- Las pymes afrontan en España mayores barreras que en otros países europeos
- La falta de concurrencia reduce el impacto de los contratos sobre el crecimiento
- Hacienda amplió de cinco a diez años la experiencia acreditable
Aunque dominan por completo nuestro tejido productivo, las pequeñas y medianas empresas apenas españolas reciben el 7% del importe movilizado por las licitaciones públicas en nuestro país. Y el propio Banco de España advierte, en un informe, de que esta escasa presencia limita una vía de crecimiento para los pequeños negocios y reduce la competencia en los concursos.
Los últimos datos del estudio del banco emisor muestran que las pymes concurren a menos de un tercio de los procedimientos convocados por las distintas administraciones. Su peso económico resulta todavía menor, porque solo acceden a siete de cada cien euros públicos sacados a concurso. El dato comprende los proyectos del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que concentran una parte relevante de la demanda pública española.
La institución financiera relaciona esta situación con el aumento de los procesos sin competencia, cuyo porcentaje pasó del 19% la pasada década al 35% en la presente. Según el informe, esa evolución puede frenar el efecto dinamizador de la contratación pública sobre las empresas pequeñas, que afrontan más obstáculos.
Las pymes afrontan en España mayores barreras que en otros países europeos
Obtener un contrato público puede aportar a una pequeña empresa ingresos estables, referencias y mayor acceso a financiación. Sin embargo, preparar ofertas, acreditar solvencia y seguir los procedimientos exige recursos cuyo coste proporcional resulta mucho mayor para una pyme.
En 2019, entre el 18% y el 34% de las grandes compañías obtuvieron al menos un contrato público, frente a solo entre el 2% y el 4% de las pequeñas y medianas empresas.
Para el supervisor, estas cifras apuntan a “barreras de acceso sustancialmente más elevadas” para las pymes. Además, la penalización asociada al tamaño empresarial se ha intensificado en España desde 2013, mientras que no se aprecia una evolución comparable en otras economías de la zona euro.
El análisis compara empresas semejantes en edad, productividad, experiencia y dimensión, y concluye que ser pyme reduce por sí mismo la probabilidad de lograr una adjudicación. Esa desventaja resulta especialmente acusada en España incluso descontando otros factores.
La falta de concurrencia reduce el impacto de los contratos sobre el crecimiento
La contratación pública no sólo incrementa las ventas a la Administración, sino que puede favorecer después la actividad privada de la adjudicataria. El Banco de España observa que ese efecto positivo es más intenso entre las pymes y cuando el contrato se obtiene en procedimientos competitivos.
Por el contrario, el crecimiento de los concursos sin concurrencia puede disminuir la capacidad de las compras públicas para ampliar proveedores y estimular el crecimiento. España elevó estos procedimientos en dieciséis puntos porcentuales entre 2013 y 2023, más que los demás países analizados.
El Banco de Esoala considera que esta tendencia limita especialmente a los negocios pequeños, porque son los que más podrían beneficiarse de una primera adjudicación. También perjudica a las administraciones, que reciben menos ofertas, tienen menos proveedores y afrontan concursos desiertos.
El informe señala que el aumento de las licitaciones sin concurrencia y el mayor coste relativo de acceso para las pymes podrían reducir la capacidad de la contratación pública para “fomentar la competencia, aliviar las restricciones financieras y promover el crecimiento empresarial”. El diagnóstico afecta al mercado y al gasto público.
Hacienda amplió de cinco a diez años la experiencia acreditable
Como contó este diario en su momento, Hacienda introdujo durante el primer trimestre de 2026 una modificación para facilitar el acceso de autónomos y pymes a determinados concursos. Desde entonces, estos negocios pueden acreditar su experiencia técnica mediante trabajos y proyectos realizados durante los últimos diez años, frente al límite anterior de cinco.
La ampliación pretende evitar que pymes con trayectoria suficiente queden excluidas por no haber acumulado numerosos contratos recientes. Esta barrera afectaba especialmente a actividades técnicas con ciclos irregulares, donde pueden transcurrir varios años entre proyectos comparables o adjudicaciones públicas.
La medida aproxima las reglas españolas a las orientaciones europeas favorables a facilitar la participación de pequeñas empresas. Al disponer de un periodo más amplio, una pyme puede aportar referencias antiguas que continúen siendo relevantes para demostrar su capacidad profesional y técnica.
No obstante, el cambio no alcanza a todas las actividades ni elimina otros costes de entrada, como la preparación de ofertas, las garantías exigidas o la complejidad documental. El informe apunta a actuar también sobre esas barreras y favorecer procedimientos donde compitan más empresas.
