El Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica (PLIAE), actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, pretende modernizar el marco normativo industrial de España, sustituyendo una norma de 1992.
Esta reforma, parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, según el texto, pretende “potenciar la competitividad, sostenibilidad y autonomía estratégica” del sector industrial, con medidas específicas para apoyar a las pequeñas empresas.
En concreto, propone simplificar y agilizar la burocracia para fomentar “un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo industrial, especialmente para la creación, desarrollo y adaptación a los cambios estructurales de las pequeñas empresas”. Sin embargo, los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierten el texto introduce «nuevas cargas» y «contradice la simplificación».
- Principales cambios del PLIAE para autónomos y pymes
- Simplificación de los procesos administrativos
- Mecanismos financieros y de apoyo
- Centrada en la transformación digital y la sostenibilidad
- Certificaciones para facilitar las contrataciones públicas
- Apoyo al talento y la formación
- Reindustrialización y protección del empleo
- Nuevas estructuras de gobernanza y coordinación
- Acceso a datos e información del mercado
- Simplificación de los procesos administrativos
- Los expertos de Fedea critican que la falta de precisión puede generar más burocracia
- El PLIAE podría mejorar en el Congreso
Principales cambios del PLIAE para autónomos y pymes
El PLIAE abarca actividades manufactureras, logísticas y servicios industriales (ingeniería, formación especializada, software industrial), incluyendo a autónomos que ofrezcan servicios como consultoría o diseño industrial, entre otros.
Este proyecto sustituye a la Ley 21/1992 de Industria y se alinea con las estrategias industriales de la Unión Europea basadas en digitalización, sostenibilidad y resiliencia. Además, introduce nuevas estructuras de gobernanza, mecanismos de apoyo y simplificaciones regulatorias que se espera que beneficien a pymes y autónomos. Los cambios más destacados son:
Simplificación de los procesos administrativos
Promueve procedimientos administrativos simplificados para reducir la carga burocrática de pymes y autónomos, especialmente en la obtención de permisos, certificaciones y autorizaciones para actividades industriales.
La creación del Visor Cartográfico Estatal Industrial ofrecerá una plataforma digital centralizada con datos sobre zonas industriales, infraestructuras y servicios, facilitando a pymes y autónomos la identificación de oportunidades y la planificación de inversiones.
Habrá un plazo máximo de resolución para trámites relacionados con la seguridad industrial, con una regla de silencio administrativo negativo para garantizar claridad y evitar retrasos.
Mecanismos financieros y de apoyo
El artículo 24 prioriza medidas específicas para fomentar la creación, crecimiento e internacionalización con “orientación a la pyme y al emprendimiento industrial”.
Para lograrlo, la propuesta facilita el acceso a financiación pública y subvenciones, incluidas ayudas no competitivas para iniciativas estratégicas. De esta forma, se reduce la presión sobre las pymes, que no tendrán que competir con grandes empresas para participar en los Ecosistemas Industriales Estratégicos y en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), financiados con miles de millones de euros.
También refuerza el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) para proporcionar respaldo financiero a inversiones industriales, con un enfoque en pymes, lo que facilita el acceso a préstamos y subvenciones para modernización o expansión.
Centrada en la transformación digital y la sostenibilidad
El proyecto destaca la digitalización y la transición verde como objetivos clave, ofreciendo a pymes y autónomos apoyo para adoptar tecnologías como gestión de datos, desarrollo de software y soluciones de Industria 4.0.
Los poderes públicos deberán ayudar a las pymes intensivas en energía a mejorar su sostenibilidad (descarbonización y el uso de energías renovables)
Además, la ley obligará a “articular medidas que fomenten la participación de pymes en ecosistemas colaborativos y clústeres” para acceder a recursos compartidos y redes de innovación, reduciendo costes y mejorando la competitividad.
Certificaciones para facilitar las contrataciones públicas
Las certificaciones de impacto y calificaciones financieras serán voluntaria, pero permitirán a las pymes demostrar sus contribuciones económicas, sociales y ambientales, mejorando su credibilidad y acceso a mercados y financiación.
El gobierno podrá reconocer, mediante una certificación para la autonomía estratégica, a las pymes que produzcan bienes críticos, otorgándoles prioridad en contrataciones públicas y proyectos estratégicos.
Apoyo al talento y la formación
Impulsará el desarrollo del talento industrial, con un enfoque en habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), priorizando las necesidades del mercado para que las pymes encuentren trabajadores cualificados de acuerdo con sus requerimientos reales.
Para ello, se priorizan programas de formación para jóvenes, pero también para los trabajadores en activo, con sistemas de «recualificación» adaptados a las demandas industriales.
Reindustrialización y protección del empleo
Una Mesa de Reindustrialización tratará de mitigar el impacto de cierres o reducciones industriales. Para que esta planificación sea posible, las empresas deberán comunicar cierres o reducciones de plantilla con antelación. A través de la Mesa, las pymes y los autónomos dispondrán de más tiempo para adaptarse o proponer alternativas para mantener la actividad económica.
Nuevas estructuras de gobernanza y coordinación
La Conferencia Sectorial de Industria y Pyme será el instrumento mediante el cual se coordinarán las autoridades nacionales y regionales, abogando por políticas específicas para pymes y reduciendo disparidades regionales.
El Foro de Alto Nivel de la Industria Española también deberá ofrecer a las pymes una plataforma para expresar sus necesidades e influir en la política industrial, mejorando su representación.
Acceso a datos e información del mercado
El Registro Integrado Industrial permitirá el acceso a información industrial, ayudando a pymes y autónomos a tomar decisiones informadas sobre mercados, regulaciones y oportunidades.
La colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) permitirá que las pymes tengan acceso a estadísticas y directorios fiables para organizar sus planes de negocios y relacionarse con otras empresas.
Los expertos de Fedea critican que la falta de precisión puede generar más burocracia
Este proyecto, que actualmente avanza hacia su aprobación parlamentaria, ha recibido, sin embargo, las críticas de los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Falta de precisión y ambición
En el documento, el catedrático de Economía Aplicada, Diego Rodríguez señala que el PLIAE carece de ambición y precisión. En concreto, la definición de “ecosistemas industriales” es “innecesariamente compleja” y contradictoria, describiéndolos como “aglomeraciones espontáneas”, pero exigiendo que incluyan transformación digital y verde. Esto confunde a pymes y autónomos, que no saben si sus actividades califican como estratégicas. Fedea argumenta que esta vaguedad podría llevar a una asignación ineficiente de recursos, beneficiando a sectores mal definidos en lugar de impulsar áreas clave.
Aumento de la carga administrativa
Fedea alerta que, en lugar de reducir trabas, el PLIAE introduce nuevas cargas, contradiciendo las promesas de simplificación. Las certificaciones voluntarias son un ejemplo claro: un autónomo que desee certificar su impacto medioambiental debe asumir costes de evaluación y cumplir normas técnicas, lo que González considera “desproporcionado” en un contexto europeo que prioriza la reducción administrativa. Además, el experto critica que estas certificaciones no mejoran el desempeño empresarial y en su lugar sólo facilitan la baremación administrativa, beneficiando más a la Administración que a las empresas.
Umbrales arbitrarios e inadecuados
Las pymes que superen los 2 millones en subvenciones tendrán que mantener su actividad dos años. Fedea critica que este umbral, reducido desde los 6 millones del anteproyecto, es “desproporcionadamente bajo” y carece de justificación analítica. Por ejemplo, una pyme que reciba 3,1 millones en cinco años por proyectos de I+D+i podría tener que hacer frente a restricciones operativas, incluso si su plan de negocio no lo permite.
Procesos de reindustrialización onerosos
La obligación de participar en Mesas de Reindustrialización y contratar asistencia técnica externa para cierres significativos es otro punto criticado por Fedea, en cuanto que esta carga, con costes de ejecución, es “injustificada” y poco práctica, especialmente para pequeñas empresas con menos recursos que no cuentan con departamentos especializados. El experto sugiere que la Administración debería asumir un rol más activo en buscar soluciones, en lugar de trasladar costes a las empresas.
Gobernanza opaca y falta de evaluación independiente
El PLIAE crea órganos como el Consejo Estatal de Política Industrial, la Conferencia Sectorial y el Foro de Alto Nivel, que incluyen a pymes. Sin embargo, el informe critica que su funcionamiento depende de desarrollos reglamentarios no definidos, generando incertidumbre sobre su eficacia. Su evaluación podría depender del Gobierno, lo que podría sesgar los resultados, según el experto de Fedea. Por ello, Rodríguez recomienda una agencia independiente que garantice un análisis riguroso e imparcial.
Riesgo de exclusión en sectores estratégicos
El análisis de Fedea advierte que la vaguedad en la definición de “ecosistemas estratégicos” y “retos estratégicos” podría marginar a pymes y autónomos que no encajen en sectores priorizados.
Contradicción con la simplificación europea
Fedea subraya que el PLIAE va en contra de la “revolución simplificadora” promovida por la Comisión Europea, como la Declaración de Budapest y la Brújula de Competitividad. Mientras Europa busca reducir cargas administrativas, el PLIAE introduce certificaciones y procesos que, según los expertos, podrían desincentivar la participación de las pequeñas empresas.
El PLIAE podría mejorar en el Congreso
En definitiva, el PLIAE ofrece novedades que tienen como objetivo beneficiar a pymes y autónomos, mientras los expertos de Fedea advierten sobre las consecuencias prácticas que estas medidas pueden generar en la economía real.
Mientras tanto, el proyecto de ley avanza en su trámite parlamentario y podrán presentarse alegaciones hasta el próximo 11 de julio, Hasta su aprobación definitiva los legisladores tienen margen para corregir algunas de las deficiencias detectadas por los expertos de cara a que el nuevo marco normativo industrial pueda favorecer, de verdad, a las pequeñas empresas y profesionales.
