El Gobierno ha presentado una propuesta para incrementar el impuesto al diésel en España, como parte de un paquete de medidas fiscales destinadas a aumentar la recaudación de sectores estratégicos. En concreto, pretende equiparar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina. Aunque esta medida aún no ha sido aprobada de forma definitiva y sigue en proceso de tramitación parlamentaria, se espera que entre en vigor a partir del 1 de abril de 2025.
El impuesto de hidrocarburos que paga el gasóleo de automoción subirá 9,37 céntimos por litro, pasando el tipo general de 0,307 euros a 0,401 euros. Esta medida, además no excluiría de la subida del precio del diésel a muchos de los autónomos dedicados al transporte. Sobre todo, a los más pequeños, los taxistas o los dedicados al auxilio en carretera.
Muchos pequeños negocios no podrán asumir un incremento de costes de hasta 1.100 euros anuales
Para un transportista promedio, la subida del impuesto implica entre 900 y 1.100 euros adicionales por año en gasto de combustible, aunque el impacto puede variar según el tipo de negocio y los kilómetros recorridos por su flota de vehículos. Una cantidad que, aunque parece moderada, resulta especialmente significativa para negocios con márgenes ajustados.
Y aunque es cierto que, para los autónomos que operan principalmente en entornos urbanos el impacto podría ser menor, ya que estos suelen hacer recorridos más cortos y tienen un consumo de combustible más moderado, sí que va a afectar a aquellos otros que recorren mayores distancias o acarrean más peso, sin llegar a esas 7,5 toneladas.
El colectivo de taxistas, que tradicionalmente depende de vehículos diésel por sus bajos costes operativos y alta eficiencia en recorridos urbanos, ha manifestado su preocupación ante esta subida. En España, actualmente hay cerca de 69.792 taxis registrados, la mayoría de los cuales emplea diésel para operar.
El aumento en el coste del combustible se suma a otros retos financieros, desde la competencia de plataformas de transporte hasta los costes derivados de la transición hacia vehículos eléctricos o híbridos. Además, las zonas de bajas emisiones que entrarán en vigor en algunas ciudades implicarán que el cambio a combustibles menos contaminantes será una obligación para este sector, no sólo un deseo. Para muchos taxistas, asumir este incremento representa un paso atrás en la carrera hacia la sostenibilidad económica de sus servicios.
Por su parte, los repartidores y pequeños negocios de mensajería, quienes realizan entregas en zonas urbanas y rurales con vehículos ligeros, también se verán afectados. Este tipo de vehículos, al no cumplir con los requisitos de peso para acceder a la exención, experimentarán un incremento en los costes que podría traducirse en un ajuste de tarifas o, en su defecto, una disminución de los márgenes de beneficio.
Sólo quedarán excluidos de la subida del diésel los transportistas con camiones pesados
Este incremento de precio que afectará a sectores que dependen de este combustible para sus operaciones diarias, como el transporte de mercancías, el servicio de taxi, el negocio de la mensajería y el reparto de mercancías a domicilio o el auxilio en carretera, entre otros. Un aumento en sus costes que no siempre podrá ser repercutido en las tarifas de sus servicios. Así pues, en sectores como el taxi, donde las tarifas están reguladas por las administraciones locales, o en el caso de los gruistas, que dependen de las tarifas establecidas por aseguradoras, los profesionales no tendrán margen para trasladar este aumento a sus clientes.
Además, colectivos como los comerciales autónomos, los servicios de mantenimiento y otros negocios con flotas ligeras de vehículos diésel se verán afectados por este aumento de sus costes operativos, en un contexto económico en el que ya tienen otros problemas acuciantes, como el de la renovación de vehículos relacionada con la transición energética.
Si bien el Gobierno ha anunciado que ciertos transportistas estarán exentos de este incremento, lo cierto es que esta exención sólo se beneficiará a aquellos que operan con vehículos de gran tonelaje (generalmente superiores a 7,5 toneladas), utilizados en transporte de mercancías pesadas y a larga distancia. Los autónomos que trabajan con vehículos ligeros, furgonetas o camiones de menor tamaño, sin cumplir estos requisitos de peso, no podrán acceder a la exención, lo que aumenta su vulnerabilidad de su actividad diaria.
Los sectores del transporte y servicios de movilidad, como taxistas, repartidores y mensajeros, se verán especialmente afectados. Estos colectivos, que dependen de vehículos diésel para sus actividades diarias, verán cómo sus gastos operativos se disparan en un contexto económico ya complejo. Sin la posibilidad de trasladar estos costes a sus clientes debido a la alta competitividad del sector y la sensibilidad de la demanda, muchos autónomos prevén dificultades para mantener su rentabilidad.
Los gruistas denuncian la imposibilidad de trasladar el incremento de costes a las aseguradoras y los autoclubes
Dentro de los afectados, el sector de los servicios de auxilio en carretera ya prevé los efectos de esta subida. La Alianza Nacional del Auxilio en Carretera, que representa a más de 2.500 empresas y 15.000 trabajadores, ha señalado la dificultad para trasladar sus costes adicionales a las aseguradoras y plataformas de asistencia. Emilio Domínguez, coordinador de esta organización, comentó a este diario que “este nuevo golpe fiscal agrava la situación de muchas empresas que ya luchan por mantener su viabilidad económica, especialmente ante la falta de conductores y el aumento de los tiempos de respuesta”.
Según la patronal, una de las principales preocupaciones del sector es la imposibilidad de trasladar el incremento de costes operativos a las aseguradoras, las plataformas de asistencia y los autoclubes, dado que las tarifas de los servicios de auxilio en carretera están determinadas y controladas por estos organismos, con los que tienen contratos estas empresas. Y generalmente estos acuerdos escritos fijan los precios de los servicios, lo que impide a los gruistas ajustar sus tarifas en respuesta a incrementos en sus costes operativos, como en este caso el precio del combustible.
“Las aseguradoras y plataformas de asistencia buscan mantener los precios acordados para evitar trasladar el incremento a sus propios clientes, lo cual protege su competitividad y controla sus gastos. Sin embargo, esta rigidez contractual deja a los autónomos y pequeños negocios de auxilio en carretera sin margen para compensar los nuevos costes derivados del aumento del impuesto al diésel”, concluyó Emilio Domínguez.
La subida del diésel sería todavía mayor cuando se aplique el 21% de IVA
Carlos Martínez, portavoz de la Asociación Gremial de Repartidores Urbanos, añadió que «esta subida del impuesto al diésel golpeará especialmente a los transportistas que hacen mayores distancias, ya que su consumo de combustible es mucho más alto”. Si bien, según él, va a afectar a todos los negocios del sector, “puesto que la subida sería en realidad de 11,33 céntimos el litro de diésel, una vez se aplique el IVA, que en los carburantes es del 21% y que gira sobre el precio total, incluyendo los impuestos especiales como el de hidrocarburos”.
Martínez también recalca que muchos pequeños transportistas se verán afectados por la falta de exenciones para vehículos ligeros y furgonetas, lo cual, según afirma, “deja desprotegidos a los autónomos y a los negocios más pequeños, que son paradójicamente los que mayor protección necesitan”.
En todo caso, el impacto de la subida del impuesto al diésel va más allá del transporte de mercancías o de los servicios de movilidad urbana. Pequeños negocios que dependen de vehículos comerciales para sus operaciones diarias, como tiendas, talleres o servicios de mantenimiento, también verán afectados sus balances por esta medida. Para estos negocios, que no suelen entrar en la categoría de transportistas profesionales, el nuevo precio del diésel se suma a un contexto de costes en alza, lo que podría redundar en una disminución de su rentabilidad o en un incremento de precios para sus clientes. De ahí que muchos reclamen una reconsideración de la medida o la introducción de ayudas para amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables.
De hecho, en los próximos días, se espera que asociaciones de transportistas y otros colectivos afectados intensifiquen sus demandas al Gobierno, buscando soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la subida en los pequeños negocios y autónomos que dependen del diésel para su actividad.
