El sector del taxi en España –compuesto por algo menos de 62.000 conductores con licencia– ha convocado una movilización nacional para este miércoles, 29 de enero, en protesta por el incremento desmesurado en los precios de las pólizas de seguro. De hecho, según datos aportados por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), patronal mayoritaria y organizadora de la movilización, algunas pólizas alcanzan los 8.000 euros anuales, lo que consideran insostenible para la viabilidad de estos autónomos.
Las protestas incluirán marchas lentas y concentraciones entre las diez de la mañana y las dos del mediodía en el centro de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas, Vigo u Oviedo, por señalar sólo poblaciones con más de 200.000 habitantes. La Federación Española del Taxi (Fedetaxi), la otra gran representante del sector, no se ha sumado a las movilizaciones, alegando que esta no es la forma de solucionar el problema. En contraste, Antaxi, defiende que la presión social es esencial para exigir soluciones a lo que consideran un abuso por parte de las aseguradoras.
Los taxistas están obligados a asegurar sus vehículos con responsabilidad ilimitada
En el terreno de los seguros, el principal obstáculo al que se enfrentan los taxistas radica en la cobertura mínima obligatoria que deben contratar. A diferencia de otros gremios del transporte, como camioneros o gruistas, que pueden optar por seguros “a terceros”, los taxistas deben asegurar sus vehículos con responsabilidad ilimitada. Esto significa que las pólizas deben cubrir cualquier daño causado, por grave que sea. Un requisito que encarece enormemente los costes. Sobre todo, porque, en España, esta responsabilidad ilimitada se cifra en unos elevados 50 millones de euros.
Emilio Domínguez, abogado especializado en transportes y movilidad, explicó a este diario que dicha exigencia es una consecuencia “de la lamentable transposición de una Directiva europea. En otros países, la responsabilidad ilimitada está más baja, en torno a los cinco millones de euros, como en Italia, que es dinero más que suficiente como para hacer frente a cualquier siniestro”. Esto es, apuntó Domínguez, “lo que habría que pelear en reuniones con aseguradoras, con datos reales sobre la mesa».
Por su parte, Julio Sanz, presidente de Antaxi, mantuvo que las movilizaciones son necesarias para visibilizar la situación. “Pagar más de 8.000 euros por una póliza de seguro es una barbaridad. Estamos hablando de un servicio público que no puede asumir estos costes”, declaró.
Un factor que también está influyendo en el encarecimiento de los seguros es la propia evolución tecnológica de los vehículos. Los coches actuales cuentan con prestaciones avanzadas y sistemas híbridos que aumentan el coste de reparación en caso de siniestro. Algo que, además de a los autónomos del taxi, afecta al resto de los conductores.
Sólo se producen 12 accidentes por cada 10.000 taxis
Sin embargo, Domínguez consideró que este argumento es insuficiente para justificar los aumentos desproporcionados en las pólizas del taxi. “La clave es la siniestralidad, que no es tan elevada como podría pensarse. Hablamos de 12 accidentes por cada 10.000 vehículos.»
Sanz, por su parte, argumentó que las aseguradoras no tienen en cuenta la realidad del sector. “Nos equiparan con los VTC en términos de riesgo, cuando el taxi tiene un historial de accidentes menor”, señaló.
La falta de consenso en el sector también es un punto clave en esta problemática. Mientras Antaxi lidera las movilizaciones, Fedetaxi se ha desmarcado de ellas. Alberto F. Miñambres, presidente de esta última, aseguró a este diario que su organización no ha adoptado en realidad una postura oficial, “votada en asamblea. Hemos dado libertad a nuestros asociados para que opten por la postura que les parezca más adecuada”, declaró, admitiendo, no obstante, que el precio de los seguros es preocupante.
Miñambres consideró que las protestas no son el camino correcto para abordar el problema. “El modo adecuado no puede ser molestar a los ciudadanos y echar de nuevo encima del sector la fama de conflictivos. Las instituciones a las que se reclama que medien no tienen que dar respuesta a un problema entre compañías de seguros y profesionales del taxi”, opinó.
Desde Antaxi, sin embargo, defienden que la movilización es una herramienta válida para presionar a las aseguradoras y sensibilizar a las administraciones. Sanz insistió en que “los taxistas no pueden esperar más. Esta situación pone en riesgo la supervivencia del servicio público”.
Aunque las posturas entre ambas están divididas, Emilio Domínguez sugirió que existen alternativas que no se están explorando. Una de ellas sería la mutualización. “En lugar de lanzarse a la calle a enfadar a la gente, les queda la posibilidad de mutualizarse, si creen que las compañías de seguros no les ofrecen respuestas adecuadas. Hace muchos años ya lo hicieron con MTT Seguros, nacida en 1932 como Mutua Madrileña del Taxi”, explica.
Según el experto, una estrategia como esta podría permitir a los taxistas gestionar los riesgos y reducir costes sin depender de las aseguradoras tradicionales. Sin embargo, hasta ahora no parece haber un movimiento significativo hacia esta solución.
La respuesta de las administraciones y las aseguradoras decidirá si el conflicto se prolonga
Un aspecto recurrente en el debate es el papel que deben jugar las distintas administraciones. Mientras Antaxi reclama una intervención gubernamental para regular los precios de las pólizas, Fedetaxi y expertos como Domínguez consideran que esto no es viable ni eficaz.
“Las administraciones no pueden imponer precios a las aseguradoras, aunque tal vez sí que podrían mediar para mejorar las condiciones del sector”, apuntó Miñambres. Por otro lado, Sanz insistió en que el Gobierno tiene una responsabilidad en garantizar que el taxi, como servicio público, pueda operar en condiciones sostenibles.
Por el momento, las movilizaciones de hoy generan opiniones divididas dentro y fuera del sector. Mientras unos ven en ellas una solución necesaria, otros consideran que su impacto será limitado. Por lo que será la respuesta de las aseguradoras y de las administraciones las que determinen, en los próximos meses, si se logran avances o si el conflicto se prolonga.
