La obligación impuesta por la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular aprobada por el Gobierno supondrá un cambio drástico en la financiación de la gestión de residuos en los municipios. La nueva tasa a aplicar ya está generando un incremento en la presión fiscal de los pequeños negocios, que se ven obligados a abonar cantidades que, en muchos casos, pueden ser desproporcionadas.
Otro agravante es que la aplicación desigual de esta tasa, dependiendo de cada municipio, ha provocado una situación que podría afectar a la libre competencia. “El marco de inseguridad jurídica es claro, y puede tener como efecto que, a un lado de la linde de un municipio, cualquier contribuyente, incluido un pequeño negocio, pague una tasa de residuos muy diferente a la que se paga al otro lado de la acera, si ese lado pertenece ya a otro municipio”, señaló a este diario Juan Ignacio Gomar Sánchez, portavoz de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL).
En el territorio nacional, se estima que los ayuntamientos deberán incrementar, de media, el coste de la tasa en un 150% en 2025 para cumplir con las directrices europeas y nacionales. Así, por poner sólo un par de ejemplos, en municipios como Peñafiel (Valladolid), los comercios y bancos tendrán que pagar una tasa anual de 260 euros, mientras que restaurantes, supermercados, bares, hoteles e industrias afrontarán tarifas aún más elevadas. En Cuéllar (Segovia), la tasa aumentará un 35,33%. Y en Cullera (Valencia), las viviendas de alquiler turístico verán incrementos de entre un 240% y un 410%, dependiendo de la superficie del inmueble, lo que refleja la tendencia al alza en las tasas de residuos que también afecta a otros tipos de negocios.
La tasa de residuos supone un incremento fiscal para miles de comercios, bares y oficinas
La norma establece que la tasa debe cubrir la totalidad del coste del servicio, lo que implica que su cuantía se haya disparado en muchas localidades. Sin embargo, el diseño y aplicación de ésta varía entre municipios, ya que la ley sólo ofrece directrices básicas y deja en manos de los ayuntamientos la configuración final.
“El incremento de la presión fiscal local en algunos municipios puede ser enorme, y la carga para un pequeño negocio también”, advirtió Juan Ignacio Gomar. Esto significa que dos negocios similares pueden pagar cantidades muy diferentes según la localidad en la que se ubiquen.
En este sentido, los negocios más afectados pueden ser pequeñas tiendas, cafeterías y restaurantes y oficinas de autónomos, que generan menos residuos que las grandes superficies, pero pueden pagar tasas similares o incluso superiores. Dado que, en muchos casos, esta no se basa en la producción real de desechos, sino en criterios arbitrarios como los metros cuadrados del local o la actividad económica registrada.
Ante este panorama, muchos autónomos y pequeños empresarios se preguntan si pueden impugnar la tasa si consideran que no refleja la cantidad real de residuos que generan. Sin embargo, según explicó el experto, no es suficiente con que la liquidación sea elevada para justificar una impugnación.
Los pequeños negocios podrían impugnar la nueva tasa de residuos
La clave para una impugnación reside en el estudio de la ordenanza municipal y del informe económico que la acompaña, indicó el inspector. “Los pequeños negocios tienen que analizar lo que ha aprobado su ayuntamiento, estudiar el informe económico que acompaña la ordenanza por la que se aprueba su tasa y valorar si los criterios empleados son o no razonables”.
Así, explicó el portavoz de la ANIHPL, si un negocio puede demostrar “que la tasa no refleja los residuos que realmente genera o los calcula de manera alejada de la realidad, podría plantearse una impugnación”. No obstante, el proceso no es sencillo y requiere una evaluación caso por caso.
A esto se suma que el coste de impugnar la tasa puede ser un obstáculo en sí mismo para muchos autónomos. Iniciar un recurso administrativo o judicial supone una inversión de tiempo y dinero que muchos pequeños negocios no pueden permitirse, lo que los deja en una situación de indefensión frente a ordenanzas municipales que pueden ser poco equitativas.
Uno de los mayores problemas de esta tasa de residuos es que no siempre distingue entre negocios que generan grandes volúmenes de residuos y aquellos que apenas producen desechos. Y, en algunos municipios, los comercios de barrio pueden pagar tarifas similares a las de cadenas de supermercados o grandes centros comerciales, lo que genera una clara desigualdad.
Aunque la mayoría de los ayuntamientos “ha previsto que la tasa tenga una parte fija y otra en función de los residuos generados”, señaló Gomar Sánchez, “la parte fija debe establecerse en función de parámetros de capacidad económica”. En este sentido, muchos municipios deberían modular mejor la parte fija de la tasa, según el experto, “para evitar que los pequeños negocios paguen más de lo que realmente les corresponde”.
En otros países europeos se han implementado sistemas más equitativos
Lo cierto es que en otros países de Europa se han implementado sistemas más equitativos, basados en sensores en contenedores, pago por volumen de residuos o exenciones para negocios que generan muy poca basura. Estas soluciones permitirían adaptar mejor la tasa a la realidad de cada negocio y evitar cargas excesivas sobre los autónomos.
El diseño de la tasa de residuos ha reabierto el debate sobre si la financiación de un servicio así debería haberse estructurado de otra manera. Algunos expertos defienden que la recogida debería costearse mediante impuestos generales, en lugar de una tasa específica, que puede perjudicar más a los pequeños negocios que a las grandes empresas.
“Dadas las dificultades que plantea esta tasa, la recogida de datos reales sobre la generación de residuos y los problemas graves de inseguridad jurídica que conlleva la existencia de miles de tasas de residuos diferentes, me parece claro que lo mejor hubiera sido un impuesto específico uniforme para todo el territorio nacional”, concluyó Juan Ignacio Gomar.
Esto evitaría disparidades entre municipios y permitiría que la carga fiscal se repartiera de forma más equitativa. Sin embargo, el modelo actual ha generado una gran incertidumbre y una preocupación creciente entre los autónomos, que ven como el modelo de tasa específica ha hecho que algunos ayuntamientos vean una oportunidad para recaudar más sin un criterio uniforme. Hasta el punto de plantearse incluso cerrar o trasladarse a zonas donde la carga fiscal sea menor.
