Las principales asociaciones de agricultores y ganaderos autónomos, Asaja, UPA y COAG, han mostrado rechazo hacia las condiciones del acuerdo comercial de la Unión Europea y el Mercosur, tras reunirse con representantes del Gobierno este jueves para conocer “los principales beneficios” del acuerdo, y han abierto la puerta a que se produzcan nuevas movilizaciones en enero y febrero si el pacto sigue adelante.
Esto se ha producido después de que la secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Amparo López, y la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Rodríguez, les trasladaran los detalles del acuerdo.
Según expuso Pedro Barato, presidente de Asaja, después del encuentro, los resultados del acuerdo no presentan la reciprocidad en los beneficios para ambos bloques ni desaparece la diferencia en las exigencias a los productos. «No sabemos aún cuáles son los beneficios del acuerdo para nosotros».
Como ya explicaron desde la asociación hace unos días, el acuerdo tiene un elevado impacto en los productos agrícolas debido, entre otros motivos, a que el nivel de exigencia en los requerimientos de producción y sostenibilidad no es tan alto como el que se exige a los productos autóctonos en la UE, que los agricultores tachan de «competencia desleal».
Esta ha sido una de las motivaciones para que cerca de 5.000 agricultores se manifestaran el pasado día 16 de diciembre frente al Ministerio de Agricultura en contra del acuerdo, al que ahora le quedan unos meses para entrar en vigor, ya que aún tiene que ser ratificado por el Consejo Europeo y autorizado por el Parlamento de la UE, en una concentración convocada por Asaja y COAG.
Los agricultores amenazan con nuevas movilizaciones si el acuerdo sigue adelante
Según explicó el presidente de Asaja, las movilizaciones se suscitan con este acuerdo, pero no es la única problemática que ha incentivado las quejas de los agricultores. El campo “arrastra” diversas problemáticas, como la sequía, el relevo generacional, la ausencia de anteproyecto de la Ley de Agricultura Familiar, o la producción a pérdidas en determinados subsectores. Como avanzaron, “si la situación sigue adelante”, se darán más detalles sobre próximas manifestaciones a partir del primer mes del año que viene.
“Los territorios ya están hablando de movilizarse. No sé si en enero, o febrero. Sin concretar, pero el espíritu de Asaja es que existan estas movilizaciones en los meses de enero y febrero”, zanjó Barato.
El acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay-, se firmó recientemente, pero el Gobierno aún tenía que trasladar los detalles del mismo a las asociaciones, quienes ven preocupante que se incrementen las importaciones de productos agrícolas y ganaderos de estos países que compiten directamente con los europeos en condiciones menos exigentes.
En concreto, los sectores que se van a ver más afectados por la liberalización del comercio con el acuerdo son el vacuno, el ave de corral, la carne de cerdo, el azúcar, el arroz, el etanol, o el maíz, entre otros.
“Hemos perdido territorio de 15 años para el aceite de oliva, hemos perdido territorio de cuatro años para el aceite de orujo, como ejemplo. ¿Dónde está la reciprocidad en las condiciones? (…) Venimos arrastrando muchos acuerdos”.
Con este acuerdo, estos países no cumplen las mismas exigencias en materia de producción y sostenibilidad, por ejemplo, permitiendo el uso de sustancias prohibidas en la UE, como determinados insecticidas. También se da en el uso de hormonas de crecimiento en el producto de ganadería, como apuntan las últimas investigaciones de la CE, mientras que el producto de nuestro mercado debe estar libre de éstas.
“No he visto ningún sector agrícola en Europa, ni en España, que aplauda el acuerdo. Hace falta claridad en estos acuerdos. Y lo que hemos pedido al ministro es que desgrane el acuerdo. (…) Si este tipo de cosas dañan al campo español, no hay que decir que van a venir compensaciones. Sino cuánto, cómo y de qué manera se van a aplicar esas competencias”, añadió, en referencia al fondo de compensación que la Comisión Europea pretende crear para proteger al sector.
Según explicó a este medio José María Castilla, director de la oficina de Asaja ante la UE, se trata de una cuestión de estándares de producción y de la competencia desleal que crea.
El Gobierno defiende que el acuerdo es “equilibrado”, pese a que pondría en riesgo miles de pequeñas explotaciones
Si bien el Gobierno ya expuso en 2021 que el acuerdo podría general una caída en el volumen de las exportaciones agroalimentarias del país, tras la reunión mantenida con los representantes de las asociaciones agrarias, el Ejecutivo informó de que el acuerdo mejorará las trabas burocráticas y ayudará a que nuestros productos soporten menos aranceles, por lo que se trata de una «gran oportunidad».
Además, afirma que las cuotas fijadas para esos países en el acuerdo representan entre el 1% y el 2 % del consumo en la UE, y que en el caso de que se produjese alguna disrupción, se pondrían en marcha cláusulas de salvaguarda pactadas.
En caso de que toda la normativa no fuese suficiente, la Comisión Europea creará un fondo de compensación, que se recogerá en el próximo marco financiero plurianual.
