El problema del aumento en las prórrogas forzosas en los contratos públicos, que está viviendo un incremento, según los expertos, está poniendo en jaque a miles de autónomos y pequeños negocios en España. Estos contratos abarcan desde servicios de vigilancia en edificios municipales o de mantenimiento de infraestructuras públicas, hasta limpieza y cuidados en espacios urbanos o gestión de comedores escolares en institutos públicos. Servicios esenciales que, sin embargo, no están actualizando su precio, a pesar del incremento de los costes laborales que los trabajadores por cuenta propia han experimentado en los últimos años.
En el último mes y medio, se ha detectado un aumento inusual de esta práctica, que afecta especialmente a quienes dependen de estas licitaciones para su sustento. La Administración puede imponer una prórroga forzosa durante un máximo de nueve meses, según el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero sólo en casos excepcionales y debidamente justificados, como la falta de tiempo para licitar un nuevo contrato. Lo cual no siempre se está demostrando, y es fuente de litigios.
El problema para los autónomos y los pequeños negocios es que, aunque deben respetar las condiciones económicas originales, esta práctica genera un desequilibrio: no permite ajustar los precios al incremento de costes, como la subida del salario mínimo o la inflación. Si bien está diseñada para garantizar la continuidad de servicios esenciales, su abuso puede asfixiar económicamente a los contratistas, que no tienen margen para renegociar ni abandonar el contrato sin enfrentar sanciones.
Lorenzo Amor denuncia que «los contratos públicos con los autónomos llevan congelados desde hace años”
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha sido contundente al criticar esta situación una y otra vez: “Mientras el Gobierno se ha propuesto que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suba ejercicio tras ejercicio, los contratos públicos con los autónomos llevan congelados desde hace años, lo que supone una carga insostenible para miles de pequeños negocios”, afirmó, durante su última intervención en el Senado.
Además, destacó el presidente de ATA, “el Ejecutivo continúa sin indexar determinados contratos públicos con empresas y autónomos a la subida del SMI. Y tiene que entender que un autónomo de un servicio municipal de jardinería puede tener a dos trabajadores a su cargo, cuyo SMI se ha elevado un 54% en los últimos años, mientras el precio del servicio del contrato no ha podido subir ni un euro”.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció el problema hace algún tiempo y se comprometió a implementar medidas para compensar las subidas del SMI a los negocios con contratos públicos. Díaz aseguró que esta cuestión formará parte, en breve, de un paquete de reformas para aliviar la carga de los pequeños y medianos negocios y los autónomos afectados. Sin embargo, no existen más noticias sobre este asunto.
Los autónomos que trabajan para al Administración deben absorber incrementos en salarios y material, sin poder renegociar
El principal impacto de estas prórrogas es el económico. Los contratistas dueños de pequeños negocios deben absorber incrementos en salarios, materiales empleados y servicios sin poder renegociar los términos originales. Así, el secretario general de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), Víctor Delgado García destacó a este diario que la brecha entre el incremento del SMI y la falta de actualización en los contratos públicos “erosiona la rentabilidad de las microempresas y los autónomos, que ya cuentan con recursos muy limitados”. Este desequilibrio, según Delgado, “desincentiva además la contratación, afectando tanto al crecimiento como a la calidad del servicio prestado”.
Por su parte, José María Torres, presidente de Conpyme, subrayó a este medio que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) “debe modificarse para que, de manera genérica, cualquier cambio normativo que afecte al equilibrio económico del contrato, como un aumento del SMI, sea motivo de ajuste”. También advierte que “la incertidumbre y rigidez de la normativa actual están generando un aumento constante de litigios entre contratistas y administraciones públicas”.
Torres destacó también que las prórrogas forzosas perpetúan una situación desigual para los pequeños negocios: “Los autónomos no sólo deben absorber los aumentos de costes, sino que también están sujetos a penalizaciones si deciden abandonar el contrato”. Esta circunstancia hace que muchos opten por abandonar este tipo de licitaciones, debilitando la colaboración público-privada.
Las organizaciones piden incluir cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos
Para el secretario general de AEMME existen soluciones prácticas para aliviar esta situación: “Es fundamental incorporar cláusulas de revisión periódica de precios en los contratos públicos. Esto permitiría ajustar automáticamente los ingresos en función de variables macroeconómicas como el IPC o el SMI”. Además, insiste en que “se debería establecer un límite máximo a las prórrogas forzosas para evitar perpetuar contratos desfasados”.
Desde AEMME también apuntaron a la necesidad de fomentar mecanismos rápidos de mediación para ajustar los términos contractuales durante las prórrogas, sin necesidad de recurrir a litigios. “La creación de tribunales administrativos especializados permitiría resolver conflictos de forma más ágil y menos costosa”, afirmó Víctor Delgado.
Por otro lado, Torres señaló que la rigidez de la normativa no sólo incrementa la litigiosidad, sino que también afecta a la capacidad de los pequeños negocios para cumplir con los contratos: “Muchos autónomos simplemente no pueden asumir los costes adicionales y se ven obligados a abandonar estos contratos, lo que genera una pérdida de servicios esenciales”. Y deteriora, de nuevo, la buena marcha de los servicios públicos.
Miles de concursos quedan desiertos por el bajo precio ofrecido
El impacto de las prórrogas forzosas, además de influir negativamente en los negocios de los autónomos que participan en contratos públicos, afecta también al propio sistema de licitaciones. La falta de incentivos para participar en estos contratos está generando un efecto dominó, que podría dejar a las administraciones sin opciones viables para ciertos servicios imprescindibles, que prestan pequeños negocios autónomos.
Víctor Delgado resumió así la situación: “Si no se toman medidas urgentes, los autónomos y las microempresas que sostienen gran parte de los servicios públicos se verán obligados a abandonar este mercado, generando un vacío operativo que será difícil de cubrir”.
Ante esta situación, asociaciones como ATA o AEMME han propuesto reiteradamente medidas concretas para abordar el problema:
- Actualización automática de tarifas: Vincular los contratos públicos a indicadores como el IPC para reflejar los cambios en los costes.
- Mayor flexibilidad en la renegociación de contratos. Introducir cláusulas que permitan ajustes durante prórrogas excepcionales.
- Compensaciones inmediatas por el aumento del SMI. Tal como se comprometió la ministra Díaz, implementar medidas concretas y rápidas.
- Fomentar la mediación contractual. Crear mecanismos rápidos y accesibles de mediación para evitar litigios prolongados y costosos.
Estas organizaciones consideran que la revisión de estas prácticas contractuales ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Las próximas decisiones del Gobierno en esta materia podrán marcar la diferencia entre la viabilidad y el colapso de miles de pequeños negocios en España.
