Desde el próximo 1 de septiembre, los autónomos que tengan locales en planta baja o bajo rasante en municipios catalogados como de “actuación prioritaria” deberán medir la concentración de gas radón en sus centros de trabajo.
Así lo establece una instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero serán los inspectores de Trabajo quienes se encargarán de vigilar que los pequeños negocios de 1.700 municipios cumplan con estas nuevas obligaciones en sus negocios.
El CSN publicó recientemente el mapa oficial de zonificación por municipio, que permite comprobar a los autónomos en qué localidades será obligatorio incluir las mediciones en su evaluación de riesgos.
Los autónomos deberán costear las mediciones y la custodia de los informes
El radón es un gas radioactivo natural que procede de la desintegración del uranio. Según explicó Hugo González, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, “al aire libre no presenta concentraciones de riesgo, pero en plantas bajas con suelos permeables y poca ventilación puede acumularse en niveles superiores a 300 Bq/m³, lo que supone un peligro para la salud en exposiciones prolongadas, como en jornadas laborales”.
De hecho, Organización Mundial de la Salud lo considera la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, en España se le atribuyen más de 1.500 muertes anuales y desde 1988 está clasificado como cancerígeno de primer nivel por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
Por ello, la normativa afecta de lleno a todos los autónomos que trabajan en establecimientos expuestos a esta radiación, ya sean comercios, bares, talleres, consultas de salud y estética o despachos profesionales que operan en bajos y semisótanos de estos municipios.
Los titulares, explicó el experto, deberán contratar laboratorios acreditados para colocar detectores durante tres meses (entre octubre y mayo) o un año completo, y conservar los informes integrados en la evaluación de riesgos laborales.
La protección frente al gas radón en edificios ya se contempla desde 2020
González recordó que este requisito no es completamente nuevo en España ya que “el Código Técnico de la Edificación (CTE) ya venía aplicando desde 2020 la protección frente al radón en edificios de nueva construcción y en reformas, con medidas como barreras en suelos, ventilaciones forzadas o despresurización del terreno”.
Pero los autónomos deben tener en cuenta que “el coste de los medidores y el informe elaborado por un laboratorio acreditado correrá a cargo del titular de la actividad, ya que la instrucción no prevé ayudas ni financiación” tal y como advirtió el técnico en prevención de riesgos laborales.
En la práctica, esto significa que para un pequeño taller o comercio la factura puede oscilar entre 300 y 600 euros, dependiendo del número de detectores que se instalen. En locales de mayor tamaño, el coste puede superar fácilmente los 1.000 euros. Pero, en último término, dependerá de los servicios de prevención contratados.
Conviene subrayar que, aunque en España se han detectado niveles elevados de radón en unos 4.000 municipios, la obligatoriedad se centra en las 1.700 localidades incluidas en la Zona II por el Consejo de Seguridad Nuclear, consideradas de actuación prioritaria.
Los datos del CSN muestran diferencias marcadas entre regiones: Galicia concentra el 91% de sus municipios en esta categoría, seguida de Extremadura (78%) y la Comunidad de Madrid (59%). En cambio, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares y Murcia no cuentan con municipios obligados, pese a que se han detectado concentraciones de radón en algunas zonas.
Los inspectores de trabajo serán los ojos del CSN en los centros de trabajo
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la función de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) será vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, mientras que el CSN mantendrá la competencia sancionadora en materia de protección radiológica.
Jesús Prieto, portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, reconoció a este medio que a día de hoy todavía no existe un protocolo claro de actuación y que los inspectores tendrán que “ser formados y establecer cómo actuar, porque ahora mismo no está articulado”.
Prieto reivindicó el papel de los inspectores porque son quienes realmente están sobre el terreno recordando que “son más de un millar de inspectores y subinspectores repartidos por toda España, en la calle, en los polígonos, donde se ven las irregularidades” mientras que “el CSN tiene muy poco personal”.
El portavoz del sindicato de inspectores aclaró que el papel de la Inspección será, como es habitual, más de colaboración que de sanción directa. Sin embargo advirtió que llegado el caso “haremos las actuaciones, revisaremos si está hecha la evaluación y, si no, remitiremos al CSN para que sancione”.
El CSN podrá sancionar a los autónomos que no cumplan su instrucción
El Real Decreto 1029/2022 y la instrucción del CSN establecen que, si la medición supera los 300 Bq/m³, deberán aplicarse medidas correctoras como ventilación, sellado de grietas o despresurización de suelos.
Y en caso de no cumplir con la obligación de medir o mitigar, el incumplimiento podrá ser sancionado conforme al régimen de infracciones de la Ley de Energía Nuclear.
Es por ello que las multas previstas son significativas ya que van desde 6.000 hasta 30.000 euros en el caso de infracciones leves, entre 30.001 y 600.000 euros para las graves, y hasta 6 millones de euros para las muy graves.
No obstante, Prieto insistió en que la estrategia inicial no será punitiva ya que “lo normal es hacer requerimientos e informar. Poco a poco, cuando un negocio empiece a cumplir, los demás también lo harán”.
El portavoz admitió que este cambio ha pillado por sorpresa tanto a inspectores como a empresarios pues “muchos autónomos ni saben lo que es el radón, igual que nosotros hasta hace dos o tres años” y “solo empezarán a moverse cuando reciban las primeras visitas de la inspección”.
Además, aclaró que “el medidor no lo va a tener el autónomo”, ya que tendrá que apoyarse en un «servicio de prevención ajeno, que subcontratará a empresas de medición”.
Los autónomos deben medir el radón desde septiembre, aunque no les pedirán los informes hasta 2026
Aunque el CSN no recibirá los informes de manera oficial hasta abril de 2026, los autónomos deben empezar a realizar las mediciones desde este mismo septiembre de 2025 si su municipio aparece en el mapa de actuación prioritaria.
González detalló que “los titulares deberán realizar las mediciones y actualizarlas cada 5 o 10 años, integrando el informe en la evaluación de riesgos laborales” por lo que al coste de la medición habrá que añadir el de la custodia de estos estudios.
Es decir, los informes deberán conservarse en la empresa y estar listos para mostrarse a la Inspección de Trabajo, aunque la entrega formal al CSN se hará más adelante.
Mientras tanto, la recomendación de los expertos consultados es que los autónomos deben empezar a tomar conciencia del peligro que supone la exposición prolongada al gas radón y comprobar el mapa oficial para saber en que zona de riesgo se encuentran, encargar las mediciones lo antes posible y no traspapelar el informe para evitar futuros problemas e, incluso, sanciones.
