La economía española se está ralentizando y los síntomas ya se perciben en la economía real con una caía del número de empresas de menor tamaño y mayor carga fiscal para los autónomos. Así lo recoge el último informe de coyuntura económica del Instituto de Estudios Económicos (IEE), presentado por su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo.
Según el documento, uno de los principales obstáculos para el crecimiento de las pequeñas empresas en España es la baja calidad del entorno regulatorio e institucional. Este marco adverso coincide con una desaceleración del Producto Interior Bruto (PIB): tras un crecimiento del 3,2% el pasado año, el IEE prevé un aumento del 2,3% en 2025 y una nueva caída al 1,8% en 2026.
Durante la presentación, Izquierdo señaló que España se encuentra «con un entorno que no ayuda a sembrar un clima favorable al crecimiento de la actividad empresarial”. Y apuntó un cierto deterioro «en relación a las previsiones anteriores, como consecuencia de las incertidumbres, tanto exteriores como nacionales”.
- El impacto recae sobre los autónomos, que soportan la mayor carga fiscal
- Los costes laborales suben y la reducción de jornada añadiría una carga de 23.000 millones
- España cae en los rankings europeos por su inestabilidad institucional
La burocracia y la presión fiscal recae sobre todo en los autónomos
Uno de los puntos destacados de la presentación fue el diferente impacto que estas condiciones tienen según el tamaño empresarial. A preguntas de este medio, el presidente del IEE explicó que los pequeños negocios y los autónomos son los más perjudicados. “La empresa pequeña y el autónomo han sido fundamentalmente los que más se han visto impactados”, afirmó Íñigo Fernández de Mesa.
Según sus palabras, esto se debe no sólo a la incertidumbre política y la inseguridad jurídica, sino también a la presión fiscal acumulada en los últimos años. “España ha sido uno de los pocos países que, a pesar de tener una pandemia como la que hemos tenido con el impacto económico que ha tenido, ha habido un aumento de la presión fiscal muy significativa”, recordó.
De ese incremento, el IEE estima que el 85% ha recaído sobre el tejido empresarial, “y la empresa pequeña, el autónomo, ha sido el que más lo ha soportado”, insistió el presidente del Instituto.
Esta coyuntura ha llevado, según Fernández de Mesa, a un efecto directo y medible: “se está produciendo un cierre muy importante de muchos negocios”. Añadió también que “la empresa de mayor tamaño tiene más palancas para poder asumir estos costes [el fiscal y otros que han aumentado], pero la empresa pequeña y el autónomo se han visto mucho más resentidos”.
El informe también constata que las pequeñas empresas están perdiendo protagonismo en la creación de empleo frente a las grandes. Según los datos analizados a partir de la serie de la Seguridad Social, la afiliación continúa creciendo, pero con una desaceleración gradual y un papel cada vez más limitado de las empresas de menor tamaño.
Los costes laborales suben y la reducción de jornada añadiría una carga de 23.000 millones
El estudio señala que la remuneración de los asalariados creció en 2024 un 7,7%, mientras que el excedente bruto de explotación lo hizo solo un 4,1%. Además, los impuestos crecieron un 8,4%. Para el IEE, esta pérdida de peso de las rentas empresariales respecto al conjunto de la economía está vinculada con la debilidad de la inversión.
Así, el documento recoge las estadísticas de Eurostat para constatar que “el coste laboral unitario en el primer trimestre fue, en España, un 30,2% superior al del mismo periodo de 2019, mientras que, en el promedio de la eurozona, el incremento ha sido del 23,6%”.
Durante la presentación, Gregorio Izquierdo añadió que “la inversión, que es muy sensible a la confianza, se ha deteriorado”, y alertó del efecto que podrían tener nuevas medidas legislativas que supongan un aumento de los costes “siempre y cuando no incorporamos medidas de aumento de costes sobrevenidas”.
Entre estas posibles medidas, se mencionó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aunque Fernández de Mesa explicó que sus efectos no han sido incluidas en estas previsiones porque consideran que finalmente será aprobada y recordó que su debate ha sido aplazado ante la falta de una mayoría que lo apoye en el Congreso.
En todo caso, Izquierdo puntualizó que de salir adelante, “se ha estimado que puede costar la reducción de jornada para la empresa española es del orden de 23.000 millones de euros”.
España cae en los rankings europeos por su inestabilidad institucional
El IEE ha incorporado al informe varios índices que miden la calidad del entorno institucional y normativo ya que “constituye uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento óptimo de una economía de mercado”.
En todos ellos, España queda en posición desfavorable frente al conjunto de la Unión Europea (UE). En el índice de inestabilidad institucional, el país ocupa la novena posición entre 35 países, y en el de corrupción política está entre los 15 con mayor presencia de este problema dentro de la OCDE.
En comparación con otros países europeos, España presenta una deficiencia regulatoria un 33,4% superior al promedio de la UE, lo que la sitúa en el puesto 12 de 34 economías analizadas. Además, la inestabilidad institucional se encuentra un 41,5% por encima de la media, lo que afecta directamente a la planificación empresarial y al clima de confianza necesario para emprender.
“El deterioro institucional observado en los últimos años compromete la capacidad de crecimiento de la economía española y su competitividad en el ámbito internacional”, señala el documento. Según el Instituto, este deterioro se manifiesta en distintos frentes: desde la inseguridad jurídica hasta la volatilidad regulatoria, pasando por el uso abusivo de los Reales Decretos-Ley y el exceso de cargas administrativas.
Izquierdo explicó que estos indicadores tratan de «dar una aproximación no solamente cualitativa como es habitual en el Instituto, sino también cuantitativa y sobre todo de análisis comparado de lo que es la deficiencia regulatoria, el control institucional o la inestabilidad institucional”.
Para enmendar estos problemas crecientes, los expertos del IEE recomiendan reforzar la seguridad jurídica, mejorar la calidad normativa, reducir el exceso de intervención pública y favorecer la inversión empresarial.
Sólo así, concluye el informe, se podrá “restablecer la confianza de los agentes económicos” y favorecer una recuperación sólida y sostenible, especialmente para los autónomos y las pequeñas empresas, que son los primeros en notar los efectos del deterioro institucional.
