Ni los autónomos de la abogacía saben cómo actuar cuando se enfrentan a normativas que se contradicen entre sí. Sus colegios profesionales están obligados a publicar criterios orientativos sobre las costas de los procesos, pero al mismo tiempo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sanciona este tipo de prácticas al interpretarlas como “baremos de precios”.
El resultado es un escenario de inseguridad jurídica en el que los abogados deben elegir entre cumplir con la ley o arriesgarse a una multa. Una tensión que también afecta a los clientes, entre ellos microempresas y autónomos, que al no poder prever el coste real de un litigio evitan contratar sus servicios.
Para tratar de resolver esta contradicción, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha pedido que sea el Consejo de Estado quien aclare qué pueden hacer los colegios profesionales sin incurrir en sanciones, y aporte la seguridad jurídica que demandan tanto los letrados como sus clientes.
- El Colegio de Abogados de Madrid solicita al Consejo de Estado que aclare la legalidad de los criterios
- Varios colegios de abogados ya han recibido sanciones de miles de euros por publicar precios
- Los autónomos rechaza que tener criterios orientativos sean una forma de fijar precios
- La falta de honorarios claros perjudica la relación entre abogados y clientes
- Los abogados se están movilizando mientras esperan que el Gobierno les responda
El Colegio de Abogados de Madrid solicita al Consejo de Estado que aclare la legalidad de los criterios
Los abogados españoles viven desde hace años en una encrucijada legal. Por un lado, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa (LODD) obliga a los colegios profesionales a elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes sobre costas, con el fin de que los clientes conozcan de antemano las consecuencias económicas de litigar.
Pero, al mismo tiempo, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha considerado que estas prácticas podrían ser infracciones según el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) que “prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”.
Ante esta contradicción, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) Eugenio Ribón, explicó a este medio que “hoy conviven dos mandatos que generan inseguridad”.
Por esta razón, el ICAM ha solicitado formalmente al Ministerio de Justicia y al de Consumo que eleven una consulta al Consejo de Estado que “puede conciliar ambos planos y fijar un marco claro: qué es un criterio orientativo legítimo, cómo publicarlo y usarlo sin invadir el terreno prohibido de los baremos”.
Varios colegios de abogados ya han recibido sanciones de miles de euros por publicar precios
El decano recordó que el problema no es teórico pues ya en 2018 la CNMC sancionó a nueve colegios por recomendaciones colectivas de precios; y en enero de 2025 volvió a multar al de Barcelona (ICAB) por transformar criterios orientativos en porcentajes concretos difundidos como si fueran baremos. En este último caso, los abogados barceloneses tuvieron que pagar a través de su colegio 500.000 euros.
En opinión del decano de los abogados madrileños, “el riesgo para cualquier colegio –también para el ICAM– es que, sin un estándar claro, una guía legítima para costas se interprete como recomendación de precios y derive en expediente y sanción. De ahí nuestro movimiento para pedir el dictamen y despejar la ambigüedad”.
Ribón detalló que “la clave es distinguir con rigor”. Así, mientras “la LODD permite elaborar y publicar criterios orientativos solo para cuantificar honorarios a efectos de tasación de costas , y refuerza el deber de informar al cliente sobre costes del proceso; la jurisprudencia y la CNMC, por su parte, rechazan que esos criterios se conviertan en tablas o porcentajes que funcionen como precios”.
Esta situación ha llevado a los colegios de abogados a moverse en “un estrecho carril”, en palabras de su decano de Madrid, con “criterios objetivos y transparentes, sin cuantificar automáticamente ni homogeneizar minutas, y siempre vinculados a costas”. E insistió en que han pedido un dictamen oficial para tener “reglas de juego inequívocas y evitar choques interpretativos”.
Los autónomos rechaza que tener criterios orientativos sean una forma de fijar precios
Ribón también quiso responder a quienes acusan a los colegios de fijar tarifas de forma encubierta porque “confunden dos realidades” ya que “una cosa es fijar precios y otra, muy distinta, contar con criterios orientativos estrictamente acotados a la tasación de costas. Eso es exactamente lo que defendemos”.
El decano añadió que si no existen esos criterios, se limita el derecho de información de los ciudadanos y “se oscurece la claridad necesaria para un acceso real y efectivo a la justicia”. Bajo su punto de vista “los honorarios del abogado seguirán siendo libres y pactados con cada cliente; los criterios no son baremos ni tarifas, sino pautas técnicas para que, cuando haya condena en costas, todos sepamos a qué atenernos –jueces, LAJ, partes y consumidores– y el ciudadano pueda decidir con información suficiente”.
La falta de honorarios claros perjudica la relación entre abogados y clientes
La inseguridad jurídica también afecta a la relación entre abogado y cliente porque “sin criterios claros, informar de riesgos de costas se vuelve incierto y el cliente no sabe a qué atenerse” mientras que “con criterios orientativos bien diseñados, el profesional cumple mejor su deber de información –incluido en la LODD– y el consumidor puede anticipar el posible impacto económico si hay condena en costas”. Así es como a juicio de Ribón “gana la confianza y se evitan sorpresas”.
El impacto es especialmente grave para quienes más dependen de la previsibilidad económica como los autónomos. En este caso concreto el decano del ICAM destacó que los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a un escenario de “inseguridad y efecto desaliento” ya que “si no pueden estimar su exposición a costas, muchas microempresas y autónomos renuncian a defender sus derechos o a reclamar pequeñas y medianas cuantías”.
Un problema al que, advirtió Ribón se suma que “los órganos judiciales y los Letrados de la Administración de Justicia deben resolver impugnaciones de costas y juras con menor apoyo objetivo, lo que introduce disparidades”. Bajo su punto de vista en estos casos “contar con criterios orientativos –sin convertirlos en precios– mejora la previsibilidad y la igualdad de trato”.
Los abogados se están movilizando mientras esperan que el Gobierno les responda
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid reconoció que todavía no han recibido una respuesta por parte de los ministerios de Justicia y Consumo sin que exista un “plazo tasado” para obtenerla ya que se trata de un dictamen de carácter facultativo.
Sin embargo, el problema real al que se tienen que enfrenar los abogados no desaparece de modo que, mientras esperan que el Gobierno mueva ficha, han impulsado campaña pública para que “colegiados, despachos, entidades jurídicas y sociedad civil” puedan adherirse y compartirla.
Con todo, el colegio madrileño confía en que el dictamen del Consejo de Estado sirva para fijar unas reglas de juego inequívocas y evitar choques interpretativos entre la obligación legal de transparencia y la normativa de competencia.
