Los españoles afrontan una presión fiscal sin precedentes, según el ‘Impuestómetro 2025’, presentado este mes por el Instituto Juan de Mariana (IJM). El estudio estima que un trabajador medio destina el 47,8% de su coste laboral total –18.865 euros anuales– a cotizaciones sociales, IRPF e IVA. Si se suman tributos municipales (705 euros por contribuyente), la incidencia del Impuesto de Sociedades (928 euros) y el impacto del déficit público (929 euros), la carga real asciende al 54,7%, o 21.607 euros al año.
La presión fiscal ha aumentado un 1,9% mientras que la de los europeos ha bajado un 0,9%
Desde 2019, España ha elevado su presión fiscal en 1,9 puntos del PIB, mientras la UE-27 la redujo en 0,9 puntos, según Eurostat. Manuel Llamas, director del IJM, lo atribuye a la “voracidad fiscal” del Gobierno actual, que “ha aplicado 94 subidas de impuestos desde 2019” y, pese a que “el Estado ingresa más que nunca, sigue registrando un abultado déficit público”. Cada una de estos incrementos tributarios pueden consultarse detalladamente en el anexo del informe.
El ‘Impuestómetro’ calcula que el aumento de la recaudación desde 2019 suma 127.744 millones de euros, equivalente a 2.627 euros por habitante y 6.614 euros por hogar en términos nominales. En 2024, la recaudación tributaria alcanzó 294.734 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior, según la Agencia Tributaria, pero el déficit cerró en un 2,8% del PIB, apenas 0,7 puntos menos que en 2023. Así, la brecha presupuestaria persiste: crece la recaudación, pero las cuentas públicas no se equilibran, perpetuando el exceso de gasto. Ignacio Ruiz-Jarabo, director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, lo define como “hernia fiscal”: más presión y recaudación sin control del gasto ni mejoras evidentes en los servicios públicos.
Otros estudios, como el ranking del Instituto de Estudios Económicos (IEE), sitúan a España en el puesto 33 de 38 países analizados en competitividad fiscal.
Pese a la mayor recaudación, no se logra el equilibrio fiscal ni mejoran los servicios públicos
En 2023, la recaudación creció un 8,1% (42.600 millones de euros más), pero “los servicios públicos funcionan cada vez peor”, asegura Llamas. Ruiz-Jarabo cuestiona la narrativa oficial sobre la armonización fiscal: “Es una falacia que pagamos menos que en Europa; los impuestos deben corresponder al nivel de renta”, cuando la media española (25.000 euros) está lejos de la alemana (42.000 euros), según Eurostat. El déficit, que añade 929 euros por habitante a la carga fiscal diferida, refleja un gasto público que en 2024 alcanzó el 47,3% del PIB.
El esfuerzo del empleador es un 91,6% superior al salario que recibe un trabajador
De un coste laboral medio de 39.480 euros, solo 20.615 euros llegan al trabajador tras impuestos, lo que significa que, por cada 100 euros netos, las empresas desembolsan 191,57 euros. “A mayor coste laboral, menor creación de empleo e incluso destrucción de puestos de trabajo”, advierte Llamas. Esto lastra la empleabilidad, ya que cada contratación supone un esfuerzo desproporcionado para el empresario.
España cerró 2024 con una tasa de paro del 10,6%, la más alta de la OCDE, frente al 6,3% de la eurozona. Para Ruiz-Jarabo, no es casualidad: “La forma en que se aplican los impuestos yugula a muchos españoles la posibilidad de emprender de manera ordenada”. El impacto es crítico para pymes y autónomos, agravado por el aumento de cotizaciones sociales en 2025 hasta el 0,8% de la base de cotización, según el informe, en un contexto de productividad estancada (crecimiento anual inferior al 0,5% desde 2019).
Reflejar costes laborales, revertir subidas y deflactar el IRPF como alternativa
El IJM propone reflejar el coste laboral total en las nóminas y descontar los impuestos explícitamente. “La mayoría de españoles no sabe cuál es su sueldo real ni lo que paga en impuestos”, explica Llamas, comparándolo con la experiencia de los autónomos, más conscientes de estas cargas al asumirlas directamente.
De cara al futuro, el informe recomienda revertir las subidas fiscales y deflactar el IRPF, que ha generado 27.600 millones extras desde 2019 por no ajustarse a la inflación. Un autónomo con ingresos de 30.000 euros podría ahorrar hasta 1.200 euros anuales optimizando deducciones. Ruiz-Jarabo propone “fijar un nivel máximo de imposición” para frenar la “voracidad recaudatoria”. Para pymes y autónomos, la planificación fiscal y la exigencia de transparencia son esenciales en un país donde, según Llamas, “el Estado gasta más de lo que ingresa”.
