El número de concursos de acreedores se ha disparado en España hasta alcanzar los 7.240 casos sólo en el primer trimestre del año, un 87,6% más que en el mismo periodo de 2024. Se trata del mayor incremento desde 2013. Así lo recoge el Instituto Nacional de Estadística y el Colegio de Registradores, que han empezado a reseñar también los procedimientos especiales para autónomos con microempresas.
La tendencia ya había sido advertida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en su estadística trimestral mostraba una subida del 36,7% en el último tramo de 2024. La novedad detrás de este repunte es que la mayoría de ellos afectan a personas físicas, muchas de ellas autónomos o titulares de pequeños negocios que llegan al concurso sin activos y con escasas opciones de recuperación.
El perfil más común es el de pequeños empresarios que no logran mantener su actividad tras un tiempo de pérdidas, arrastran deudas con Hacienda o la Seguridad Social, carecen de bienes para afrontar las obligaciones y recurren al concurso como último recurso.
- Los procedimientos concursales se concentran en autónomos y microempresas
- Según los expertos, la nueva normativa agiliza los concursos pero no facilita la reestructuración
- Muchos autónomos no son conscientes de su insolvencia
- Los abogados coinciden en que el procedimiento especial para microempresas sigue resultando complejo
Los procedimientos concursales se concentran en autónomos y microempresas
“El grueso de los concursos que se tramitan actualmente son procedimientos especiales para microempresas o concursos que denominamos “sin masa”, es decir, donde no hay bienes que liquidar”, explicó a este diario Mariano González, socio de reestructuraciones e insolvencias de Falcón Abogados.
A juicio de este experto, muchos de estos procedimientos no se utilizan como herramienta para salvar negocios viables, sino como fórmula de cierre adecuado y conforme a la legalidad para actividades abocadas a la desaparición: “No se hace porque el negocio sea viable y se intente reflotar, sino por imperativo legal”.
González considera que el incremento tiene que ver con el fin de las moratorias y los últimos cambios legales. “Durante los años de la pandemia hubo una moratoria concursal y ahora están aflorando los concursos que se deberían haber presentado antes”, señaló.
A eso se une la entrada en vigor del nuevo procedimiento especial para microempresas, que ha provocado un aumento estadístico al incorporar supuestos que antes no computaban. Sin embargo, no cree que se haya convertido en una vía realista para que los pequeños negocios salven su actividad. “La mayoría de los autónomos no tiene activos, ni estructura financiera ni medios para acogerse a procedimientos largos o costosos”, resumió.
Según los expertos, la nueva normativa agiliza los concursos pero no facilita la reestructuración
Una opinión muy similar la comparte Elvira Sancho, abogada de Área Jurídica Global y responsable del área de Derecho Concursal. “La realidad es que son muchos los concursos “sin masa”: negocios o autónomos que, tras cesar su actividad, carecen de activos con los que hacer frente a sus deudas”, señaló a este medio.
A su juicio, la nueva normativa ha supuesto una agilización en el número de concursos, pero no un mecanismo eficaz para la reestructuración. “En teoría, la Ley Concursal está diseñada para dar continuidad a los negocios viables; pero en la práctica, los autónomos y las micropymes no suelen tener capacidad financiera suficiente para aplicar medidas que les permitan seguir adelante”, explicó.
Sancho apuntó también a la presión que sufren los pequeños negocios con cargas fiscales pendientes. “Muchos autónomos arrastran deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, y eso les impide acogerse a mecanismos de segunda oportunidad con garantías de éxito”, razonó Carlos Sandino, responsable del área fiscal de Falcón Abogados. De hecho, uno de los obstáculos principales que mencionan los abogados consultados es la falta de cultura concursal entre este perfil de deudores, así como el coste inicial de presentar un procedimiento.
“El coste de iniciar un concurso es elevado para muchos autónomos, que a menudo ya se encuentran en situación de insolvencia severa”, señaló Mariano González. Para el abogado de Falcón Abogados, el simple hecho de encargar el trámite a un profesional puede resultar inviable. “Muchos optan por dejar caer el negocio sin iniciar ningún procedimiento; lo que, a la complica aún más su situación jurídica y económica”.
Muchos autónomos no son conscientes de su insolvencia
En esta línea, Sancho alerta de que muchos afectados no son siquiera conscientes de que se encuentran en situación de insolvencia y deberían iniciar el proceso. “Existe una falta de información generalizada entre autónomos y pequeños empresarios sobre cuándo y cómo deben acudir al concurso de acreedores”, sostiene. Según esta experta, dicha falta de información provoca que muchos procedimientos se inicien tarde, cuando ya no existe posibilidad de negociación o de recuperar parte del negocio.
Ambos bufetes coinciden en que el aumento de concursos no se traduce necesariamente en una mejora de la situación para los deudores. “Lo que estamos viendo es un procedimiento de cierre, no de salvación”, resumió Mariano González. Para él, se trata de una consecuencia directa del entorno económico posterior a la pandemia, con muchos negocios que nunca llegaron a recuperarse plenamente y que ahora no pueden afrontar sus pasivos.
El perfil más habitual, según ambos expertos, es el de un autónomo con actividad cesada, sin bienes y con deudas acumuladas. “Ya no hay que pensar tanto en el pequeño empresario que intenta salvar su negocio, sino en la persona física que simplemente quiere poner fin a su situación de insolvencia”, aclaró la letrada de Área Jurídica Global.
Los abogados coinciden en que el procedimiento especial para microempresas sigue resultando complejo
Además, según ambos, aunque el procedimiento especial para microempresas pretende ser una vía más sencilla y económica, en la práctica sigue resultando complejo para quien no cuenta con asesoramiento especializado. “Es cierto que se ha eliminado la figura del administrador concursal en algunos casos, pero eso no significa que no haga falta un abogado que se encargue del proceso”, afirmó Sancho.
El aumento de concursos entre autónomos y pequeños negocios también tiene consecuencias en el mercado, según explican desde ambos bufetes. “Está empezando a afectar a la cadena de pagos y a las relaciones comerciales, porque muchas deudas impagadas no se están gestionando a tiempo y eso genera incertidumbre entre proveedores y acreedores”, indicó Sandino.
Para Sancho, esta situación pone de manifiesto la necesidad de una mayor formación jurídica y financiera para quienes emprenden: “No basta con montar un negocio; hay que saber cómo protegerlo y cuándo parar a tiempo”.
Ambos despachos consideran que la estadística real de situaciones de insolvencia entre autónomos y pequeños negocios podría ser aún mayor que la que reflejan los datos del Colegio de Registradores y el CGPJ. “Muchos no llegan a presentar concurso y desaparecen sin dejar rastro jurídico”, apuntó González. Quien concluyó que eso “no es una solución, sino una bomba de relojería”.
