- La PAC representa de media un 30% de los ingresos de un agricultor autónomo
- Las organizaciones agrarias perciben un cambio de prioridades en las instituciones comunitarias
- El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un informe contrario a recortes y fusiones
El recorte del 20% en el presupuesto europeo para agricultura podría marcar, según las organizaciones agrarias españolas, «el principio del fin de la PAC tal y como la conocemos». Los representantes de los autónomos del campo español denuncian que estos fondos podrían estar siendo redirigidos hacia defensa, en plena escalada armamentística de la UE, para un futuro trasvase hacia la compra de armamento a Estados Unidos.
La protesta es compartida por Asaja, COAG y UPA, que consideran que el nuevo marco financiero europeo pone en riesgo tanto la rentabilidad de las explotaciones como el futuro de la política agraria común. El descontento se produce además en un momento en que el campo español demuestra fortaleza, según los datos del último Observatorio del Sector Agroalimentario, promovido por Cajamar.
El informe revela que el valor añadido del sector agroalimentario español ha crecido un 3,9% el pasado año, hasta alcanzar los 125.160 millones de euros. España representa ya el 12,3% del valor añadido agroalimentario de la UE y se sitúa como la cuarta potencia del sector en Europa, únicamente por detrás de Francia, Alemania e Italia.
Además, el documento destaca que el sector da empleo a más de 2,5 millones de personas en España, con un incremento interanual del 1,4%. La industria alimentaria y la agricultura mantienen un peso económico superior al de sectores como la automoción o la construcción. El informe también refleja una mejora de la balanza comercial, con un superávit que ronda los 13.000 millones de euros anuales.
La PAC representa de media un 30% de los ingresos de un agricultor autónomo
Los datos contrastan con el clima de incertidumbre entre los agricultores. “Se está sustituyendo la política agrícola por la política militar”, advirtió a este diario Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). En su opinión, los recortes anunciados equivalen a una amenaza real al futuro de cientos de miles de explotaciones agrarias familiares.
En la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), José María Castilla, director de su oficina ante la UE, advirtió, a preguntas de este medio, sobre su impacto inmediato. “Una reducción así aceleraría el abandono del campo, comprometería el relevo generacional y pondría en jaque explotaciones viables en zonas vulnerables”.
Castilla aseguró que la PAC representa de media un 30% de los ingresos de un agricultor profesional, por lo que tocar esas ayudas tendría un efecto directo sobre la renta agraria.
También la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) expresa su rechazo a cualquier escenario de recortes. “No nos planteamos que se pueda dar ese escenario. Lo que necesitamos es una PAC fuerte, que no pierda ni un euro y cuyo presupuesto se ajuste al menos a la inflación”, subrayó su secretario general, Cristóbal Cano. Quien recordó a AyE Economía Real que la PAC ha ido perdiendo fondos en cada reforma, y que ha llegado el momento de reforzarla, no de reducirla.
Las organizaciones agrarias perciben un cambio de prioridades en las instituciones comunitarias
“Se está sustituyendo una política estructural por otra coyuntural, dejando de considerar la alimentación como un eje estratégico para Europa”, denunció Padilla. Quien además advirtió del riesgo de convertir al agricultor en “ciudadano de segunda”, si se le margina en los grandes debates europeos.
UPA coincide en que los desafíos que afronta el sector, desde la crisis climática hasta las tensiones geopolíticas, exigen mantener la arquitectura actual de la PAC. “Otra cosa sería entrar en un escenario de consecuencias claramente negativas”, explicó Cano. A su juicio, la PAC debe permanecer basada en dos pilares, los pagos directos y el desarrollo rural, sin diluirse en fondos comunes, ni perder su identidad como política europea. “La alimentación de los europeos está en riesgo”, advirtió.
Por parte de Asaja, Castilla considera que la posible fusión de la PAC con los fondos de cohesión territorial sería un error grave. “Mezclar fondos con objetivos tan distintos solo serviría para diluir el papel estratégico de la PAC”, señaló. También teme que los pagos directos anuales pierdan su carácter común y acaben sujetos a reglas nacionales o regionales, lo que introduciría desigualdad entre territorios.
En UPA tampoco aceptan que se ensaye una transformación en la forma de asignar fondos. “No compartimos que se vuelva cada vez más compleja, con trámites burocráticos arduos”, denunció Cano. Si bien reconocen que los últimos paquetes de simplificación han mejorado la situación, insisten en que la próxima reforma debe aspirar a una política más accesible, eficaz y con capacidad para corregir errores cada año.
El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un informe contrario a recortes y fusiones
En cuanto a los modelos basados en hitos nacionales, como los aplicados a los fondos Next Generation, Asaja se opone frontalmente. “Pasaríamos a ser rehenes de la voluntad de los políticos, y eso generaría inseguridad jurídica”, afirmó Castilla. En su opinión, este enfoque penaliza al agricultor profesional y favorece a quienes tienen más recursos para adaptarse administrativamente a cada nueva exigencia.
UPA también alerta sobre esta tendencia. “La PAC ya incluye mecanismos de control, pero hay que evitar que se convierta en una herramienta burocrática alejada del terreno”, defendió Cano. Su organización reclama que las ayudas vayan a las explotaciones pequeñas y medianas de carácter familiar, con un reparto más justo y social. Entre sus propuestas están los techos máximos de ayudas, el pago redistributivo y unos “ecorregímenes” más eficaces y flexibles.
COAG, por su parte, insiste en que detrás del ajuste presupuestario hay un cambio de modelo que no se ha debatido ni explicado. “Están tomando decisiones estructurales, sin transparencia ni diálogo con los sectores afectados”, lamentó Padilla. A su juicio, la estrategia de Bruselas “deshace décadas de vertebración social y económica del medio rural”.
El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un informe contrario a recortes y fusiones, pero las declaraciones desde la CE siguen sin despejar las dudas. Mientras tanto, las organizaciones agrarias españolas insisten en que no se trata solamente de una cuestión presupuestaria, sino del lugar que ocupa el campo en el futuro de Europa.
