La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado el informe La producción normativa en 2024. Un estudio que revela un alza de un 5% en el número de normas que afectan a autónomos y pymes, tramitadas durante el año pasado, frente a las aprobadas en 2023.
Según datos obtenidos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, se aprobaron un total de 719 normas de distinto rango. Una cantidad elevada de regulación, que implica cerca de dos nuevas normas por día natural, o 60 novedades normativas publicadas por mes.
Según la CEOE, “para el tejido empresarial, adaptarse y mantenerse al día con la legislación vigente supone una dedicación considerable de recursos y esfuerzos. Lo que puede impactar negativamente en su competitividad«.
- Los autónomos se adaptaron a dos nuevas regulaciones al día en 2024
- Más del 60% de las empresas europeas cita la regulación como una barrera para la inversión, según los expertos
- El exceso de regulación en España tiene un coste de 70.000 millones de euros
Los autónomos se adaptaron a dos nuevas regulaciones al día en 2024
Si bien para desarrollar con seguridad la actividad económica es necesario que autónomos y empresas puedan disponer de un marco jurídico estable y confiable, España cuenta con un alto nivel regulatorio.
Como detalla el documento, este volumen de actividad legislativa sitúa al año 2024 como el quinto con la cifra más elevada de la última década. Inmediatamente después de 2015, 2021, 2022 y 2020; con una producción similar al mes en este último año.
En lo que respecta a los reales decreto-ley, hay una reducción significativa en la cantidad de documentos desde el año 2020, con 39 RDL aprobados a raíz de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.
Durante este periodo, el Gobierno también aprobó medidas para mitigar los efectos de la Dana del pasado otoño, que afectó varias regiones. En ese sentido, durante el año 2022 se aprobaron 20 reales decreto-ley. En 2023, esta cantidad se redujo a ocho, y en 2024 experimentó un ligero aumento, alcanzando los 11.
Sin embargo, el texto subraya que su proporción sobre el total de normas con rango de ley creció al 46% en 2024, frente al 32% de 2023, lo que el informe atribuye a una “continua justificación de la necesidad urgente para legislar”.
Asimismo, la CEOE destaca también, como aspecto relevante para comprender el ritmo de publicación de las normas, el análisis de la distribución temporal de las normas con rango de ley (ley orgánica, ley y real decreto-ley) a lo largo del año.
Durante el año pasado, hay un cierto equilibrio, con solo una o dos normas aprobadas por mes frente a la cantidad de reales decreto-ley. Considerando un aspecto definitorio del ejercicio 2024 la aprobación de normas a través de la figura del real decreto-ley, “fundamentándose en la urgencia de estas”.
Más del 60% de las empresas europeas cita la regulación como una barrera para la inversión
En el documento, la patronal también recuerda el enfoque one in, one out o principio de compensación, que introdujo la Comisión Europea en 2012 para reducir la carga burocrática que soportan los negocios, por medio de la eliminación de una regulación existente por cada nueva aprobada.
Según los informes de Draghi (2024) y Letta (2024), la reducción de las cargas administrativas es una pieza clave para devolver competitividad de las empresas dentro del continente. “Abogan también por la reducción de cargas administrativas como vehículo para la recuperación del dinamismo económico en el continente, para el refuerzo de nuestro mercado interior y garantía para una mayor competitividad en un contexto global altamente competitivo”.
Además, la Dirección General de Gobernanza Pública elabora anualmente un informe sobre la reducción o aumento de las cargas administrativas en cada uno de los departamentos ministeriales.
Sin embargo, un informe de seguimiento realizado en 2023 (en el marco del Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de enero de 2015) señaló, tras evaluar 70 normas publicadas ese año y confrontarlas con las medidas de los planes de simplificación, que la aplicación del principio de compensación evitó un aumento de las cargas regulatorias.
Por su parte, BusinessEurope, la patronal empresarial europea, publicó que más del 60% de las empresas cita la regulación como una barrera para la inversión, por lo que su Director General, Markus J. Beyrer, reclama de manera urgente que la Unión Europea se comprometa de manera clara con la reducción de las cargas administrativas para los negocios.
Para ello, la patronal definió 68 acciones concretas que la UE debería poner en marcha durante este 2025 para reducir la burocracia y las barreras regulatorias, así como el coste “excesivo” que supone el cumplimiento de las normativas para autónomos y pymes en todo el espacio europeo.
El exceso de regulación en España tiene un coste de 70.000 millones de euros
Como ya explicó este medio, el Instituto Juan de Mariana (IJM) presentó en Madrid su informe La Curva de Laffer Regulatoria, en el que analiza el impacto del exceso de regulación en nuestra economía.
Según el estudio, esta carga actúa como un «impuesto oculto». Carga que genera un coste económico de 70.000 millones de euros anuales, equivalente a 1.470 euros por ciudadano o 4.410 euros por hogar.
