El Congreso aprobó este jueves el nuevo paquete de medidas diseñadas unilateralmente por el Gobierno para frenar el impacto de la subida de aranceles emprendida por Estados Unidos. Como ya avanzó este diario, miles de empresas españolas y sus proveedores –en especial, los autónomos– podrían verse afectados por esta guerra arancelaria, que supondría, de momento, un 20% de incremento general a los productos de la Unión Europea y un 25% a sectores como la automoción.
Este nuevo «Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial», que acaba de convalidar el Congreso promete ayudas para proteger a todos estos negocios y sus trabajadores, que podrían verse afectados de una u otra manera por los nuevos aranceles estadounidenses. Estas medidas incluyen distintos mecanismos muy similares a los de la pandemia o a la escalada de precios tras la Guerra de Ucrania: financiación avalada por el ICO, planes específicos para el sector del automóvil, ayudas para empresas especialmente afectadas o ERTE, entre otras medidas.
Ahora bien, al igual que sucedió con esas ayudas, parece que estas medidas volverán a estar supeditadas a ciertas condiciones. Por ejemplo, al compromiso de mantenimiento del empleo. Esta semana se habría pactado con el grupo parlamentario Esquerra Republicana la introducción de una serie de requisitos que impidan a las empresas beneficiarias de las ayudas despedir a causa del aumento de costes por la subida de aranceles. Esta misma obligación ya se impuso en las dos anteriores crisis.
Faltará ver en todo caso cuáles de todas estas medidas irán vinculadas al mantenimiento del empleo, puesto que pocas de ellas –por no decir ninguna– son ayudas directas como tal para los autónomos y pymes afectados.
¿Qué ayudas por los aranceles se han aprobado para las pequeñas empresas?
El nuevo Plan aprobado por el Congreso establece, en primer lugar, dos líneas de avales y financiación intermediada del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que estarán dotadas con 6.000 millones de euros para facilitar el acceso de los autónomos y pequeños negocios a financiación y satisfacer sus necesidades de circulante. Previsiblemente, estos préstamos sean muy similares a los que se pusieron en marcha a raíz de la subida de costes por la Guerra de Ucrania, con pocos requisitos y destinados a cubrir el pago de facturas, local o suministros, entre otros.
El objetivo, según explicó el Gobierno, sería contribuir a paliar las posibles tensiones de liquidez que puedan generarse por la disminución de los ingresos derivada de la imposición de nuevos aranceles, así como para la realización de proyectos de reconversión de las empresas.
Por otro lado, el plan refuerza el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), con un incremento de su presupuesto de 200 millones adicionales, hasta los 700 millones de euros, para contribuir a apoyar los proyectos de exportación e inversión en el exterior de las empresas españolas afectadas por las medidas arancelarias establecidas por Estados Unidos.
Asimismo, se incluye una dotación de 20 millones adicionales para financiar operaciones no reembolsables y seguir apoyando las iniciativas estratégicas de política comercial internacional de España, y los proyectos de diversificación en terceros países de las empresas españolas afectadas por la política proteccionista de Estados Unidos.
El plan amplía además la cobertura que ofrece CESCE a las empresas (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), con un aumento del límite máximo de cobertura desde los 9.000 hasta los 15.000 millones de euros, lo que permitirá la movilización inmediata de 2.000 millones en coberturas destinados a proyectos internacionales afectados por los nuevos aranceles.
Esta ampliación permitirá ayudar a las empresas afectadas buscar mercados adicionales y alternativos. El objetivo es, en colaboración público-privada, favorecer la estrategia internacional de las empresas mediante la cobertura de los riesgos.
También se prevén 500 millones para ayudar a la internacionalización de los pequeños negocios y todo un plan específico del ICEX que ayudará a los sectores afectados por el nuevo escenario comercial a «afianzar su posición en Estados Unidos y acceder a nuevos mercados», apuntó el presidente. Para articular todas estas medidas y garantizar su buena ejecución, se creará una Comisión Interministerial para la Respuesta y el Relanzamiento Comercial, que presidirá el ministro Carlos Cuerpo.
Por último, el Gobierno también activará el mecanismo RED, que «permitirá mantener plantillas y ayudar a los empleados de las empresas más golpeadas por la guerra comercial hasta que su actividad se recupere, de una forma parecida a como actuaron los ERTE durante la pandemia», explicó Pedro Sánchez.
Las medidas para autónomos afectados por los aranceles vuelven a impedir el despido
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de Carlos Cuerpo habrían cerrado ya un acuerdo que condicionarás cualquiea de estas ayudas al compromiso de las empresas de mantener el empleo. Esta medida buscaría blindar el empleo en estos sectores afectados por los posibles aranceles de Estados Unidos.
Como ya avanzó en su momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estas medidas volverán a traer condiciones para las pequeñas empresas beneficiarias.
Según anunció Díaz, el Ejecutivo protegerá «con toda la contundencia» al tejido productivo del impacto de la política arancelaria de Estados Unidos. Pero esto no se hará de «manera incondicional». La ministra advirtió que estas ayudas a las empresas afectadas estarán condicionadas a que mantenga el empleo y no se deslocalicen.
Tal y como apuntó la ministra, «si las empresas lo precisan, se van a acoger a los mejores mecanismos de protección social que son los ERTE y el mecanismo RED». Sin embargo, volverán a tener prohibido despedir. Seguramente, el plazo de obligación de mantenimiento del empleo vuelva a ser de seis meses, como sucedió durante la pandemia. Todavía no se sabe si esta prohibición afectará también a otras subvenciones o herramientas de financiación previstas en el plan
Al parecer, las nuevas condiciones pactadas establecen que las ayudas destinadas a mitigar los efectos de los aranceles deberán traducirse en el mantenimiento de puestos de trabajo y en la continuidad de la actividad económica en las empresas beneficiarias. Todavía faltará ver cuáles de las medidas aprobadas llevan vinculado este compromiso de mantenimiento del empleo.
