Miles de autónomos denuncian que las ayudas públicas “no llegan” o lo hacen con retraso y trámites interminables. Desde las catástrofes naturales como incendios o erupciones volcánicas hasta los programas ordinarios de apoyo al emprendimiento, la queja es la misma: un sistema pensado con prejuicios para fiscalizar al autónomo o a la pyme antes que para ayudarles, que convierte la solicitud de subvenciones en un laberinto administrativo.
Formularios difíciles, plataformas que fallan y resoluciones que se demoran durante meses son parte del día a día de quienes intentan acceder a las subvenciones. A menudo, los plazos escasos y la complejidad de la normativa multiplican los obstáculos para autónomos y pequeñas empresas.
En la práctica, esto se traduce en que la ejecución real de las líneas de apoyo apenas ronda el 35% según estimaciones de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), un porcentaje muy inferior al de otros países europeos.
- Las ayudas públicas son un engorro burocrático según los agricultores y ganaderos
- Sólo un 35% de las ayudas públicas llega a la economía real
- Propuestas para solucionar el cuello de botella en el acceso a las subvenciones
Las ayudas públicas son un engorro burocrático según los agricultores y ganaderos
Un ejemplo reciente es el caso de los agricultores que, a través de la Unión de Uniones, denunciaron que las ayudas por los incendios forestales son un “engorro burocrático” que no llega fácilmente a los afectados.
Aunque se han activado ayudas directas, según esta asociación, benefician sobre todo a ayuntamientos y propietarios, pero no tienen en cuenta que la mayoría de profesionales afectados son arrendatarios.
En este sentido, Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, explicó a este medio que “el objetivo debe ser que las ayudas se reciban rápido y con una justificación sencilla” porque de lo contrario “la burocracia se convierte en un segundo incendio”.
Santiago, con años de experiencia tramitando ayudas para autónomos detalló que en este caso “la normativa es excesivamente compleja, pensada más para proteger a la Administración que para ayudar al ciudadano”. A esto se suma la la falta de personal cualificado “suficiente” en las oficinas públicas que “ralentiza cualquier procedimiento”. A pesar de que para el presidente de los gestores, lo más preocupante es que la gestión de las solicitudes no se ha adaptado a las necesidades reales y “seguimos anclados en procesos burocráticos anticuados, que desincentivan a quien necesita ayuda urgente”.
Este diagnóstico es extensible a todas las líneas de apoyo para autónomos y pequeños negocios, en las que “se diseñan ayudas con requisitos complejos, plazos ajustados y trámites poco accesibles para un autónomo medio. Y, además, su ejecución es lenta, con plataformas digitales poco amigables y resoluciones que se demoran durante meses”, añadió Santiago.
Para los gestores, la Ley General de Subvenciones no está pensada para el autónomo o la micropyme ya que “el lenguaje técnico, los requisitos de documentación, los mecanismos de control y los plazos responden a una lógica de gran empresa o Administración pública”. Una realidad que a juicio de Santiago dista mucho de “quien está solo ante el riesgo empresarial”.
Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociación de Autónomos (ATA), coincidió en este análisis y añadió que muchos autónomos simplemente no solicitan las ayudas porque no les compensa ni tienen tiempo “para estar mirando el BOE todos los días”.
Ferrero destacó problemas como el lenguaje administrativo complejo, cuantías que no compensan la carga burocrática y la falta de recursos para contratar ayuda externa.
Además, la portavoz de los trabajadores por cuenta propia recordó que en el colectivo “hay mucha reticencia a pedir ayudas públicas porque han tenido experiencias de devoluciones”, como las cartas de devolución por las ayudas tras el Covid que recibieron muchos profesionales años después por no justificar adecuadamente la caída de la facturación.
Sólo un 35% de las ayudas públicas llega a la economía real
Desde ATA calcularon que la ejecución media de las líneas de ayudas en España ronda el 30-35%, un porcentaje muy bajo comparado con lo que ocurre en otros países europeos en los que se supera el 90%.
La vicepresidenta de ATA recordó que durante la pandemia revisaron todos los boletines oficiales y se dieron cuenta de que había autónomos de algunas localidades que podían haber obtenido casi 6.000 euros al mes en ayudas, y lamentó que muchos “no se enteraron o no les mereció la pena”.
A pesar de que la digitalización prometía agilizar el trato con la Administración el presidente de los gestores la calificó como “espejismo” porque lo digital no garantiza simplicidad y a la hora de la verdad “nos encontramos con portales inaccesibles, formularios mal diseñados, plataformas que fallan y un exceso de trámites que siguen pidiendo documentos que ya tiene la propia Administración”.
Ahondando en esta problemática, la vicepresidenta de ATA aportó alternativas que han seguido otros países como el caso del “wallet pyme autónomo”, en las que el profesional no tiene que ir buscando ayudas sino que son éstas las que llegan a él a través de geolocalización y se autocompletan con los documentos que ya obran en posesión de las administraciones públicas.
En Bélgica, relató, este modelo permite que las subvenciones alcancen un 95-96% de ejecución, en contraposición al escaso desempeño que logran en nuestro país. Para Ferrero la clave se encuentra en la proactividad de los poderes públicos que deberían ingresar ciertas ayudas casi de forma automática apoyándose en la información –como su propia alta, fecha, ingresos, etc.– de la que ya disponen.
Propuestas para solucionar el cuello de botella en el acceso a las subvenciones
Por su parte, los gestores administrativos tienen claro que deberían acometerse una batería de medidas para solucionar un problema que es recurrente y afecta a todos los autónomos:
- Reformar la Ley General de Subvenciones con enfoque en las micropymes y autónomos.
- Establecer plazos máximos de resolución y pago, vinculantes para la Administración.
- Unificar criterios y plataformas entre administraciones para facilitar la tramitación.
- Reconocer jurídicamente la figura del gestor administrativo como profesional autorizado para tramitar en nombre de terceros, con validez plena.
- Implantar el Certificado Colegial de Verificación, que permitiría comprobar de forma ágil y segura los datos aportados por los solicitantes.
- Apostar por una colaboración estructural con los profesionales que ya están sobre el terreno, trabajando con los autónomos cada día.
Ferrero enfatizó la necesidad de “escuchar las necesidades reales de los autónomos, no inventar ayudas inútiles y simplificar al máximo” e insistió en que “hay que intentar evitar que sea el autónomo el que tenga que ir a la administración, sino la administración la que vaya al autónomo”.
Ambos coincidieron en aprender de lo que se está haciendo en Europa. Santiago apuntó a que “la confianza en el ciudadano no es una debilidad, sino una fortaleza” que debería llevarnos hacia un modelo en el que “los trámites se simplifican al máximo» y «se parte de la buena fe del solicitante y se habilitan canales rápidos de verificación”. Sólo así se lograría dejar atrás el enfoque de control preventivo permanente y adoptar una lógica de servicio, eficiencia y colaboración.
En palabras del presidente de los gestores, mientras los autónomos leen a diario como las administraciones ofrecen ayudas a las que ellos no pueden acceder o nunca llegan, el “incendio burocrático” consume su “tiempo, recursos y esperanza”.
