Los autónomos y pequeños negocios españoles soportan una de las presiones fiscales más elevadas de todos los países desarrollados. Entre impuestos a Hacienda y cotizaciones sociales, las empresas de nuestro país aportan casi la mitad de toda la recaudación que se lleva el Estado, una presión que los expertos califican de «asfixiante» y que mina cada año el crecimiento de las pymes.
Éstas son sólo algunas de las conclusiones a las que han llegado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Fundation, uno de los think tank fiscales con más peso en nuestro país. El informe, bajo el nombre «Competitividad fiscal empresarial 2025: El nuevo indicador de la contribución fiscal empresarial total” revela la presión vía impuestos y cotizaciones que soportan todos los negocios españoles, especialmente los más pequeños.
De hecho, la contribución fiscal total de los negocios españoles con relación al PIB supone el 17,8%, una cifra muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 14,8%. Aunque nuestro país lleva muchos años en los primeros puestos de las listas que comparan la presión fiscal en Europa, en los últimos años la situación ha empeorado para los negocios.
Según el informe de la IEE, España es uno de los dos países de la UE que más han subido los impuestos sobre las empresas en la última década, con el consiguiente freno a la actividad empresarial. Y más allá de las fronteras europeas, seguimos estando entre los países con una mayor carga fiscal de todo el mundo desarrollado, sólo por debajo de algunos como Noruega.
España es el quinto país con mayor carga fiscal para las empresas del mundo desarrollado
El director general Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, presentó este informe junto a Daniel Bunn, Presidente y CEO de la Tax Fundation y Cristina Enache, economista de la misma institución. En él se recoge que España presenta una estructura fiscal que impone una de las mayores cargas impositivas sobre el tejido empresarial entre los países. desarrollados
Según avisan los economistas, esto tiene implicaciones profundas no sólo desde el punto de vista recaudatorio, sino también en términos de eficiencia económica, competitividad e inversión. «En un contexto internacional marcado por la competencia fiscal, la elevada contribución empresarial al sostenimiento del sistema tributario español constituye una desventaja estructural», apuntaron desde el Instituto de Estudios Económicos.
El nuevo indicador de contribución fiscal empresarial total desarrollado a partir de los datos de la Tax Fundation no solamente incluye los impuestos tradicionalmente considerados como empresariales, como son el Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones sociales a cargo del empleador; sino que, además, considera todos los tributos de los que las empresas son legalmente responsables y que por lo tanto son soportados por las mismas de forma parcial o total, como pueden ser la imposición indirecta específica o especial que afecta a la empresa y las tasas o impuestos locales pagados por las empresas.
España, de los países que más dependen de los impuestos de los negocios
Las empresas en España no sólo pagan impuestos directos, sino que asumen un rol central para recaudar tributos como el IVA, las cotizaciones sociales o las retenciones del IRPF. Una de las principales conclusiones del estudio es que los negocios en España asumen un esfuerzo fiscal «excepcionalmente elevado» Si bien tradicionalmente se mide su carga mediante el Impuesto sobre Sociedades, esta visión resulta limitada, por lo que debería analizarse no solo el conjunto de los impuestos y cotizaciones que pagan las empresas, sino también los costes directos e indirectos que suponen para la mismas la administración y gestión de los mismos.
Para cuantificar esta carga, el IEE presenta el índice del peso de la contribución fiscal empresarial total en los países de la OCDE, en el que se observa que España presenta una de las mayores presiones fiscales sobre la actividad empresarial en los países de la OCDE y de la UE.
Según señaló Cristina Enache, economista de la Tax Foundation “España es el cuarto país, tanto de la OCDE como de Europa, con mayor dependencia fiscal de las empresas, ya que el 48,8% de la recaudación total proviene de impuestos sobre la actividad empresarial, frente al 39,4% de la UE. Así, España muestra una dependencia del sector empresarial que supera en 10 puntos la media de la UE».
Además, cuando se observa esta carga con relación al PIB, los impuestos empresariales en España representan un 17,8%, claramente por encima de la media de la OCDE (12,8%) y de la UE (14,8%).
Los negocios españoles destinan un 41,6% de sus rentas a pagar impuestos,
El dato más significativo surge al analizar la presión fiscal sobre el Excedente Bruto de Explotación (renta empresarial). El peso de la contribución fiscal, en términos de esta renta empresarial en España, es del 41,6%, magnitud muy superior a la media de la OCDE (31%). Esto refleja que, en proporción a las rentas empresarial generadas, las empresas españolas están sujetas a una de las mayores cargas fiscales de la región. Aunque países como Francia (52,5%) o Austria (46,4%) muestran niveles aún más altos, la posición de España en el quinto puesto en este ranking sigue siendo elevada y preocupante.
Además, según explican los economistas, la penalización fiscal de la actividad empresarial en España, en relación a nuestro entorno, se ha visto agravada en la última década. En este sentido, España es uno de los dos países de la UE, siendo el otro los Países Bajos, donde más ha subido el peso de la presión fiscal empresarial en relación al PIB entre 2013 y 2023, último dato disponible.
El análisis del Impuesto sobre Sociedades revela que España aplica un tipo nominal del 25%, por encima de las medias de la OCDE (23%) y de la Unión Europea (21,8%). Aunque el tipo nominal no refleja por sí solo la carga efectiva, al incorporar deducciones e incentivos, el tipo medio efectivo ajustado por inflación también sitúa a España en una posición elevada: el 23,3%, frente al 21,9% de la OCDE y al 19,9% de la UE. Esta realidad fiscal no solo sitúa a España por encima de países tradicionalmente atractivos para la inversión, como Irlanda, Hungría o Bulgaria, sino también al nivel de países con una fiscalidad más exigente como Bélgica o Chile.
Dificultad para acceder a deducciones y cotizaciones elevadas
Este menor diferencial entre el tipo nominal y efectivo del impuesto sobre las rentas empresariales muestra que nuestro sistema de incentivos fiscales para las empresas es menos competitivo que el que se establece en otras economías avanzadas. Esto se debe, entre otras cosas, a que la mayoría de las deducciones presentes en el Impuesto de Sociedades -como I+D- son sólo accesibles para medianas o grandes empresas.
Otro componente fundamental del esfuerzo fiscal empresarial son las cotizaciones sociales a cargo del empleador, donde, de nuevo, España presenta una estructura fiscal particularmente gravosa para el tejido empresarial en el contexto de la Unión Europea. En el caso español, estas representan el 25,8% del total de la recaudación fiscal, muy por encima del promedio europeo del 17,9%. Este dato sitúa a España como una de las economías europeas que más carga social impone a las empresas. Esta elevada carga sobre el factor trabajo contrasta con la media europea, lo que sugiere una estructura fiscal desequilibrada en la que el esfuerzo recaudatorio se concentra en los costes laborales y es un factor claramente distorsionante para que se reduzcan los desequilibrios que se producen en el mercado de trabajo en España.
La complejidad normativa también supone un coste extra para las pymes
Junto a lo anterior, la complejidad normativa del sistema tributario representa un coste adicional importante para las empresas, más allá de la carga fiscal directa. Los datos revelan que España presenta un sistema tributario notablemente complejo, siendo un 16,5% superior a la UE y un 9,9% superior a la OCDE. Este nivel de complejidad es comparable al de países como Turquía y Armenia, y refleja una carga significativa en términos de costes de cumplimiento para las empresas.
Esto es especialmente preocupante para las pymes, puesto que, en términos de coste para estas empresas de menor dimensión, estos pueden suponer casi un tercio de lo recaudado. En concreto, este coste es, aproximadamente, un 5% superior al promedio de la UE, quedando por encima de economías como Alemania, Bélgica, los Países Bajos e Irlanda. En este contexto, España se encuentra entre los países con mayores costes, por lo que aún tiene margen de mejora para reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento fiscal, especialmente si se compara con modelos más eficientes como los bálticos o los nórdicos.
El IEE concluye que el panorama tributario español se caracteriza por una fuerte dependencia de la aportación empresarial, tanto en términos directos como indirectos. Es por ello, que Daniel Bunn, presidente de la Tax Foundation, señaló que «los responsables de políticas públicas deberían valorar el aporte de las empresas y reconocer que el gobierno necesitas menos recursos para gestionar el sistema tributario ya que son las propias empresas las que se encargan de esa gestión: el cumplimiento, la documentación y el ingreso de estos impuestos”.
