Europa sigue perdiendo terreno en la economía global. La cuota de la Unión Europea en el PIB mundial ha caído un 8% en las últimas dos décadas, pasando del 25,8% en 2004 al 17,6% en 2024. Tal y como se desprende de un exhaustivo informe, publicado como parte de la llamada “Hoja de Ruta para la nueva Comisión Europea”.
Un análisis estadístico fruto de un proyecto conjunto impulsado y coordinado por el European Policy Information Center (Epicenter), y desarrollado posteriormente por cada uno de los think tanks de su red. Así, mientras Estados Unidos y China siguen ganando competitividad, la UE se enfrenta a una combinación de bajo crecimiento, envejecimiento demográfico y una carga burocrática que frena la innovación y el desarrollo empresarial.
Por supuesto, España no es ajena a este declive, con un sector productivo que sufre las consecuencias de un mercado laboral rígido, una fiscalidad elevada y un entorno normativo cada vez más restrictivo. Sólo la Comunidad de Madrid, Euskadi y Navarra igualan o superan la media de la UE en productividad laboral, según el Consejo General de Economistas de España.
Sólo Madrid, Euskadi y Navarra igualan o superan la productividad media de la UE
La brecha de competitividad de Europa con Estados Unidos y China se ha ido ampliando. Debido a la regulación excesiva, unos impuestos elevados y la intervención estatal, la UE es menos libre económicamente que EE.UU. Y, si bien el mercado único ha sido un éxito, su potencial sigue sin aprovecharse al máximo. De ahí, por ejemplo, el Informe Draghi.
Según la propia CE, eliminar las barreras normativas y administrativas dentro del bloque podría generar hasta 713.000 millones de euros en una sola década. Sin embargo, este informe destaca que los avances en este sentido han sido mínimos y que la tendencia a una mayor armonización fiscal y social está alejando a Europa de un modelo de libre mercado más dinámico.
El informe alerta sobre la situación particular de España dentro de la UE. No en vano, el país ocupa el puesto 55 en el Índice de Libertad Económica, elaborado por la Fundación Heritage, y su calificación sigue cayendo. Las principales razones de este descenso incluyen un aumento del gasto público, un mercado laboral excesivamente regulado y una carga impositiva que frena el crecimiento del sector privado.
De hecho, la rigidez laboral es especialmente preocupante: con una tasa de desempleo del 11,21% en 2024, España lidera el ranking de paro en el continente, cuyo promedio es de casi la mitad (el 5,9%). De hecho, según el informe del Consejo General de Economistas de España que sitúa a Euskadi, Navarra y La Comunidad de Madrid en la media europea de productividad laboral, asegura que ésta ha crecido en España a un ritmo del 0,4% anual entre 2013 y 2023, mientras que la media de la Zona Euro lo ha hecho un 0,8% en el mismo período.
Una de las medidas más polémicas en este ámbito ha sido la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Desde 2015, el SMI ha crecido en España un 66,51% y actualmente se sitúa en 1.134 euros en 14 pagas. Aunque esta política pretende mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, también ha encarecido los costes laborales, afectando especialmente a los pequeños negocios que tienen más dificultades para asumir estos incrementos.
Los autónomos españoles destinan 193 días de trabajo al año para pagar impuestos
Otro factor que lastra la competitividad española es su estructura fiscal. El gasto público en España representó el 47,11% del PIB en 2023, lo que sitúa al país en el puesto 17 del mundo en términos de peso del Estado sobre la economía. Esta alta presión fiscal se traduce en que los ciudadanos y las empresas deben trabajar más de medio año solo para cumplir con sus obligaciones tributarias.
De hecho, el Día de la Liberación Fiscal en España, esto es la fecha en la que un ciudadano medio deja de trabajar para pagar impuestos y empieza a generar ingresos para sí mismo, llegó en 2024 el 13 de julio, después de 193 días de trabajo destinados exclusivamente a pagar impuestos.
A pesar del incremento en la recaudación, la deuda pública sigue creciendo. En junio de 2023, la deuda de España ascendía a 1,569 billones de euros, y el país mantiene un déficit estructural cercano al 5%. Este panorama genera incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y limita la capacidad de la economía española para atraer inversión extranjera.
El mercado único ha sido clave para el desarrollo económico de la UE, y para que nuestro país pudiese salir de su retraso a finales del pesado siglo. Pero su evolución se ha estancado. Las trabas burocráticas siguen limitando el comercio de servicios, lo que afecta a sectores estratégicos en España como el turismo, la banca y el transporte.
Según el Banco de España, una mayor liberalización del comercio de servicios dentro de la UE podría aumentar el PIB español hasta en un 1,5%. Sin embargo, las normativas nacionales siguen dificultando la expansión de empresas en otros mercados europeos.
El informe también advierte sobre el impacto de la regulación digital. La Ley de Mercados Digitales y la Ley de Inteligencia Artificial han sido criticadas por introducir restricciones que podrían frenar la innovación tecnológica en Europa. En un contexto en el que EE.UU. y China lideran la inversión en sectores clave como la inteligencia artificial y la computación cuántica, las políticas europeas corren el riesgo de ahuyentar a las empresas tecnológicas y reducir la competitividad de la región en el ámbito digital.
El sistema de pensiones actual es inviable a largo plazo, según el informe
Para revertir esta situación, el informe propone una serie de medidas orientadas a mejorar la competitividad. Entre ellas, destaca la necesidad de reducir la carga burocrática sobre los negocios, flexibilizar el mercado laboral y revisar la fiscalidad para estimular la inversión y la creación de empleo.
También se recomienda liberalizar el comercio de servicios y fortalecer el mercado único. Así como repensar las políticas de subsidios estatales que, en muchos casos, generan distorsiones en la economía.
Otro aspecto crucial es el modelo de pensiones en España. El sistema de reparto actual es insostenible a largo plazo, dado el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad. El informe recomienda un impulso a la capitalización privada como forma de garantizar la estabilidad del sistema sin generar una carga fiscal excesiva sobre las generaciones futuras. En comparación con países como Dinamarca o Países Bajos, donde el ahorro privado para la jubilación representa más del 10% del PIB anual, España se encuentra rezagada con una tasa inferior al 1%.
Además, la falta de acceso a financiación y la fragmentación del mercado financiero europeo siguen siendo un obstáculo para el crecimiento. Los mercados de capitales de la UE están muy por detrás de los de EE.UU., lo que dificulta la financiación de startups y empresas emergentes innovadoras. La UE necesita, según el informe, impulsar la integración financiera y facilitar el acceso a la inversión, especialmente en sectores de alta tecnología.
