Los errores fiscales, fundamentalmente por leyes mal hechas, están generando una factura multimillonaria que pagan todos los contribuyentes. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), sólo en la última década, las arcas públicas han asumido una media de 1.000 millones de euros anuales por pleitos perdidos ante los tribunales. El coste total asciende ya a 22.000 millones, y quedan aún 12.500 por pagar.
Las derrotas judiciales de la Administración afectan sobre todo a impuestos anulados o declarados inconstitucionales, como el modelo 720, la plusvalía municipal o el céntimo sanitario. Normas impuestas sin contemplaciones, tumbadas con posterioridad por los tribunales, sin que nadie en Hacienda asuma las consecuencias, según afirmaron los expertos consultados por este medio. En paralelo, cualquier error de forma cometido por un autónomo se traduce en sanciones inmediatas, recargos e intereses.
“Los errores de Hacienda en materia tributaria generan deficiencias que, además de afectar a la seguridad jurídica de los contribuyentes, generan conflictos judiciales que podrían evitarse con una mejor planificación y control de la normativa fiscal”, explicó a este diario Jaime Martínez Tascón, profesor en OBS Business School y director de Inveretik Gestión Patrimonial.
Las reformas fiscales se aprueban con carácter urgente, sin el suficiente debate o análisis de sus consecuencias
En su último informe sobre riesgos fiscales, la Airef identifica un patrón que se repite: el uso inadecuado del Real Decreto-ley para modificar tributos y una falta sistemática de evaluación previa. Muchas de estas normas fueron aprobadas deprisa y corriendo, con el único objetivo de aumentar la recaudación en contextos económicos o políticos delicados.
“En muchas ocasiones, las reformas fiscales se aprueban con carácter urgente, sin el suficiente debate parlamentario, ni análisis detallado de su impacto. La falta de una evaluación exhaustiva puede llevar a errores en el diseño de los tributos o a la vulneración de principios constitucionales y del derecho europeo”, añadió Martínez Tascón. Esto explica, según el experto, por qué tantas medidas han acabado anuladas por el Tribunal Supremo, el Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia de la UE.
El contraste con lo que vive un autónomo resulta difícil de digerir. Los expertos ponen como ejemplo a un profesional que comete un fallo involuntario en un modelo trimestral puede ser sancionado con recargos automáticos, intereses acumulados y multas que no siempre se pueden recurrir. «No importa que la normativa cambie con frecuencia o que el sistema telemático tenga errores: la responsabilidad recae siempre en el contribuyente».
“La diferencia en el trato entre pequeños contribuyentes y la propia Administración muestra una evidente asimetría en la responsabilidad fiscal. Mientras Hacienda aplica sanciones implacables a autónomos y pymes por errores mínimos, sus propios fallos, que generan pérdidas millonarias para el Estado y los ciudadanos, quedan sin consecuencias”, denunció el profesor en OBS Business School.
Cuando Hacienda comete errores, se quejan los expertos, no hay sanciones ni responsabilidades políticas o técnicas
La autoridad independiente ha detallado algunas de las principales derrotas judiciales que explican esta factura de 22.000 millones. Por ejemplo, los más de 1.300 millones por errores en el Impuesto de Sociedades o los 1.671 millones devueltos por el céntimo sanitario. En todos estos casos, la justicia dio la razón a los demandantes, pero ningún alto cargo asumió responsabilidad política o técnica.
“Cuando Hacienda comete errores en la aplicación de tributos que luego son declarados inconstitucionales o contrarios al derecho europeo, no hay sanciones ni responsabilidades individuales para los funcionarios o legisladores que aprobaron dichas normativas. Sin embargo, un autónomo o una micropyme que comete un error, incluso involuntario, es sancionado con recargos, intereses y multas”, recordó Martínez Tascón.
Entre los casos más recientes destacan la devolución del IRPF a pensionistas de mutualidades, el fallo sobre el IAE a operadores de telefonía móvil o la declaración de nulidad del tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Este último caso puede suponer por sí solo hasta 6.500 millones de euros de devolución, según cálculos del propio organismo fiscal.
La situación genera desconfianza y desprotección entre los pequeños negocios. “Esta doble vara de medir propicia una sensación de injusticia y desprotección en los pequeños empresarios y autónomos. Perciben que la normativa se aplica con rigidez para ellos, pero con indulgencia cuando los errores provienen del propio Estado”, afirmó Martínez Tascón. Un sentimiento cada vez más extendido en sectores que ya operan bajo presión regulatoria constante.
La Airef denuncia también que buena parte de estos litigios podrían haberse evitado con mejor técnica legislativa. Muchos fallos se deben a que los nuevos impuestos no respetaban principios básicos como la no retroactividad, la proporcionalidad o la competencia autonómica. “Errores que, si los cometiera un particular, serían motivo de inspección y sanción inmediata”, recuerda el experto.
Los 22.000 millones que se han perdido por errores legales habrían permitido medidas de alivio fiscal
A lo largo de los últimos tres años, el Estado ha acumulado sentencias firmes en su contra por más de 12.500 millones, a las que apenas ha comenzado a hacer frente. A esto se suman litigios aún abiertos que pueden agravar el déficit público en los próximos ejercicios.
El profesor Martínez Tascón se pregunta qué se podría haber hecho con esos 22.000 millones si no se hubieran perdido por errores regulatorios del Estado. “Si este dinero se hubiera utilizado de manera eficiente, habría permitido implementar medidas de alivio fiscal, incentivar la inversión empresarial y mejorar el acceso a ayudas sociales para los colectivos más vulnerables”, asegura.
La cifra total representa aproximadamente el 1,5% del PIB español, lo que pone de relieve su magnitud. Se trata de un dinero que, en vez de mejorar la situación de los contribuyentes, se ha usado para corregir decisiones mal tomadas desde la Administración. “Esta pérdida refleja una gestión ineficiente de los recursos públicos, que podría haberse evitado con un mejor diseño de las políticas fiscales”, concluyó el experto.
“Si en lugar de destinar estos fondos a pagar errores administrativos y devoluciones forzadas se hubieran dirigido a aliviar la carga fiscal de autónomos y pymes o mejorar el bienestar social, el impacto económico y social habría sido significativamente más positivo”. Martínez Tascón subrayó que lo que falla es el diseño previo, no tanto la ejecución.
La AIReF pide ahora una mayor transparencia sobre los procesos judiciales abiertos, el riesgo económico que implican y las previsiones de impacto presupuestario. Reclama también que se evalúe mejor la legalidad de las reformas fiscales antes de su aprobación y que se frene el uso del Real Decreto-ley para fines recaudatorios, sin control jurídico suficiente.
