Desde el pasado 1 de enero de 2025, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son obligatorias en todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes, tal como establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Aunque lo que se busca con esta normativa es reducir la contaminación de estas áreas urbanas, lo cierto es que su implantación es de momento un auténtico caos, como han asegurado diferentes fuentes a este diario, entre poblaciones que multan y otras que aún no saben ni cómo proceder a su establecimiento para contentar a todas las partes.
Lo cual está generando incertidumbre y sobrecostes para los autónomos y los pequeños negocios, que dependen de sus vehículos para trabajar. Así, repartidores de paquetería, técnicos de reparaciones, suministradores a restaurantes y comercios y comerciales están entre los principales afectados están por esta medida. Todos ellos que necesitan desplazarse con frecuencia por el centro mismo de las ciudades, y sus vehículos no cumplen con las condiciones establecidas para ello.
Además de ver el mejor modo de adaptarse a esta nueva normativa, se arriesgan, en el ínterin, a sanciones económicas que alcanzan los 200 euros cada vez que sean sorprendidos circulando por estas ZBE sin el distintivo ambiental adecuado.
Algunas poblaciones han implementado ayudas o periodos de adaptación, pero en la mayoría la información es escasa o confusa
El objetivo de las ZBE es claro: reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en zonas urbanas, fomentando el uso de vehículos menos contaminantes y el transporte público. Sin embargo, la realidad es que muchos pequeños negocios no cuentan con recursos para renovar su flota de vehículos o adaptarse rápidamente a las nuevas restricciones.
Las normativas varían de un municipio a otro –estamos hablando de un total de 152 ciudades con más de 50.000 vecinos–, y aunque algunas poblaciones han implementado ayudas o periodos de adaptación, en la mayoría la información es escasa o confusa. Esto ha derivado en un sobrecoste directo para quienes dependen de vehículos para su actividad diaria, agravado por la desigualdad en la aplicación de las sanciones.
Los autónomos y pequeños negocios soportan diversos tipos de sobrecoste derivados de las ZBE:
- Renovación de flotas. La adquisición de vehículos con etiquetas C, ECO o Cero Emisiones supone un gasto significativo, que muchos no pueden afrontar sin ayuda.
- Multas y sanciones. Circular sin el distintivo adecuado en una ZBE puede costar hasta 200 euros por infracción; una cifra que se acumula rápidamente en negocios con múltiples desplazamientos diarios.
- Pérdida de competitividad. Los pequeños negocios que no pueden adaptarse con rapidez van perdiendo contratos o clientes frente a grandes empresas que sí cumplen con la normativa.
- Incremento en tarifas. Muchos autónomos se ven obligados a trasladar estos sobrecostes a sus clientes, lo que reduce su competitividad.
Estas dificultades se agravan en sectores como la logística, la construcción o el comercio, donde los vehículos son esenciales para mantener la actividad.
Estas son las restricciones en las ZBE de las 18 ciudades españolas más pobladas
Este diario ha investigado, una a una, cómo es la situación la situación actual en las 18 ciudades españolas con más de 250.000 habitantes. Por población:
- Madrid. La capital mantiene activas sus ZBE, incluyendo las Zonas de Especial Protección (ZBEDEP) en el Centro y Plaza Elíptica. Los vehículos con etiqueta B de la DGT se enfrentan a restricciones severas, como la necesidad de estacionar en aparcamientos regulados o ser de residentes para acceder. Las multas, de hasta 200 euros, ya se aplican, aunque el Ayuntamiento evalúa excepciones limitadas.
- Barcelona. La ZBE Rondas de Barcelona restringe la circulación de vehículos sin distintivo ambiental entre semana, de 7:00 a 20:00 horas. Los propietarios de vehículos sin etiqueta tienen derecho a 24 autorizaciones anuales para acceder en casos excepcionales, lo que no alivia más que en cierta parte el impacto en los negocios locales.
- Valencia. Si bien la normativa se ha aprobado, las restricciones son mínimas y carecen de sanciones efectivas. Esto ha generado críticas por su escaso impacto ambiental, aunque lo cierto es que brinda algo de margen a los pequeños negocios para adaptarse.
- Sevilla. La ZBE de la Isla de la Cartuja limita el acceso en horario laboral, pero permite excepciones para residentes y servicios esenciales. La efectividad de la medida ha sido cuestionada, ya que no abarca toda la ciudad, ni impone restricciones significativas.
- Zaragoza. La ZBE del Casco Histórico comenzó a aplicarse en 2024, y en marzo de 2025 se iniciará la segunda fase, con sanciones informativas para vehículos sin etiqueta. Esto permitirá a los negocios adaptarse progresivamente, aunque genera incertidumbre por la falta de claridad en los plazos futuros.
- Málaga. La ciudad andaluza delimitó una ZBE en el centro, pero ha pospuesto las restricciones hasta nuevo aviso. A pesar de esto, Málaga sigue siendo una de las ciudades más contaminadas por dióxido de nitrógeno, lo que evidencia la necesidad de medidas más estrictas.
- Murcia. Aún no ha implementado su ZBE, a pesar de los altos niveles de contaminación registrados. La falta de medidas concretas genera críticas de colectivos ciudadanos y deja en el aire cómo se adaptarán los negocios a la normativa.
- Bilbao. La ciudad presenta niveles preocupantes de contaminación, pero la implementación de la ZBE aún no es efectiva. Algunos colectivos han instado a las autoridades a actuar con mayor firmeza, mientras las asociaciones de comerciantes solicitan ayudas para la adaptación.
- Alicante. La implementación de las ZBE en Alicante se encuentra en una fase inicial. Los pequeños negocios están preocupados por la falta de información clara y el posible impacto económico que esto pueda generar.
- Las Palmas de Gran Canaria. Sin normativa específica publicada, la implementación de la ZBE en 2025 sigue siendo incierta. Esto genera desconcierto entre los negocios locales, que no saben a qué atenerse.
- Palma de Mallorca. La ZBE se centra en el casco antiguo y prioriza la concienciación durante 2025. Las multas no se impondrán hasta 2026, lo que otorga tiempo a los negocios para adaptarse.
- Córdoba. Con altos niveles de dióxido de nitrógeno, la ciudad aún no ha puesto en marcha ZBE efectivas. Esto ha generado preocupación por la falta de medidas para mejorar la calidad del aire.
- Valladolid. La ZBE está operativa en el centro histórico, si bien las multas no comenzarán a aplicarse hasta julio de 2025. Este periodo de adaptación busca evitar un impacto inmediato en los negocios.
- Vigo. Sin avances claros en la implementación de la ZBE, la ciudad mantiene en incertidumbre a los negocios locales. Otro ejemplo de falta de preparación de algunas ciudades para cumplir con la normativa.
- Gijón. La ciudad ha retrasado la ejecución de su ZBE y se enfrenta a actuaciones del Defensor del Pueblo por incumplimiento de la ley. De ahí que los negocios locales teman una implementación apresurada y sin planificación.
- Granada. Continúa entre las ciudades más contaminadas, con medidas insuficientes para solucionar el problema. Esto afecta directamente a los pequeños negocios, que se enfrentan a inminentes restricciones sin apoyo adecuado.
- Hospitalet de Llobregat. Integrada en la ZBE Rondas de Barcelona, aplica las mismas restricciones y sanciones que la Ciudad Condal, lo que genera presión sobre los negocios locales. Las limitadas excepciones no alivian del todo el impacto.
- Vitoria-Gasteiz. Su ZBE se implementará en fases hasta 2030, comenzando en 2025 con restricciones en el Casco Medieval. Esta planificación gradual otorga algo de margen a los negocios, pero mantiene la presión a largo plazo.
ATA muestra su preocupación por el impacto económico de estas restricciones entre los autónomos
Aunque la implementación de las ZBE genera sobrecostes, algunas ciudades ofrecen ayudas para mitigar el impacto:
- Subvenciones para la renovación de vehículos comerciales.
- Exenciones para servicios esenciales y vehículos comerciales.
- Moratorias en la aplicación de sanciones, como sucede en Palma de Mallorca o Valladolid.
Sin embargo, estas ayudas no son suficientes para garantizar una transición justa para los pequeños negocios.
De hecho, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha expresado reiteradamente su preocupación por el impacto económico de estas medidas en los autónomos de sectores que emplean sus vehículos como herramienta de trabajo diario, y que han de asumir la falta de previsión de sus consistorios, que ahora, a toda prisa, han de establecer estas restricciones.
