras innecesarias.
En el documento, el tribunal analiza las limitaciones que presentan los canales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Como el sistema de identificación telefónica, que impide llevar a cabo ciertos trámites, como sucede con la solicitud de prestaciones.
Además, el Tribunal ha propuesto también acortar los trámites para las propuestas de concesión una vez que se ha comprobado que el contribuyente cumple con todos los requisitos para acceder a la prestación. Un procedimiento que “podría ser viable” para determinadas prestaciones de las que se disponen datos y cálculos de forma automatizada. Asimismo, este procedimiento ayudaría a “descargar la presión asistencial de las oficinas”.
Según explicó a este medio Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), este cambio respondería a una de las demandas históricas del colectivo. Sin embargo, aclaró que, aunque estos cambios serían muy beneficiosos si se llevaran a cabo, se requerirían modificaciones en la gestión del dato que se realiza de los ciudadanos para poder simplificar los trámites.
“Se podría conceder de oficio, si la Seguridad Social dispusiera de toda la información que obra en poder de la Agencia Tributaria (AEAT). Pero no la tiene; por eso se requiere que el interesado aporte su información. Sería más sencillo, si, como ejemplo, el contribuyente concediera directamente su consentimiento para que la Seguridad Social consultara sus datos en la AEAT. A partir de ahí, se podría conceder de oficio”.
El Tribunal de Cuentas propone reformar la ley para facilitar el acceso a las prestaciones
A este respecto, el tribunal recomienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad técnica del reconocimiento de oficio para determinadas prestaciones. “Y, en su caso, impulsar la correspondiente modificación normativa, un cambio que simplificaría los trámites para los beneficiarios».
En primer lugar, para comenzar a agilizar las gestiones en prestaciones, las señaladas por el Tribunal cuyos datos y cálculos “están disponibles de forma automatizada” y que podrían reducir la carga asistencial son Nacimiento y Cuidado del Menor, Muerte y Supervivencia, y Viudedad y Orfandad.
“Con el nuevo sistema y una mejor comunicación de los datos por parte de la Agencia Tributaria esperamos que esto sirva algo. Ya que el nuevo sistema para el RETA aporta muchísima más información sobre los propios autónomos, lo que podría beneficiarles desde la automatización de ciertos procedimientos de concesión de prestaciones. Pero, también influyen los requisitos que tenga cada prestación, como el cese de actividad. Tiene que haber una verificación de los requisitos, por mucho que se acelere la tramitación. Ahora mismo, esta es manual y muy dificultosa”.
Como detalló Ferrero, para que el reconocimiento de oficio de las prestaciones se pudiera agilizar, la Seguridad Social tendría que contar con más datos, algo alcanzable con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales y con la mayor comunicación a la que se está encaminando con la AEAT y con las Haciendas forales. Pero se necesita de una mejor coordinación del suministro de información, desde el punto de vista de la cooperación entre Administraciones.
En ese sentido, “lo ideal sería que se pudiera acceder a toda la información por parte de cualquier Administración. Que se centralizara de manera individualizada a través de la carpeta ciudadana, y que el contribuyente diera permiso a las administraciones para acceder a todos los datos que están en las otras administraciones. Pero la Seguridad Social tiene que pedir permiso para solicitar y cotejar la información con la AEAT. La propuesta del Tribunal está muy bien, pero se requiere ese cambio estructural en la gestión del dato del administrado”.
El Tribunal recuerda, además, que la Seguridad Social maneja un presupuesto «considerable» en pensiones y otras prestaciones, que en 2023 ascendió a más de 180.012 millones de euros.
La Seguridad Social estaría analizado esta alternativa
Asimismo, el documento recoge que, en el trámite de alegaciones, la Seguridad Social ha indicado que “está analizando diferentes propuestas, en línea con lo contenido de dicha recomendación”, para llevar a cabo una modificación de la Ley General de la Seguridad Social. A fin de combinar el desarrollo tecnológico y la información disponible de los contribuyentes para anticipar las demandas.
En este sentido, se encuentra “considerando el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones cuando se den los supuestos de hecho y se cumplan los requisitos previstos en la legislación, introduciendo la posibilidad de reconocerlas de oficio”.
El Tribunal de Cuentas señala que es necesario optimizar la gestión de citas
El documento también subraya que, a pesar de que el INSS ha conseguido restaurar en 2024 el 76% de su atención presencial anterior a la pandemia, no cuenta aún con información sobre la cantidad de interacciones que son necesarias para finalizar un mismo trámite, en un contexto donde existen dificultades para los contribuyentes a la hora de conseguir una cita previa.
En ese sentido, el informe también sugiere optimizar la gestión de citas para ampliar la disponibilidad. Un cambio para que los autónomos y el resto de contribuyentes puedan resolver más fácilmente los trámites que necesiten llevar a cabo.
Las gestiones a las que quieren acceder los contribuyentes también se complican porque “la información proporcionada en la web de la Seguridad Social sobre los canales de atención, trámites disponibles, líneas telefónicas y horarios no es exhaustiva”. Esto dificulta que los ciudadanos puedan seleccionar la opción más adecuada.
A su vez, dentro de la autogestión online que se promueve desde la Administración, falta, como ejemplo, adaptar formularios estructurados para diferentes trámites en sus subcanales.
El Tribunal también observa desigualdad entre ciudadanos en función de la provincia
Además, los trámites que hay que realizar previos a la solicitud de prestaciones o cualquier otra gestión revelan también diferencias que surgen según la provincia desde la que se realicen los trámites.
Al analizar las incidencias generales tanto en citas previas presenciales, como telefónicas, y las incidencias en las capturas de los datos de solicitud para prestaciones (atención indirecta), se revelan “diferencias de trato en el acceso a las prestaciones en función de su provincia de residencia”.
Estas se ven condicionadas por las “importantes limitaciones” para acceder a una cita tras presentar la solicitud de la prestación, así como por los distintos tiempos de captura según el territorio, factores que influyen en retrasos en las tramitaciones y resoluciones de los expedientes.
