El pasado lunes, pescadores de todas partes de España, como Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cataluña o Baleares, se movilizaron en Madrid para manifestarse contra la nueva propuesta de la Comisión Europea (CE), que pretende reducir el 79% de los días de faenado para la pesca de arrastre en el Mediterráneo, en aras de la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
La propuesta implica reducir la media actual de los días de pesca de 130 días al año hasta 27 días, lo que afectaría a más de 500 barcos del litoral español y provocaría la destrucción de 17.000 puestos de trabajo, según datos de CEPESCA. Como apuntó la confederación en un comunicado, “es la flota de arrastre la que sostiene al resto de modalidades de pesca”.
Estas protestas del sector pesquero coinciden con las recientes manifestaciones del sector de la agricultura en Bruselas por la firma, el pasado viernes, del proyecto de acuerdo entre la UE y Mercosur, aún a la espera de ser ratificado por los países de la UE. Estas propuestas también se extenderán a España, donde agricultores y ganaderos se manifestarán frente al Ministerio de Agricultura en una concentración convocada por ASAJA y COAG para el próximo 16 de diciembre.
Los pescadores aseguran que faenar sólo 27 días al año haría «inviable» su supervivencia
Fuentes de CEPESCA explicaron a este medio que no es posible mantener la actividad pesquera con la propuesta de la CE, ya que ningún sector puede sobrevivir con 27 días de trabajo al año. Esta visión, compartida por los pescadores franceses e italianos, ha llevado a que las propuestas se extiendan al resto de países de la Unión Europea.
Sólo en España, la flota de pesca de arrastre del litoral mediterráneo está conformada por 565 buques que generan en torno a 3.000 puestos directos a bordo y 14.000 empleos indirectos.
El sector tiene sus esperanzas puestas en que el Consejo de Ministros tenga en cuenta una solicitud conjunta que realizaron los ministros de pesca de los tres países, siendo “la primera vez que se da este caso”, para conseguir rebatir la propuesta que pretende limitar la pesca de arrastre en la captura de diferentes géneros, así como obtener una moratoria de las medidas de gestión pesquera en el mar Mediterráneo en vigor.
Entre esas medidas se encuentra El Plan Plurianual de Gestión de la Pesca Demersal del Mediterráneo Occidental, que ha implantado en los últimos cuatro años una serie de medidas transitorias que, de por sí, reducen los días que se permite trabajar a los barcos españoles.
Para abordar estas cuestiones y rebatir la propuesta de la CE, con el respaldo de Francia e Italia, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se encuentra inmerso en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, cuya primera jornada se celebró ayer, donde también tratará la discusión de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de pesca para los años 2025 y 2026 en el océano Atlántico, y para 2025 en el mar Mediterráneo y el mar Negro.
Según explicaron desde CEPESCA, se trata de un consejo conocido por prolongarse hasta la madrugada, pero esperan tener una respuesta durante la mañana de este miércoles sobre los resultados del encuentro.
Los agricultores protestarán el 16 de diciembre por un nuevo acuerdo que desprotege sus explotaciones
Por otro lado, dos de las organizaciones de agricultores y ganaderos mayoritarias, ASAJA y COAG, convocaron una manifestación ante la sede del Ministerio de Agricultura este 16 de diciembre, en respuesta a un principio de acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay-, además de otras demandas que arrastra el campo español.
Con la firma reciente del documento, al que el Gobierno español ya se ha mostrado favorable, se permitiría la entrada de productos agrarios y de la ganadería que compiten directamente con los europeos -especialmente en el caso de España- en condiciones más ventajosas, si bien aún debe ser ratificado por los países miembros.
Con este acuerdo, los países mencionados anteriormente recibirían beneficios arancelarios por exportar sus productos a Europa, pero sin cumplir las mismas exigencias en materia de producción y sostenibilidad que se requiere a los productos autóctonos.
Como consecuencia, dado que estos países pueden producir más barato sin cumplir esas normativas, y además, reciben estas ventajas arancelarias, podrán vender a precios mucho más competitivos. Por ello, los agricultores tachan de competencia desleal las condiciones del acuerdo, que también verá la luz mañana con las concreciones oportunas.
La situación ha provocado, por el momento, que se restituyan las protestas en Bruselas. Como explicó a este medio José María Castilla, responsable de ASAJA en la capital belga, la competencia desleal se encuentra, como ejemplo, en que se permite la entrada de productos con neocotinoides, un insecticida no permitido en la UE.
También se da en el uso de hormonas de crecimiento en el producto de ganadería, como apuntan las últimas investigaciones de la CE, mientras que el producto de nuestro mercado debe estar libre de estas hormonas, o que “no se cumplen los mismos protocolos de seguridad en el control de la gripe aviar”, que se puede transmitir a través de la carne contaminada de pollo y que se está enviado a Europa. “También se trata de un problema de salud, hacia las personas. Hay 148 sustancias activas en Brasil prohibidas en Europa”, explicó.
El acuerdo aún puede ser tumbado por el Consejo Europeo
Como aclaró Castilla, el documento tiene que ser ratificado tanto por el Consejo como por el Parlamento europeo, pero dado su reciente formación, no hay claridad acerca de las mayorías. “Puede haber una mayoría simple que estén en contra, pero no está claro aún. En el Consejo sí existe una minoría en contra, conformada por Francia, Italia, Irlanda, Austria, Países Bajos, Polonia, y la abstención de Bélgica”.
Con el voto desfavorable de esos países, se alcanzaría el bloqueo de minoría necesario para que no salga adelante el acuerdo, ya que cuando el Consejo vota una propuesta de la CE requiere cuatro estados miembros que representen al menos el 35% de la población europea. “Si estos países se mantienen así, el acuerdo no saldría adelante”.
El sector demanda medidas para que los autónomos puedan competir en igualdad de condiciones con las producciones extranjeras
Para ASAJA, después de la oleada de protestas y manifestaciones que se produjeron en varias comunidades autónomas desde finales de 2023, y que culminaron con una gran tractorada por el centro de Madrid en febrero de 2024, el paquete de medidas que decidió poner en marcha el Gobierno es «insuficiente» para cubrir las necesidades del sector.
Según apuntó Castilla, los agricultores no están en contra de todas las medidas que arroja el acuerdo de Mercosur, pero sí del pacto que afecta a la competencia desleal. Éste, unido a otros acuerdos con países terceros donde tampoco se exige el cumplimiento de la normativa europea y a los altos costes y bajos precios que afronta el sector -con un carente relevo generacional-, son algunos de los principales motivos que los han lanzado de vuelta a las calles. Así, piden:
- Que el mercado funcione con reciprocidad. “Que todos compitamos con las mismas herramientas”, aclaró Castilla.
- Que se frenen las demandas medioambientales exigidas en la pasada legislatura. “Si nos ponen más condicionantes medioambientales, más condicionantes laborales, elevan tanto los estándares europeos que es imposible competir con terceros países”.
- Que se cumplan las reformas esenciales y cambios de funcionamiento en la Ley de la Cadena Agroalimentaria, o mayores reformas en el sistema de Seguros Agrarios, exigidos en las protestas de febrero.
