La Comisión Europea se ha propuesto recortar un 20% del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 con el fin de cubrir el nuevo gasto militar. Ello podría poner en riesgo más de 1.200 millones de euros anuales que reciben los autónomos del campo español. Por ello se han unido en su protesta las tres mayores organizaciones del campo.
De salir adelante, este ajuste afectaría sobre todo a las ayudas para el desarrollo rural, modernización de las explotaciones y relevo generacional, lo que ha llevado a las principales organizaciones agrarias a advertir que habrá movilizaciones en otoño si no se rectifica.
Tanto la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) coinciden en que la reforma planteada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, supone un cambio estructural sin precedentes en la PAC. Las tres organizaciones han anunciado que trabajan para frenarla en el Parlamento y el Consejo Europeo.
- Si no hay señales de marcha atrás en el ataque a la PAC, los tractores volverán a las calles
- Las ayudas al relevo generacional se consideran prioritarias
- El riesgo de renacionalización de la PAC
- Los precios en origen siguen igual de bajos que antes de la ley
Si no hay señales de marcha atrás en el ataque a la PAC, los tractores volverán a las calles
En COAG, su secretario general Miguel Padilla señaló a este diario que no pueden “aceptar el recorte del 22% que propone la Comisión Europea”. Y advirtió que renunciar a una PAC con financiación suficiente y claramente diferenciada en dos pilares supondría “una traición a 60 años de política común”.
Según Padilla, la CE “ha decidido sacrificar la PAC en el altar de la geopolítica”. Pues, según él, prioriza el gasto militar y el pago de deuda frente al futuro de los agricultores. En esa línea, pide al Gobierno y a los eurodiputados españoles que exijan una rectificación.
Por su parte, Fosé María Castilla, director de la oficina de Asaja ante la UE, considera que esta propuesta representa “un golpe directo a la rentabilidad de las explotaciones agrarias españolas” Para Castilla, afectará sobre todo a los agricultores profesionales que dependen de estas ayudas para sostener su actividad.
Asaja cree que mezclar fondos agrícolas con fondos de cohesión “abre la puerta a que los recursos destinados al campo acaben siendo absorbidos por otras prioridades ajenas a la agricultura”, y defiende que la PAC debe tener presupuesto propio, instrumentos específicos y reglas claras.
Las ayudas al relevo generacional se consideran prioritarias
Para UPA, según relató a este medio su secretario general, Cristóbal Cano, la primera condición para evitar las protestas es que “el presupuesto no se vea recortado en absoluto”. Y defendió que la PAC debe avanzar hacia un modelo más justo y social, con mejor reparto, para que los agricultores puedan mantener su función estratégica de producción de alimentos, vertebración territorial y protección ambiental.
“No descartamos movilizaciones para mostrar el rechazo del sector primario”, aseguró Cano, para quien estas protestas serían “un medio legítimo para lograr los objetivos del campo”.
El impacto más grave del recorte presupuestario recaería sobre las ayudas para el relevo generacional; un aspecto que los tres representantes coinciden en señalar como prioritario. Padilla cree que eliminar o reducir drásticamente estas ayudas “intensificará el abandono del medio rural” y hará inviable la incorporación de jóvenes al sector.
A su vez, Castilla alerta de que la medida “comprometería el mantenimiento de explotaciones viables en zonas rurales vulnerables”. Y Cano califica de “funestas” las consecuencias si los jóvenes no ven una actividad con futuro, rentabilidad y calidad de vida.
El riesgo de renacionalización de la PAC
La nueva arquitectura presupuestaria plantea integrar las ayudas agrícolas en un gran fondo único por país, gestionado con lógica similar a los fondos Next Generation. Para Asaja, eso supondría supeditar las ayudas a objetivos políticos ajenos al sector y generar inseguridad jurídica para los productores. “El carácter directo, individual y garantizado de las ayudas se perdería”, advierte Castilla, quien además teme que esa condicionalidad se traslade a las comunidades autónomas, creando desigualdad territorial.
COAG también considera que esta reforma supondría una ruptura del principio de igualdad entre productores europeos. Si cada Estado miembro define sus prioridades, advierte Padilla, “se pasará de una PAC común a 27 nacionales distintas, lo que debilitaría la capacidad de respuesta europea ante crisis alimentarias o medioambientales”.
Y para UPA, el hecho de que la mayoría de los países se haya mostrado contraria a la propuesta es una buena señal. “No gusta a nadie”, recordó Cano. “Por lo que aún es posible introducir cambios, si hay voluntad política”.
Los precios en origen siguen igual de bajos que antes de la ley
Aunque la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria prohibió expresamente la venta por debajo de coste y estableció la obligación de contratos con precios referenciados, las organizaciones agrarias denuncian que la norma no se aplica con suficiente eficacia. Padilla reconoce que la ley supuso avances, pero reclama “más inspecciones administrativas y sanciones realmente disuasorias”, además de actualizar los índices públicos de costes para que haya referencias objetivas.
UPA defiende que la ley es “la más avanzada de Europa”, y que se aprobó gracias a su impulso, “pero su eficacia depende de reforzar su desarrollo”. Y Cano pide que la Agencia de Información y Control Alimentarios se convierta en una agencia estatal, con recursos suficientes, “que las comunidades autónomas se impliquen más en su cumplimiento y que se avance a nivel europeo en la directiva contra prácticas comerciales desleales”.
Los tres expertos lamentaron que algunos sectores de la cadena sigan intentando especular con los precios, aprovechando desequilibrios de mercado o situaciones internacionales.
Para el conjunto del sector agrario, la combinación de recortes presupuestarios, fragmentación de políticas y precios en origen aún sin garantizar amenaza directamente la viabilidad de miles de explotaciones. Las tres principales organizaciones agrarias insisten en que esta situación no es asumible y que, si la CE no rectifica, el campo español volverá a movilizarse de forma masiva después del verano.
