El Gobierno acaba de anunciar que obligará a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes -es decir, a todas las grandes y medianas ciudades españolas- a activar sanciones en las Zonas de Bajas Emisiones que deberán señalizar. Esto va a afectar a decenas de miles de autónomos y pequeños negocios. El Ministerio para la Transición Ecológica exigirá la aplicación de restricciones por emisiones, la publicación normativa y la integración de datos, mientras que el Ministerio del Interior obligará a contar con sistemas de control de acceso y un régimen sancionador en vigor. Muchos ayuntamientos no están de acuerdo con esta imposición.
Esta situación va a obligar a muchos profesionales por cuenta propia a cambiar de vehículo –o de flota, en el caso de los negocios–, o a renunciar a rutas o zonas de reparto, a modificar su operativa diaria; o a arriesgarse al pago de multas si quieren seguir trabajando en la mayoría de las ciudades españolas que pronto deberán diseñar áreas urbanas restringidas.
La medida afecta a más de 140 municipios con dicha población, es decir, a todas las grandes ciudades españolas, las cuales debían tener sus ZBE activas desde enero de 2023. Aunque muchas de ellas han aprobado ordenanzas municipales, en la práctica no estaban sancionando ni aplicando restricciones reales.
Ahora se exigirá que cualquier ZBE tenga un sistema de cámaras u otro mecanismo de control operativo, con un régimen sancionador en vigor y los datos integrados con la Dirección General de Tráfico.
Transición Ecológica e Interior han pactado una ofensiva legal para presionar a los ayuntamientos
Con esta reforma, el Ejecutivo quiere acabar con lo que denomina ZBE simbólicas, es decir, zonas delimitadas, pero sin efectos sobre la movilidad, ni la calidad del aire. Pretende que se apliquen restricciones en función del nivel de emisiones del vehículo.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el del Interior han pactado una ofensiva legal para presionar a los ayuntamientos que siguen aplicando moratorias injustificadas. Esta incluiría requerimientos formales, advertencias por posible prevaricación y, si persisten las moratorias injustificadas, la vía contencioso-administrativa.
La situación preocupa especialmente a los autónomos que usan su vehículo a diario para repartir mercancías, prestar servicios técnicos o visitar clientes. Muchos utilizan furgonetas o turismos diésel con 10 o más años de antigüedad, sin etiqueta ambiental o con la B, y quedarían excluidos de estas zonas si no renuevan sus vehículos. Por lo que, en algunos sectores no sólo está en juego el acceso a ciertas calles, sino la propia viabilidad del negocio.
Uno de los colectivos directamente afectados es el de los agentes comerciales. “Puede ser un problema para muchos compañeros, porque no todo el mundo tiene un vehículo libre de emisiones”, afirmó a este diario Miguel Ángel Rivero, presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Ciudad Real. Este profesional recuerda que hay sectores, “como el textil o la joyería, donde el muestrario se transporta físicamente y no es posible sustituirlo por un catálogo digital”.
“Existen ciertos ámbitos donde se lleva género encima; lo cual puede generar problemas de seguridad si tienes que dejar el vehículo lejos del comercio”, advirtió Rivero. Este profesional señaló que ya se han producido robos o intentos de hurto cuando el vehículo queda aparcado a distancia, sobre todo en zonas céntricas con acceso restringido.
Los profesionales se quejan de las escasas ayudas para renovar la flota
“En los municipios donde lo hemos intentado, la respuesta ha sido negativa”, aseguró, en referencia a las peticiones de exención realizadas en varias capitales de provincia. “El problema es que, al ser normas municipales, es muy difícil ir ayuntamiento por ayuntamiento solicitando exenciones”, explica.
Por el momento, el colegio no ha recibido respuesta favorable en ninguna de sus gestiones, y los agentes no disponen de una etiqueta ambiental propia que reconozca el uso profesional del vehículo. Sobre las ayudas para renovar la flota, Rivero fue claro: “Las que hay son escasas en relación con el precio de los vehículos nuevos, que en muchos casos son prohibitivos”.
El problema es que con la nueva Directiva Europea 2024/2881, que exige reducir sustancialmente los niveles máximos permitidos de contaminantes antes de 2030, España está obligada a alinear sus políticas locales con estos objetivos y a cerrar la brecha entre la norma y su aplicación práctica.
El Ministerio del Interior va a revisar las etiquetas de los coches
Además, el Gobierno ha reformado el Reglamento General de Circulación para ampliar los criterios por los que un ayuntamiento puede restringir la circulación. No sólo se tendrán en cuenta las emisiones contaminantes, sino también cuestiones como el número de ocupantes del vehículo, la tecnología o el tipo de uso. Esto implica que incluso vehículos profesionales podrían verse limitados por motivos de seguridad vial o eficiencia en el uso del espacio.
El ministro Fernando Grande-Marlaska ha declarado que el Gobierno está dispuesto a estudiar cambios si hay consenso técnico entre los distintos actores. Las organizaciones ambientales llevan años pidiendo una actualización del sistema, que consideran obsoleto y poco justo con quienes han invertido en vehículos que ya no cumplen con los nuevos criterios.
El mapa actual de implantación de ZBE muestra grandes diferencias entre municipios
Madrid capital, Barcelona, Sevilla y Córdoba
La capital fue una de las primeras en activar su ZBE y aplica sanciones desde hace años, aunque ahora tiene paralizado el asunto en los tribunales, después de que el TSJM la anulase al no llevar aparejado un estidio de impacto medioambiental.
Mientras que Barcelona mantiene un sistema consolidado desde 2020. Sevilla ha empezado a multar en varias zonas del centro histórico, y Córdoba también ha puesto en marcha su sistema de control con cámaras.
Pontevedra, A Coruña, Valencia y el cinturón de Barcelona
Pontevedra ya tenía limitaciones antes de la ley, pero ahora las ha reforzado con videovigilancia. A Coruña aplica sanciones desde principios de este año tras culminar la instalación del sistema. En el entorno de Barcelona, Badalona, Sant Cugat del Vallès y Sant Joan Despí ya tienen ZBE activas con multas. También están operativas las de Rivas-Vaciamadrid, San Cugat y Valencia, esta última desde mayo de 2024.
Resto de ciudades con más de 50.000 habitantes
En cambio, ciudades como Bilbao, Málaga, Zaragoza, Murcia y Palma de Mallorca han aprobado la normativa, pero no están multando aún. En Valladolid se han instalado los sistemas, pero el régimen sancionador sigue pendiente. En Castilla y León, solo Burgos, Palencia y Valladolid cumplen con lo establecido; el resto, como León o Salamanca, están fuera de plazo.
Las urbes más retrasadas
La situación es especialmente preocupante en los alrededores de la capital, pues 33 municipios están en situación de incumplimiento. Algunos como Aranjuez, Coslada, Majadahonda, Tres Cantos o Valdemoro han iniciado proyectos piloto, pero ninguno tiene aún un sistema sancionador operativo. En la Comunidad Valenciana, solo Alicante, Benidorm y Elda han avanzado hacia la activación real de sus ZBE.
La falta de homogeneidad entre ciudades crea inseguridad para quienes trabajan en varias provincias o zonas metropolitanas. “Un vehículo con etiqueta B puede circular sin problema en una ciudad y ser multado en otra a pocos kilómetros”, concluyó Rivero. “En muchos casos, ni siquiera hay señalización clara para saber si se está entrando en una zona restringida o no”.
Algunos autónomos han empezado a renovar sus vehículos para evitar sanciones y poder seguir trabajando. Sin embargo, el acceso a ayudas sigue siendo limitado, los plazos son lentos y los modelos disponibles no siempre se adaptan a las necesidades reales del trabajo. De modo que esta activación masiva del control en las ZBE deja sin margen a quienes aún no han podido adaptarse.
