Los productos falsificados afectan a las grandes marcas pero también dañan, y mucho, a los autónomos y pequeños comercios que cumplen con la ley y pagan sus impuestos.
El pasado 15 de mayo, la Audiencia Provincial de Baleares condenó a seis meses de prisión al propietario de una tienda de souvenirs por vender bolsos, gorras y carteras falsificados con el logo de Louis Vuitton. No era un caso de venta ambulante, sino de un negocio establecido, con productos fraudulentos en sus estanterías. El tribunal fue claro: aunque el comprador sepa que es falso, vender copias sin autorización es un delito contra la propiedad industrial.
“Esto no es un problema menor, ni una cuestión estética. Estamos hablando de mafias internacionales que generan un perjuicio económico brutal al pequeño comercio legal”, denunció a este medio Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC).
- El coste de las falsificaciones para los autónomos: pierden ventas y se destruye empleo
- Las falsificaciones de cosmética y alimentos también son un riesgo para la salud pública
- La conciencia social es clave para atajar el problema de las falsificaciones
- Las mafias ganan a costa de las pérdidas de los pequeños comerciantes
- Los autónomos pagan muchos impuestos pero no se invierten en defender a sus negocios
El coste de las falsificaciones para los autónomos: pierden ventas y se destruye empleo
Los datos dan la razón a Torres quien se refirió a las estimaciones recogidas por la Unión Europea, según las cuales el comercio ilegal de falsificaciones provoca unas pérdidas anuales de casi 7.000 millones de euros en España, lo que equivale «a más del 2% de la facturación total del comercio minorista».
Sólo en empleo, el impacto es demoledor con más de 53.000 puestos de trabajo destruidos, sin contar el efecto arrastre en logística, transporte y distribución. “Las falsificaciones destruyen empleo y generan inseguridad jurídica”, subrayó el presidente de los comerciantes.
Además, el Estado deja de ingresar más de 2.600 millones de euros en impuestos cada año por esta causa. “Esto no es sólo un perjuicio económico para los comercios que sí cumplen, también es una losa para las arcas públicas. Y todo para que unos pocos se lucren fuera del sistema legal”, apuntó Torres.
Las falsificaciones de cosmética y alimentos también son un riesgo para la salud pública
El presidente de la CEC advirtió además que las consecuencias de este mercado ilegal no son sólo económicas pues también suponen “un riesgo real para la salud pública”.
En este sentido Torres explicó que “en perfumería, cosmética o productos alimentarios no hay trazabilidad ni control sanitario. Nadie garantiza qué ingredientes contienen esas cremas, colonias o bebidas, ni si han sido fabricadas en condiciones mínimas de salubridad. Hay casos de falsificaciones que han provocado quemaduras, alergias o incluso enfermedades más graves”.
Los sectores más afectados son numerosos según el presidente de la Confederación Española del Comercio: “moda y complementos, joyería, relojería, perfumería, cosmética, electrónica, calzado, marroquinería… incluso alimentación y bebidas con denominaciones de origen falsificadas” quien insistió en que “en todos hay falsificaciones y en todos hay riesgos para el consumidor”.
Sólo en el sector de la perfumería, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) calcula que las pérdidas anuales por falsificaciones rondan los 500 millones de euros, una cifra que pone en jaque a muchos laboratorios, distribuidores y puntos de venta, muchos de ellos gestionados por autónomos.
“Esto ya no es sólo una cuestión de competencia desleal. Es también un problema de salud pública, de seguridad para el consumidor y de integridad de nuestro tejido económico local”, concluyó el presidente de la CEC .
La conciencia social es clave para atajar el problema de las falsificaciones
Uno de los aspectos más preocupantes es la normalización del consumo de productos falsos. El estudio “La actitud del consumidor ante las falsificaciones” elaborado por la Asociación para la defensa de las marcas (Andema) revela que uno de cada cinco consumidores españoles ha adquirido alguna falsificación, y el 60% de quienes lo hacen saben perfectamente que están comprando un producto ilegal.
El principal motivo sigue siendo el precio. Un 83% de los compradores afirma que lo hace por su bajo coste, y un 73% cree que ofrecen una utilidad “similar al original”.
“Es como si muchos pensaran que están siendo más listos por ahorrarse el margen del comerciante”, lamentó Torres, “pero en realidad están destruyendo el ecosistema comercial de sus barrios y corriendo riesgos sanitarios serios”.
A juicio del presidente de la CEC parte del problema es esta falta de conciencia cívica. Aunque el 77% de los consumidores opina que comprar falsificaciones “es una mala opción” y un 89% reconoce que perjudica a las pymes, aún queda un margen significativo de tolerancia hacia esta práctica. “Hay quien lo ve como una pillería, pero no se da cuenta del daño real que causa”, advirtió Torres.
Las mafias ganan a costa de las pérdidas de los pequeños comerciantes
El representante de los pequeños comerciantes insistió en que no se trata de criminalizar a los vendedores ambulantes y denunció que “estas personas son utilizadas por redes criminales internacionales. No son ellos quienes importan, distribuyen y almacenan las falsificaciones. Las mafias los reclutan, los hacinan en pisos y se lucran con su precariedad”.
Y no todo ocurre en las calles ya que “cada vez hay más tiendas físicas con productos falsos expuestos, como en el caso que resuelve la sentencia”. Una venta ilegal que «hace el agosto» en verano, y prolifera en las zonas turísticas como en el caso que desembocó en la reciente sentencia.
Además, Torres destacó que en los últimos años las falsificaciones se han multiplicado gracias “al canal online, donde es muy fácil esconderse detrás de webs opacas o plataformas de compraventa”. Y concretó que “desde la pandemia, la venta digital de falsificaciones ha explotado, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones”.
“Hasta que no cambie la normativa europea y haya control efectivo sobre productos de menos de 150€, seguirán entrando sin control por plataformas asiáticas. Nadie sabe cómo se han fabricado, ni en qué condiciones, ni qué materiales se han utilizado”, criticó el presidente de la CEC.
Los autónomos pagan muchos impuestos pero no se invierten en defender a sus negocios
Pese a que Torres reconoce que hay municipios que, puntualmente, organizan campañas en contra de la venta ambulante ilegal y de falsificaciones, el resultado es insuficiente “si no se traduce en más inspecciones, más medios para los cuerpos policiales y una legislación que permita cerrar negocios reincidentes. No puede ser que haya tiendas que vendan falsificaciones a la vista de todos sin consecuencias reales”.
El presidente de la CEC criticó con dureza la impunidad con la que actúa el comercio ilegal. “La policía local pasa por delante y no actúa porque las leyes son laxas. Si los pillan, los sueltan pronto. Y mientras tanto, los negocios que sí cumplen están pagando impuestos para que esos poderes públicos actúen, pero no lo hacen. Es frustrante”.
Mientras las grandes marcas disponen de departamentos legales y recursos para defenderse, los pequeños comercios quedan indefensos ante un problema que se suma a la elevada presión fiscal, la burocracia y el aumento de costes laborales.
“Una tienda de barrio que pierde ventas porque el turista prefiere un bolso de imitación, o porque en la esquina hay un top manta con camisetas falsas, no puede competir. Lo único que le queda es resistir”, concluyó Torres.
Para muchos autónomos, la competencia desleal no viene de las grandes superficies, sino de un mercado ilegal que opera a plena luz del día, sin pagar impuestos, sin seguridad laboral y sin rendir cuentas.
“La lucha contra las falsificaciones no es sólo una cuestión legal, es una cuestión de supervivencia para miles de pequeños negocios en España”, zanjó el presidente de la CEC.
