El reciente pacto entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña fruto de la promesa de otorgar a esta comunidad autónoma de una «financiación singular” a cambio de su apoyo en el Parlamento, introduce una cláusula que podría afectar todos los autónomos del país: la posibilidad de limitar la competencia fiscal de las comunidades autónomas. Una fórmula técnica que, en la práctica, podría traducirse en una armonización al alza de los impuestos autonómicos.
En otras palabras, subir los impuestos en unas comunidades autónomas para equipararlos a otras que son más elevados. Actualmente tienen las competencias para modularlos como el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio e, incluso, algunos tributos propios. Todo ello, según el lenguaje institucional del pacto, en aras de «evitar desequilibrios territoriales» o «garantizar la suficiencia financiera». O lo que es lo mismo, para impedir que Madrid, por ejemplo, pueda atraer a más autónomos y empresas como está sucediendo ahora.
El acuerdo podría terminar con la competencia fiscal que gozan las comunidades autónomas para que no haya «competencia»
Aunque la cesión de la gestión integral del IRPF a Cataluña es el titular más visible, el acuerdo hace referencia al a introducción de “mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja entre territorios”. Diferentes expertos consultados por este medio han coincidido en que, en la práctica, esta propuesta se traduciría en una fórmula para limitar la capacidad que tienen las autonomías para rebajar algunos impuestos.
José María Durán Cabré, profesor de economía en la Universidad de Barcelona, detalló a este medio que «habría que conocer los detalles la propuesta, pero parece que es una referencia a lo que ya se pactó». Aunque admitió que el lenguaje utilizado recuerda a lo pactado entre el PSC y ERC, donde ya se insinúa la necesidad de mecanismos para evitar la “carrera a la baja” de la competencia fiscal entre regiones.
Hasta conocer en qué se concretan esos “mecanismos adicionales”, Durán, recordó que recientemente había analizado una posible reforma de la financiación autonómica para Fedea. En la misma, advirtió que “difícilmente se pueden alcanzar las ventajas derivadas de la descentralización y, en cambio, sí sufrir potenciales costes en términos de mayor complejidad normativa o distorsiones derivadas de procesos de competencia fiscal”.
Más clara es la posición del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que considera que una eventual armonización “podría resultar muy perjudicial, especialmente si no viene precedida de una reducción del tamaño del sector público”.
Para los expertos del IEE, la competencia fiscal entre comunidades “contribuye a una mejor asignación de los recursos, incentiva la eficiencia del sector público y permite a los ciudadanos comparar distintas políticas fiscales”. Por el contrario, avisaron de que “la armonización tributaria entre comunidades autónomas podría derivar en una recentralización encubierta, contraria al modelo de estado descentralizado”.
Críticas de economistas y técnicos de Hacienda al pacto fiscal con Cataluña
En la misma línea se pronuncia Diego Sánchez de la Cruz, director del centro de análisis económico Foro Regulación Inteligente: “Una vez más, el Gobierno cede ante las exigencias de Cataluña, empujado por su propia debilidad parlamentaria, y lo hace a costa del bolsillo de todos. La llamada armonización fiscal es, en realidad, la vía de escape de aquellas comunidades que no saben competir ni adaptarse para atraer inversión y talento”.
El economista subrayó además que “el gran perjudicado es el contribuyente, que no sólo pagará más impuestos a corto plazo, sino que perderá a largo plazo porque se eliminan los incentivos para diseñar mejores políticas fiscales y para gestionar con rigor el dinero público”. Y añadió que “este pacto choca frontalmente con el espíritu del modelo autonómico constitucional, basado en la libertad de las comunidades para decidir y responsabilizarse de su política fiscal, no en uniformizar al alza las cargas sobre ciudadanos y empresas”.
Por su parte, en el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reconocieron que el pacto sobre una nueva financiación singular “ha puesto las bases para un modelo tributario federal”. Consideran que el modelo acordado con Cataluña marcará una pauta, y prevén que el resto de comunidades lo acabarán asumiendo, como ya ocurrió con otros tributos cedidos.
Sin embargo, José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), declaró que “en el marco actual, la distribución de competencias de impuestos entre las diferentes administraciones tributarias está perfectamente delimitada y poco se puede hacer para limitar la competencia a la baja entre territorios”.
Además, añadió que esa pretensión “sería una contradicción si se avanza hacia un sistema federal o confederal, como se llegaría si se generaliza la financiación singular de Cataluña”. Y es que el federalismo fiscal, tal como lo entienden los modelos internacionales, se basa precisamente en permitir cierto grado de competencia entre territorios, como incentivo a la eficiencia y al control ciudadano del gasto público.
El Gobierno ya propuso establecer mínimos obligatorios en los impuestos cedidos
La consecuencia para los autónomos, por tanto, es que una armonización tributaria puede acabar suprimiendo los alivios fiscales que algunas Comunidades Autónomas ofrecen a sus contribuyentes.
Como recogió recientemente este mismo medio, la carga fiscal sobre los autónomos varía hasta un 20% según la región en la que residen. Un profesional madrileño tributa menos que uno extremeño o catalán, por las distintas bonificaciones, deducciones o tipos aplicables en IRPF, Sucesiones, Donaciones o Patrimonio.
Varios informes, como el del Instituto de Estudios Económicos (IEE), han alertado sobre las enormes diferencias fiscales entre comunidades autónomas, pero defienden que se trata de una expresión legítima de su autonomía.
La hipótesis de una armonización al alza deja de ser una elucubración cuando se revisan documentos oficiales. En el Libro Blanco para la Reforma Tributaria encargado por el Gobierno en 2022, el comité de expertos propuso, precisamente, establecer mínimos obligatorios de tributación autonómica en los impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de evitar la competencia fiscal “excesiva”.
La propuesta implicaba que regiones como Madrid o Andalucía dejaran de aplicar las bonificaciones actuales, y, por tanto, elevaran la presión fiscal sobre autónomos y pymes. Aunque el documento no llegó a aplicarse, el Gobierno ha recuperado la idea de “limitar la competencia fiscal a la baja entre territorios” incluyéndola en su pacto con la Generalitat.
El pacto fiscal con Cataluña ha provocado el desacuerdo del resto de regiones
A día de hoy, todas las comunidades autónomas de régimen común, salvo Cataluña, han expresado su disconformidad con el pacto, al considerarlo “discriminatorio”, “insolidario” y “peligroso para la estabilidad del sistema”. Presidentes regionales de todos los colores políticos han criticado que el acuerdo suponga un privilegio que puede dinamitar la financiación solidaria entre territorios.
Además, el principio de “ordinalidad”, que figura en el texto del pacto, puede traducirse en que las regiones más ricas contribuyan menos al Fondo de Garantía que financia servicios públicos básicos en comunidades con menor capacidad fiscal, lo que aumentaría la desigualdad territorial.
A falta de conocerse el detalle técnico de la propuesta y su viabilidad jurídica, si prospera una armonización fiscal por la vía de impedir “competencia a la baja”, los autónomos que hoy se benefician de fiscalidades más livianas podrían ver cómo se endurecen sus impuestos.
