El número de estaciones en España sigue aumentando y con él las oportunidades para muchos autónomos que gestionan estos negocios de forma independiente.

Además, estas gasolineras ‘independientes’, sin abanderar por las grandes marcas, han ganado terreno y ya venden más carburante que las redes integradas con refinería, un dato que resalta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como un cambio importante en el sector.

Aunque las estaciones de servicio independientes ofrecen márgenes de maniobra y precios competitivos, también operan en un entorno marcado por la competencia feroz, la presión de unos costes que no dejan de crecer y el aumento de la carga impositiva sobre los carburantes.

Las gasolineras independientes ganan terreno frente a las grandes marcas

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a mediados de 2025 había 12.685 surtidores en funcionamiento, y casi la mitad de ellos eran independientes o no abanderados. Cifras que indican que este modelo de punto de repostaje –sin contrato exclusivo con un operador y con libertad para comprar combustible en el mercado– está ganando terreno en los últimos años.

A diferencia de las estaciones vinculadas a petroleras, las no abanderadas tienen libertad para adquirir carburante en el mercado mayorista, fijar sus precios y diseñar su estrategia comercial sin ataduras contractuales. Una flexibilidad que puede ser atractiva para los emprendedores que buscan competir con márgenes ajustados o adaptarse a las particularidades de su entorno.

Según fuentes del sector, esto significa que un autónomo que gestione una gasolinera no abanderada puede reaccionar con rapidez a cambios en la demanda local, ajustar promociones para captar a transportistas de paso o apostar por el modelo de bajo coste con instalaciones más eficientes.

Otro aspecto relevante del análisis de la CNMC es la alta fragmentación del segmento independiente: el 74 % de las estaciones no abanderadas no pertenecen a ninguna red de marca reconocida, lo que significa que la mayoría son negocios realmente independientes.

Tal y como señala el regulador de la competencia, operadores alternativos han conseguido ganar cuota de mercado ofreciendo precios más bajos que las estaciones abanderadas, al mismo tiempo que exploraban fórmulas de diversificación como tiendas de conveniencia o servicios de lavado automático.

El estudio sobre el mercado refleja también que el modelo desatendido o low cost sigue ganando fuerza. Solo en 2024 se sumaron 338 nuevos puntos de repostaje de este tipo, prácticamente uno por día, consolidando un formato que atrae a los consumidores por sus precios más bajos y menores costes operativos para los empresarios.

Un dato revelador del informe del organismo que vela por el buen funcionamiento de los mercados es que, desde que en 2024 comenzó a analizar la evolución de precios en las principales marcas de estaciones independientes, se constató que las bajadas de precios en estas marcas fueron superiores a las de los negocios con contratos exclusivos con operadores.

Los gasolineros proponen una transición gradual del impuesto diesel para aliviar a los transportistas
Los gasolineros proponen una subida gradual del impuesto diésel para paliar el impacto en los transportistas.

La subida fiscal al diésel pone en jaque a gasolineros y transportistas autónomos

Mientras la demanda de carburante aumenta, se cierne sobre estos negocios una amenaza fiscal que puede afectar tanto a su actividad como a sus clientes más fieles: los autónomos del transporte.

Y es que el Gobierno está estudiando equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina, una exigencia que llega desde Bruselas y que permitiría desbloquear parte de los fondos europeos pendientes.

Tal y como ya relató este medio, si se concretara esta subida, los transportistas de mercancías ligeras podrían afrontar un sobrecoste de hasta 3.000 euros anuales, ya que no podrán acceder al mecanismo de devolución del gasóleo profesional.

De hecho la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) calculó que equiparar los impuestos significaría un alza de 11,3 céntimos por litro, una subida abrupta que elevaría el precio del diésel en un 8% de un día para otro. Además, la carga impositiva pasaría a representar el 51,9% del precio final, frente al 44,3% actual.

El problema añadido, advirtió la asociación que representa a autónomos y empresas de los surtidores, es que el diésel tiene una demanda inelástica: aunque suban los precios, el consumo apenas caerá porque millones de profesionales dependen de este combustible para trabajar. 

Por ello, los gasolineros proponen una transición gradual del impuesto durante, al menos, tres ejercicios, combinada con bonificaciones fiscales para los combustibles renovables (bioetanol, HVO100, biogás, hidrógeno verde o biopropano). Solo así, puntualizaron, se fomentaría el cambio hacia la movilidad sostenible, sin penalizar a los más vulnerables.

De hecho la CEEES ya señaló que en España, los combustibles renovables soportan proporcionalmente más carga impositiva, porque el impuesto se calcula por volumen y no por contenido energético.

El resultado es que, paradójicamente, cuanto más «verde» es el combustible, más impuestos paga el consumidor. La patronal expuso que otros países como Francia han solucionado este desajuste eximiendo al bioetanol, lo que ha permitido la popularización del E85 a precios competitivos.

A todo ello se suma el aumento reciente de precios: en junio de 2025, la gasolina 95 subió un 1,3% hasta 1,485 euros/litro, y el diésel A un 1,4% hasta 1,395 euros/litro, después de cuatro meses estables. El organismo supervisor atribuyó estas alzas a la tensión geopolítica en Oriente Próximo, con el conflicto entre Irán e Israel.

Así, mientras el número de puntos de repostaje aumenta y los no abanderados continúan ganando peso, el sector no despeja la incertidumbre que supone una nueva subida de impuestos.

En este sentido, la propuesta de los gasolineros sobre una fiscalidad verde “gradual y compensada” ofrece una vía que podría satisfacer a todas las partes implicadas: a la Administración, a los profesionales del sector pero también a los transportistas para los que el carburante es uno de sus mayores costes operativos.