La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea contra la fiscalidad que regula las fusiones y otras operaciones de reestructuración empresarial en la UE, conocida como régimen FEAC (Fusiones, Escisiones, Aportaciones de Activos y Canje de valores). Lo cual afecta, por ejemplo, a las empresas familiares que quieren escindir parte de su negocio para que se ocupe de ella un descendiente, y adaptarse así al relevo generacional; o a los negocios emergentes que necesitan canjear acciones de su negocio para atraer inversión extranjera.
Este régimen establece las reglas fiscales para este tipo de operaciones entre países miembros, pero AEDAF advierte que la normativa española introduce requisitos adicionales que complican su aplicación. Según los asesores, el artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades española contradice la Directiva Europea 2009/133, creando inseguridad jurídica y obstáculos innecesarios para los negocios.
El régimen fiscal en cuestión, conocido como FEAC, se aplica a operaciones como fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambios de domicilio social dentro de la UE. Estas herramientas son esenciales para que los negocios puedan reorganizarse, atraer inversión o expandirse a otros países. Sin embargo, AEDAF advierte que la normativa española introduce requisitos adicionales que no figuran en la directiva europea, lo que dificulta su aplicación práctica.
Según la AEDAF, Hacienda tiende a buscar fraude fiscal en las reestructuraciones de negocios familiares
Los asesores fiscales explicaron que estas trabas, además de afectar a grandes corporaciones, lo hacen también a startups y negocios familiares, que buscan aprovechar oportunidades de crecimiento. Para AEDAF, este problema pone de manifiesto la necesidad de un sistema fiscal más claro y ajustado a la legislación comunitaria.
En este sentido, Daniel Gómez Olano, coordinador del Consejo Asesor Institucional de AEDAF, explicó a este diario que “tanto la normativa española, como la interpretación que se ha venido realizado por la Administración tributaria y los tribunales, han optado por un concepto de fraude fiscal en operaciones de reestructuración empresarial; algo que es contrario a la jurisprudencia comunitaria”, comentó el experto.
“Así, la finalidad fiscal de una operación ha sido asimilada, automáticamente, a la existencia de abuso. Y para concluir eso”, continuó Daniel Gómez Olano, “es preciso realizar antes el correspondiente análisis jurídico de los negocios realizados sin prejuzgar nada”. AEDAF subrayó que los autónomos y pequeños negocios no cuentan con normas claras, precisas y previsibles para saber de antemano si cumplen con los requisitos. Esta inseguridad jurídica desalienta operaciones transfronterizas y limita la competitividad de las pequeñas empresas españolas frente a sus homólogas europeas.
Aunque la reestructuración empresarial se asocia comúnmente con grandes multinacionales, las empresas familiares y las startups dependen también a veces estas herramientas para adaptarse a un mercado en constante cambio. Por ejemplo, un negocio tecnológico emergente, que busque atraer inversión extranjera, podría necesitar realizar un canje de valores, mientras que una micropyme familiar, que desee diversificar su actividad, podría optar por llevar a cabo una fusión con un competidor, como parte de su estrategia.
Sin embargo, con la normativa actual, estos negocios se enfrentan a la incertidumbre de si podrán beneficiarse del régimen fiscal especial. “La Dirección General de Tributos (DGT) ha empezado a ser reticente a opinar acerca de la existencia o no de motivos económicos válidos en una operación. Si bien, los criterios vinculantes de la DGT son en ocasiones cuestionados por los inspectores de Hacienda y por los tribunales”, explicó el experto.
“De forma que, operaciones muy similares, pueden llegar a ser tratadas de forma muy diferente, lo que puede originar diferencias de trato injustificadas y restricciones a la competencia”. Creándose de este modo, según él, “un entorno de inseguridad jurídica que contraviene a los objetivos perseguidos por la normativa comunitaria”.
En el caso de las startups, la situación es especialmente crítica. Muchas de estas empresas nacen con un enfoque internacional y necesitan flexibilidad para reestructurarse o cambiar de sede dentro de la UE. La falta de claridad en las reglas fiscales podría frenar su expansión o desincentivar la elección de España como base de operaciones.
El problema también afecta a los autónomos que quieran exportar
Además de los pequeños y medianos negocios, los autónomos que han constituido sociedades para gestionar su actividad profesional también pueden verse afectados por estas restricciones fiscales. Por ejemplo, un profesional que desee trasladar su actividad a otro país europeo para aprovechar un mercado más favorable podría encontrarse con barreras fiscales imprevistas que encarecen o complican el proceso.
AEDAF también señala que el concepto amplio de fraude o abuso que introduce la legislación española no está alineado con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este enfoque estaría permitiendo interpretaciones arbitrarias que afectan a contribuyentes de todos los tamaños, incluyendo a aquellos que actúan de buena fe.
Los asesores fiscales insistieron por ello en que las operaciones de fusión, las escisiones o las reestructuraciones no deben ser vistas exclusivamente como estrategias de grandes corporaciones para optimizar impuestos. En realidad, son herramientas legítimas y necesarias para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de cualquier tipo de negocio.
AEDAF reclama que Hacienda modifique la legislación para adaptarse a las normas europeas
La denuncia de AEDAF busca que la Comisión Europea inste a España a modificar su legislación para alinearla con la Directiva 2009/133. Esto incluiría eliminar los requisitos adicionales que actualmente limitan el acceso al régimen fiscal especial y establecería reglas más claras para los contribuyentes.
En palabras del experto de la asociación, estas modificaciones no sólo garantizarían un mayor cumplimiento con el derecho comunitario, “sino que también contribuirían a mejorar la competitividad de los negocios españoles en el ámbito europeo. Además, permitirían reducir la carga administrativa y legal a la que se enfrentan los negocios en la actualidad al intentar acogerse al régimen FEAC.
AEDAF ha destacado que esta no es la primera vez que se pone en evidencia la falta de alineación de la normativa española con el derecho comunitario. Sin embargo, consideran que la creciente internacionalización de las empresas hace que este problema sea más urgente que nunca.
La seguridad jurídica será clave para permitir el relevo generacional de los pequeños negocios familiares
Uno de los puntos clave de la denuncia es la inseguridad jurídica que genera la normativa actual. Para los negocios familiares y las startups, que a menudo carecen de los recursos legales y financieros de las grandes corporaciones, esta falta de claridad puede ser especialmente perjudicial. Un entorno fiscal predecible es fundamental para que estos negocios puedan planificar su crecimiento sin temor a enfrentarse a sorpresas legales o fiscales.
En el caso de las empresas familiares, la situación es igualmente relevante. Muchas de estas empresas están explorando opciones de reestructuración para adaptarse a los cambios generacionales o para diversificar su actividad. Sin un régimen fiscal claro y favorable, estas operaciones podrían volverse inviables, poniendo en riesgo su continuidad y crecimiento.
“La Administración tributaria debería empezar por modificar la cláusula antiabuso, de forma que la ausencia de motivos económicos válidos en operaciones de reestructuración no sea automáticamente equiparada a fraude fiscal”, continuó el fiscalista. Asimismo, según él, deberían asegurarse mecanismos de coordinación interna que garantizasen que el criterio establecido por la DGT es efectivamente seguido en la práctica por los órganos de aplicación de los tributos. “Y deberían extenderse al resto del territorio del Estado las denominadas Propuestas de Tributación contempladas en la normativa foral, que otorgan una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
AEDAF también señaló que un sistema fiscal más justo y transparente, además de beneficiar a los negocios, lo harían también a la economía en su conjunto. Al eliminar barreras innecesarias, se fomenta la actividad empresarial, se atrae inversión extranjera y se refuerza la integración económica en la Unión Europea.
La Comisión Europea evaluará ahora la denuncia presentada por AEDAF y determinará si la normativa española infringe la legislación comunitaria. Si considera que existen motivos suficientes, podría abrir un procedimiento de infracción, lo que obligaría a la Administración a revisar su legislación.
“Aún no tenemos constancia de la posición del Gobierno ante esta denuncia”, añadió Daniel Gómez Olano. En todo caso, para él está demostrado que la inseguridad jurídica es un factor muy relevante a la hora de atraer inversión y fomentar la actividad económica. “La denuncia de AEDAF debería ser vista como una oportunidad para mejorar nuestro sistema impositivo, y para crear las condiciones adecuadas para una pujante actividad económica, lo que, en última instancia, debería traducirse en una mayor recaudación tributaria”, concluyó.
