La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) alertó de un “preocupante incremento del estrés laboral” entre los profesionales autónomos de las clínicas veterinarias. Provocado por las restricciones que impone el Real Decreto 666/2023 sobre la prescripción de antibióticos.
La patronal, que agrupa a un sector dominado por micropymes, también ha trasladado su inquietud a los sindicatos CCOO, Fetico y UGT, firmantes del convenio colectivo del ramo, en una reunión celebrada el pasado 2 de julio.
- Los veterinarios sufren estrés laboral por no poder administrar los tratamientos más adecuados
- No es la primera vez que los profesionales piden un cambio de la normativa
- Estas son las reclamaciones de los veterinarios
- Los veterinarios continuarán movilizándose si no se atienden sus demandas
Los veterinarios sufren estrés laboral por no poder administrar los tratamientos más adecuados
El presidente de CEVE, Sebastià Rotger, denunció las “constantes contradicciones entre el código deontológico, la buena práctica veterinaria y una normativa absurda” que, según un estudio de la UNED citado por la patronal, ha disparado los niveles de estrés y “fatiga por compasión” en las consultas.
Los veterinarios calculan que pierden unos 50 minutos diarios en trámites no productivos; principalmente para dedicárselos a la burocracia del Sistema de Información del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (Presvet) que gestiona los Programas de Control Oficial de Higiene Veterinaria en España. Un tiempo que antes podían atender a los animales o a la gestión de sus clínicas.
Alrededor del 90% de las 7.000 clínicas veterinarias españolas son pequeñas y medianas empresas y buena parte de ellas están regentadas por autónomos. De hecho, hay 10.826 profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en actividades veterinarias, según los últimos datos de la Seguridad Social.
Rotger advirtió de que la carga administrativa que introduce el decreto vulnera “el principio de proporcionalidad” y castiga especialmente a los pequeños negocios que cuentan con menos recursos humanos y tecnológicos para cumplir con una declaración quincenal que no existe en la medicina humana.
No es la primera vez que los profesionales piden un cambio de la normativa
Patronal y sindicatos acordaron abordar el problema en la Comisión Paritaria de Salud Laboral del convenio y elevarlo, además, al Observatorio Sectorial Veterinario, con el fin de buscar una salida negociada que devuelva seguridad jurídica al colectivo.
Las tensiones no son nuevas. Los autónomos de la veterinaria se organizaron desde comienzos de año a través de la plataforma “Vets Unidos” para reclamar la retirada o revisión del RD 666/2023, al considerar que “destruye su criterio clínico” y pone en riesgo la viabilidad de las clínicas.
Tras no ser escuchados por el Gobierno, escalaron la presión el pasado el 7 de mayo, cuando más de 2.000 profesionales se plantaron ante el Congreso de los Diputados exigiendo un marco “técnico y científico” que no condene a la ruina a las clínicas más pequeñas.
Estas son las reclamaciones de los veterinarios
- Revisar la frecuencia de las declaraciones en PRESVET: pasar de quincenal a, al menos, trimestral.
- Actualizar las fichas técnicas de los medicamentos para que reflejen la evidencia científica y permitan al veterinario prescribir según su criterio.
- Reconocer los centros veterinarios como sanitarios a todos los efectos, equiparando las obligaciones burocráticas con las de la medicina humana.
- Introducir un régimen sancionador razonable que distinga errores administrativos de malas praxis en el uso de antibióticos.
Los veterinarios continuarán movilizándose si no se atienden sus demandas
La patronal de las clínicas veterinarias confía en que las conclusiones de la Comisión Paritaria queden listas “antes de otoño” y sirvan para plantear al Ministerio de Agricultura una reforma urgente del decreto. De no haber avances, el colectivo no descarta nuevas movilizaciones después del verano.
Mientras tanto, las clínicas –la mayoría con plantillas inferiores a cinco personas– continúan absorbiendo el sobrecoste de la burocracia y lidiando con un protocolo que, lejos de reducir la resistencia antimicrobiana, amenaza con dejar a muchos animales sin el tratamiento adecuado y a sus cuidadores al borde del agotamiento profesional.
