El exceso de regulación está estrangulando a autónomos y pequeñas empresas en España, con un coste que asciende a 90.000 millones de euros anuales según los cálculos elaborados por el Foro Regulación Inteligente, un centro de análisis que estudia el impacto de la regulación en la economía real. Su director, Diego Sánchez de la Cruz, detalló que esta cifra proviene de «la ruptura del mercado único en Europa, que nos cuesta el 3,5% del PIB, y la fragmentación del mercado nacional, que tiene un coste muy similar». En términos prácticos, esto equivale a «casi 5.000 euros por hogar», una carga que recae especialmente sobre los emprendedores, micropymes, autónomos y medianas empresas que enfrentan cada día un entramado normativo que frena su crecimiento y consume sus recursos.
La regulación impacta especialmente en los pequeños negocios
Para autónomos y pymes, la hiperregulación no es sólo un dato en un informe, sino una realidad que complica su operativa diaria. Sánchez de la Cruz destacó varias medidas que están generando malestar: «Cada vez hay más quejas por la futura entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria». Esta norma, que busca digitalizar la gestión fiscal, impone a pequeños negocios costes adicionales en software y formación, algo que muchos no pueden asumir fácilmente. Otro ejemplo son las «reducciones forzosas de jornada laboral», que, según este analista económico, «imponen más costes laborales sin los correspondientes aumentos de productividad y de espaldas a la facturación». Un comercio o taller con pocos empleados, por ejemplo, se ve obligado a ajustar horarios o contratar personal extra sin que sus ingresos lo justifiquen.
En la construcción, los «permisos urbanístico-inmobiliarios encarecen la construcción y el desarrollo de vivienda», explica Sánchez de la Cruz. Esto afecta directamente a autónomos como albañiles, electricistas o fontaneros, cuyos proyectos se retrasan o encarecen por trabas burocráticas. Las «cargas medioambientales» también golpean a pymes de sectores como la agricultura o el transporte, que deben invertir en adaptaciones costosas –como vehículos menos contaminantes– sin apoyo suficiente ni beneficios inmediatos.
España produce 120.000 páginas de normas al año
El Foro Regulación Inteligente calcula que España produce 120.000 páginas de regulación al año, una cifra abrumadora si se compara con las 24.000 páginas del Reino Unido. Este volumen normativo genera un coste de 51.000 millones de euros (4,2% del PIB) y obliga al 70% de las empresas españolas a dedicar más de 10 horas semanales a trámites.
Para visibilizar esta carga, en marzo de 2025 el Foro presentó el primer «monumento contra la burocracia» frente al Congreso de los Diputados, una instalación simbólica que representa el volumen de esas 120.000 páginas anuales.
Además, según un estudio de la CEOE, en 2023 se aprobaron dos normas al día, sumando 683 normas estatales en un año, incluso con el gobierno en funciones durante cinco meses, lo que agrava la presión sobre autónomos y pymes que pierden tiempo valioso en cumplir este aluvión regulatorio. «La tendencia es al alza y España figura regularmente como uno de los países con peor marco normativo», advierte Sánchez de la Cruz.
El Foro propone una regulación inteligente que incentive la actividad económica
Sánchez de la Cruz propone soluciones claras para aliviar esta presión: «La prioridad en materia de reforma regulatoria sería la aprobación de una pausa de nueva normativa, la revisión de las normas más onerosas y el establecimiento de procedimientos similares a los que ha puesto en marcha Madrid para eliminar regulaciones obstruccionistas u obsoletas». La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha iniciado revisiones para suprimir normas innecesarias, un modelo que podría inspirar al resto del país.
Tras las recomendaciones del Informe Draghi, a nivel europeo, la Brújula de Competitividad de la Comisión Europea plantea reducir los costes burocráticos entre un 25% y un 35%, lo que podría liberar 40.000 millones de euros. «Estas medidas al menos han empezado a ser adoptadas por la Comisión», reconoce Sánchez de la Cruz, aunque subraya que el avance es lento frente a la magnitud del problema.
En busca de referentes, Sánchez de la Cruz descarta el Reino Unido, donde «de momento no hay pruebas de que haya introducido medidas de calado» pese a promesas de desburocratización. En cambio, apunta a Canadá: «El ejemplo a seguir en clave internacional son las provincias canadienses que, siguiendo el ejemplo de la Columbia Británica, han avanzado en esta dirección». Allí, la eliminación de normas obsoletas ha impulsado la competitividad, algo que España podría replicar para dar oxígeno a sus autónomos y pymes.
Estas reformas podrían crear 300.000 empleos
La urgencia de actuar es innegable. Según el Foro Regulación Inteligente, una regulación más eficiente podría aumentar el PIB entre un 1,5% y un 2% anual y crear hasta 300.000 empleos en cinco años. «Los cálculos siguen teniendo plena vigencia y, de hecho, cada año que pasa sin mejoras en el clima regulatorio se hace más urgente revertir el curso de la inercia burocrática», sentencia Sánchez de la Cruz. Para un autónomo que lucha por pagar facturas o una pyme que quiere contratar, estas cifras son una esperanza que depende de decisiones políticas.
Un ejemplo claro de cómo la regulación laboral frena el crecimiento empresarial se observa en el número desproporcionado de empresas que se mantienen con exactamente 49 empleados. Conforme a una publicación de Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra, hay un 62% más de empresas con 49 empleados de lo que cabría esperar estadísticamente. La razón principal es que estas empresas intentan evitar las reglas sobre representación laboral que se aplican a partir de los 50 empleados, beneficiándose así de la excepción que disfrutan las empresas de menor tamaño. Este fenómeno pone de manifiesto cómo el marco regulatorio impone barreras que desalientan a las pymes a superar ese umbral, limitando su expansión y su capacidad para contribuir al empleo.
La predominancia de empresas pequeñas en España agrava este problema y resta competitividad a la economía. Según datos oficiales de la Seguridad Social a cierre de 2024, de un total de 2.948.427 empresas, 2.743.020 tienen menos de 10 empleados, lo que supone un 93,03%. En contraste, sólo 33.072 empresas, es decir, el 1,12% del total, cuentan con más de 50 empleados. Esta estructura, dominada abrumadoramente por microempresas y con escasa presencia de empresas medianas y grandes, difiere de otros países europeos donde hay más compañías con capacidad para innovar y competir globalmente. Las barreras para superar umbrales como el de los 50 empleados mantienen un tejido empresarial fragmentado, limitando el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad.
En definitiva, las cifras muestran que el peso de la regulación genera incentivos perversos que perjudican la actividad económica y estrangulan a las pymes que, precisamente por su tamaño, no tienen recursos para hacer frente a los costes normativos.
