Un año después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, prometiese que el anteproyecto de la Ley de Agricultura Familiar estaría lista a finales de 2024, las asociaciones agrarias todavía no conocen las líneas maestras de la nueva normativa. Una cuestión esencial para facilitar el relevo generacional de los autónomos, muchos de los cuales no están encontrando quien les sustituya después de alcanzar la edad de jubilación.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) afirmaron sentirse “decepcionados” por el poco interés que estaría demostrando el Gobierno para comenzar a tramitar la ley, “a pesar de que fue uno de los compromisos de investidura del presidente Pedro Sánchez” y del compromiso que Luis Planas adquirió hace uno año con las asociaciones agrarias.
Las pequeñas explotaciones, que suelen tener a un autónomo agricultor o ganadero al frente, representan un 80% del total en España, hasta 750.000. Sin embargo, muchos estás encontrando dificultades para encontrar un relevo en el negocio. En opinión de UPA, “sólo mediante la Ley de Agricultura Familiar conseguiremos fomentar el relevo generacional y frenar el abandono de explotaciones y el despoblamiento.”
La reclamación de la asociación se suma a las protestas convocadas en las últimas semanas por otras dos de las principales organizaciones de autónomos del campo, Asaja y COAG, tras el principio de acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que facilitaría las importaciones de productos que no cumplen con las exigencias medioambientales que se piden a las explotaciones españolas.
El Ministerio no tendrá lista la Ley de Agricultura Familiar en los plazos anunciados
Hace ya un año, en diciembre de 2023, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se comprometió a presentar un anteproyecto de la Ley de Agricultura Familiar a finales de 2024. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha presentado un primer texto para una legislación que se prevé esencial para miles de agricultores y ganaderos al frente de pequeñas explotaciones.
Este incumplimiento fue calificado por UPA como “decepcionante”, teniendo en cuenta que fue una de las medidas incluidas en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar, y una de las medidas incluidas en el documento que las asociaciones agrarias alcanzaron con el Gobierno después de las masivas manifestaciones de los autónomos del campo de hace unos meses.
Esta ley, según el acuerdo de Gobierno, debería servir para favorecer y priorizar la Agricultura Familiar, “que genera mayor valor social y vinculación con el territorio y continuaremos adoptando medidas en favor de la ganadería extensiva”, según recogió el texto.
En la misma línea desde UPA afirmaron que la Ley de Agricultura Familiar debería servir para proteger “un rendimiento económico justo para las explotaciones familiares en la cadena agroalimentaria”. Para ello, explicaron, “hay que garantizar precios justos, relación contractual, etiquetado de origen obligatorio, flexibilidad en los reglamentos higiénico-sanitarios, y un mayor impulso a las producciones de calidad diferenciadas sostenibles, la venta directa y las cadenas cortas de comercialización”, propias de las explotaciones de los autónomos.
La Ley de Agricultura Familiar es la única vía para facilitar el relevo generacional el el Campo
Además, la Ley de Agricultura Familiar que el Gobierno todavía no ha comenzado a tramitar debería, en opinión de las asociaciones agrarias, promover el reemplazo de los autónomos al frente de sus explotaciones cuando alcanzan la edad de jubilación. “Sólo así -mediante la nueva norma- promoveremos el relevo generacional”, aseguraron desde UPA.
Sobre este asunto, las asociaciones de autónomos llevan meses advirtiendo el riesgo en el que se encuentra el campo español. En concreto, estimaron que se necesitarían 20.000 nuevos agricultores cada año para lograr un relevo generacional sostenible, teniendo en cuenta que “la media por explotación agraria se encuentra en torno a los 56 años y sólo el 3% de los perceptores de la PAC es menor 40”, explicaron a este diario desde COAG en otra ocasión.
El aumento de los costes y la falta de protección a las pequeñas explotaciones estaría propiciando el cierre de miles de negocios, como muestran los datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) publicados por la Seguridad Social. Sólo en noviembre se perdieron 346 agricultores, una tendencia que ya es habitual en las cifras mensuales.
El cierre de explotaciones y su escasa rentabilidad estaría propiciando, además, la compra por parte de fondos de inversión, los cuales estarían favoreciendo la despoblación de las zonas rurales y, por consiguiente, la desaparición de otros muchos negocios gestionados por autónomos de sectores como el comercio o la hostelería.
Las asociaciones de autónomos del Campo vuelven a manifestarse para defender sus productos
La reclamación de UPA coincide con las manifestaciones que hace apenas unos días convocaron otras dos de las principales asociaciones de autónomos del campo, Asaja y COAG, para defender sus productos de las importaciones tras el principio de acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay-.
Con este acuerdo, los países mencionados recibirían beneficios arancelarios por exportar sus productos a Europa, pero sin cumplir las mismas exigencias en materia de producción y sostenibilidad que se requiere a los productos autóctonos.
Tras las movilizaciones, que contaron con el apoyo de miles de agricultores y ganaderos, Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, afirmó que “el ministro, con el presidente del Gobierno a la cabeza, no dejan de hacer una traición tras otra para el campo español”. Además, adelantó que “vamos a necesitar apoyo y unión para intentar frenar estos acuerdos de Mercosur-UE”.
Sobre este asunto, la secretaría de Estado de Comercio ha convocado a las cuatro principales asociaciones agrarias -UPA, COAG, Unión de Uniones y Asaja- para analizar el acuerdo, y evaluar sus efectos en la agricultura y la ganadería.
